Gobierno teme por ‘falsas víctimas’ de la UP

De ser admitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la demanda de las víctimas de la Unión Patriótica (UP) se podría convertir en el proceso de mayores pretensiones que asumiría el Estado colombiano en instancias internacionales.

Así lo admite la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, quien además no ocultó la preocupación del Gobierno de que en esta demanda se pudieran colar “falsas víctimas” que pretendan reclamar, por la vía judicial, indemnizaciones por parte del Estado colombiano.

“En el caso de la UP hemos tenido problemas. Cuando la demanda se presentó estábamos alrededor de 500 víctimas y hoy estamos en más de 5.000”, confesó Guillén, quien además dijo que desde su dependencia se está trabajando para establecer “cuáles de estas víctimas en realidad tienen esta condición y cuáles no”.

El temor del Gobierno, según lo confiesa la funcionaria, es que por el antecedente de la demanda que perdió Colombia por la masacre de Mapiripán, donde la propia Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) excluyó a siete personas de las que se comprobó que se traba de víctimas falsas.

Son más de 6.000 víctimas

La sola insinuación sobre ‘falsas víctimas’ fue calificada como una “afrenta” por parte de Jael Quiroga, vocera de la Corporación Reiniciar quien tiene el poder de las víctimas de la UP en la demanda que se presentó ante la CIDH.

Quiroga dice que cuando se radicó la demanda, en 1993, se documentaron víctimas por 1.163 homicidios, 123 desapariciones forzadas, 43 sobrevivientes de atentados personales, y 225 amenazados. Sin embargo, en los acuerdos con el Gobierno para encontrar una salida amistosa, hubo uno entre las partes en que ese número de víctimas correspondería a universo provisional, y que se trabajaría para documentar un número mayor de casos.

El último listado que se presentó ante la CIDH fue el pasado mes de enero, cuando los demandantes documentaron 6.528 víctimas, entre ellos casi 3.000 asesinatos, 500 desapariciones forzadas, además de torturas, desplazamientos y montajes judiciales.

Incluso, Quiroga dice que esta cifra podría ser apenas un subregistro, pues la Unidad de contexto de la Fiscalía, que investiga los casos relacionados con el exterminio de la Unión Patriótica, aseguró que las investigaciones habían partido con la presunción de las que víctimas serían 30.000, a partir de distintas bases de datos y de las versiones libres que los desmovilizados de las Autodefensas han revelado en el proceso de Justicia y Paz.

Solución amistosa

Adriana Guillén, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, asegura que la estrategia del Gobierno será agotar todos los mecanismos posibles para llegar a una solución amistosa con los demandantes. Sin embargo, este proceso se rompió entre las partes durante el gobierno de Álvaro Uribe, concretamente en el año 2006.

Las razones para que los demandantes suspendieran el proceso de conciliación fue porque el Gobierno no cumplió acuerdos suscritos. Uno de ellos era la creación de 14 oficinas en las regiones, con asistencia de la Procuraduría y la Defensoría, para identificar y documentar los casos de las víctimas. Dichas mesas, asegura Quiroga, jamás fueron instaladas. “No obstante  seguimos abiertos a la solución amistosa”, asegura.

Las pretensiones

La demanda pretende que el Estado colombiano reconozca su responsabilidad en el exterminio y persecución de los dirigentes de la Unión Patriótica. Y la exigencia es una reparación integral, tanto al grupo político, como a las víctimas de forma individual.

Entre las peticiones de reparación está que la personería jurídica del movimiento, que recientemente fue reactivada por un fallo del Consejo de Estado, no ate su vigencia a la obligación de superar un umbral electoral, sino que se les permita participar en al menos tres procesos electorales sin este tipo de restricciones. Además, piden que se les devuelva las curules de los congresistas y concejales que fueron asesinados en las décadas de los 80 y 90.

Las pretensiones en materia de reparación simbólica son la declaratoria del 11 de octubre como un día en homenaje a las víctimas del genocidio político, coincidiendo con la fecha del homicidio de Jaime Pardo Leal, primer presidente de la UP, quien fue asesinado en 1987.

Y en materia pecunaria, las indemnizaciones deberán ser fijadas por la propia corte en virtud de los daños individuales de cada una de las víctimas, que de ser reconocidas las 6.528 documentadas por los demandantes, podría significar la condena más elevada que afrontaría Colombia.

Lo que Quiroga le dice al Gobierno es que no se están inflando ni inventando víctimas. “No le hemos cobrado ni un peso a ningún familiar de víctimas ni le vamos a cobrar. Lejos de nosotros está que querramos inventarnos unas victimas para ganarnos plata”, finalizó.