DERECHOS HUMANOS
"Reforma a la justicia penal militar no es un capricho"
Mindefensa rechaza la misiva de HRW en la que pone de manifiesto cómo esta reforma aumentaría los casos de impunidad entre militares implicados en violaciones al DIH.
Encuentra aquí lo último en Semana
La carta enviada este martes al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por parte del director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, levantó ampollas en el Gobierno.
La organización le pidió al Estado, a través de esta misiva, que retirara el proyecto de reforma a la justicia penal militar, pues su implementación fomentaría la impunidad para los militares implicados en violaciones al DIH, como los 'falsos positivos'.
“Considerando la impunidad que ha prevalecido en la actuación del
sistema de justicia militar, remitir estos delitos a esa jurisdicción
implicaría menoscabar sustancialmente cualquier posibilidad de justicia”, se lee en la carta.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Este miércoles el ministro salió a la de defensa del proyecto de reforma que ya ha superado dos de los cuatro debates parlamentarios requeridos para su aprobación.
El Ministerio de Defensa dijo que
el proyecto de reforma del sistema de justicia penal militar no es "un
capricho" del Gobierno, en respuesta a las críticas del director para
las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
"Este proyecto no responde a un capricho del gobierno nacional;
por el contrario, ha sido radicado con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido por la Ley", señala el viceministro para las Políticas y
Asuntos Internacionales, Jorge Enrique Bedoya, en una carta dirigida el
miércoles a Vivanco.
La organización expresó en la carta
al ministro de Defensa sus
preocupaciones por otro proyecto de reforma de la justicia militar de
Colombia en el que, según los defensores de los derechos humanos, se
permitiría que delitos cometidos por uniformados contra la población
civil vayan a tribunales castrenses.
El viceministro agrega en su carta que rechaza también las
afirmaciones de Vivanco "que pretenden desacreditar y deslegitimar el
enorme trabajo de nuestra fuerza pública, primera institución protectora
de los Derechos Humanos en el país, con posturas que llevan a la
conclusión de que la Jurisdicción Penal Militar es sinónimo de
impunidad".
Añade que tampoco tiene fundamentos para
especular en el sentido de que "la Corte Penal Internacional iniciará
investigaciones en Colombia debido a factores de impunidad".
Niega que, como asegura Vivanco, "48 casos de falsos positivos hayan
sido pasados de la justicia ordinaria a la justicia penal militar".
Por otra parte, Bedoya indica que los
casos de violencia sexual no entran en la jurisdicción militar porque
atentan contra la libertad y la integridad, además de que no se pueden
entender como hechos cometidos en servicio.
Finalmente manifiesta que delitos como el tráfico ilegal de armas y el concierto para
delinquir "pueden ser conocidos por la justicia penal militar sin que
esto conlleve a incumplimientos internacionales y mucho menos a
impunidad alguna".