Gobierno se echa para atrás con Ley de Víctimas

Este martes, las sillas vacías de los representantes en la Comisión Primera, recordaron la tarde de julio del año pasado en que la mayoría de senadores se ausentaron del capitolio y no escucharon a un grupo de víctimas que fueron a contar sus testimonios en el Congreso. En esa ocasión, varios congresistas se salieron cuando las víctimas relataban su drama.

Para el tercer debate en la Comisión de Asuntos constitucionales sólo fueron los representantes del Partido Liberal, del Polo y David Luna del País que Soñamos. De los representantes de la bancada del gobierno estuvieron Nicolás Uribe y Telésforo Pedraza, del Partido de la U; Roy Barreras de Cambio Radical y Rosmery Martínez, de Cambio Radical.

A la falta de quórum decisorio, el Partido Liberal dejó constancia de la ausencia de representantes para la discusión del proyecto. Los representantes uribistas se encontraban en una reunión en la Casa de Nariño, en la que discutieron cuál será la estrategia que adoptarán en la discusión de este y otros proyectos.

A la salida de la comisión, el representante liberal, Guillermo Rivera, dijo que el gobierno se echó para atrás con varios puntos de la iniciativa que ya estaban acordados.

“El gobierno se ha echado para atrás en unos temas que ya habíamos acordado. Con principios que tienen qué ver con la buena fe, para el reconocimiento de las víctimas y el deber de garantías del Estado”, dijo Rivera.

La iniciativa que ha sido construida por analistas, víctimas, representantes de la sociedad civil y varios congresistas, incluye la presunción de buena fe de la víctima, consistente en que una víctima no tendrá que acreditarse para ser sujeto de derechos. El gobierno se ha mostrado renuente a aceptar este punto y ha propuesto que las víctimas se acrediten para poder acceder a los derechos, lo que podría demorar no solo su proceso de reparación sino su derecho a recibir asistencia humanitaria.

Además el gobierno ha expresado en reiteradas ocasiones que si repara no es porque reconoce su responsabilidad al no haber garantizado la protección de los derechos de las víctimas, sino porque es “solidario” con las mismas. Según Rivera, derogar el deber de garantías del Estado contradice lo consagrado en acuerdos internacionales de reparación, los que el mismo Estado colombiano ha suscrito.

“El Estado tiene el deber de reparar a las víctimas y no el derecho de condolerse de ellas”, dijo Rivera.

La semana pasada, el Viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, Rivera y varios representantes de la coalición uribista se habían reunido para acordar una ponencia unificada. En las reuniones el único punto de la ponencia de Rivera en el que no hubo acuerdo fue en el reconoce la responsabilidad del Estado frente a quienes han sido víctimas de miembros de la Fuerza Pública u otros funcionarios del gobierno.

El representante Rivera dijo que prefería retirar la iniciativa de la discusión y esperar a otro período legislativo para presentarla, antes que aceptar una propuesta que no responde a las expectativas de las víctimas. También denunció que funcionarios del gobierno quieren desmejorar la iniciativa que ha sido consultada con la Onu, con representantes de las víctimas en las regiones y representantes de gobiernos locales.

"Parece que al Gobierno le interesa más perpetuarse en el poder que reparar a casi cuatro millones de víctimas ", dijo el representante.

Tras el revés que el gobierno quiere darle a la propuesta, el representante Rivera dijo que no asistirá más a las reuniones con sus representantes, pues considera que lo están engañando.