Gobierno y Justicia: de la tensión al diálogo

El 8 de agosto del 2010, en su primer acto de gobierno tras su posesión, el presidente Juan Manuel Santos restableció las relaciones con la rama judicial. Y uno de los compromisos de la “nueva historia” con las altas cortes, como lo afirmaron los propios magistrados, tenía sustento en que el Gobierno no controvertiría las decisiones de la justicia.
 
Ese compromiso había sido el patrón principal en las relaciones entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial, las que incluso se reafirmaron cuando, a la hora de concertar una reforma a la justicia, el Gobierno acogió la sugerencia de los magistrados de posponer su discusión en el Congreso, situación que se repitió en dos oportunidades.
 
Pero en los últimos días el presidente Santos no fue indiferente a dos fallos judiciales: la decisión de la Corte Suprema de quitarles validez como prueba a los computadores de ‘Raúl Reyes’, por el procedimiento como fueron obtenidos, y el fallo del Consejo de Estado de condenar a la Nación por la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias.
 
Este fin de semana, el mandatario lanzó nuevas opiniones y se pronunció sobre el litigio de la propiedad de Pozos Colorados, que lleva casi 70 años sin resolver, y sobre cómo una de las asignaturas pendientes del país es “la seguridad jurídica” que, según el mandatario, es “en lo que peor estamos”.
 
El magistrado Angelino Lizcano, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, que gerencia la rama judicial, le restó importancia a la polémica.
 
En declaraciones a Caracol Radio, Lizcano advirtió que el jefe del Estado o cualquier ciudadano tienen “todo el derecho a debatir, de forma académica” las decisiones, “otra cosa es irrespetar el fallo, y eso no se ha producido”.
 
Por su parte, el presidente Santos agradeció este martes la forma como las altas cortes han recibido sus opiniones como jefe de Estado. “Todo esto se hace sin ánimo de crítica. No es criticando la justicia, sino llamando la atención sobre en qué frentes podemos ir trabajando juntos”, dijo Santos desde la Casa de Nariño durante la posesión de Alberto Yepes como nuevo magistrado del Consejo de Estado.
 
Pero el mandatario fue más allá e invitó a los altos tribunales a sentarse y establecer diálogos permanentes. “Este presidente lo que ha querido es establecer estas relaciones constructivas con las Cortes”, resaltó.
 
Sin embargo, para algunos sectores de la justicia las palabras del presidente no han pasado inadvertidas. Asonal Judicial, en un pronunciamiento público, ha cuestionado las recientes reacciones del gobierno Santos.
 
Incluso ha recordado otros antecedentes, como la controversia por el ‘habeas corpus’ que un juez de familia en Bucaramanga falló a favor de la libertad de un presunto miembro de las FARC, y las palabras con las que Santos cuestionó la reciente condena de primera instancia al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por las desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia.
 
“Esta delicada situación demuestra que el poder judicial no puede actuar dentro de la autonomía y la independencia que la Constitución ha establecido, sino que es tal el desconocimiento de este principio y presupuesto democrático, que ya se plantea por algunos jueces la necesidad de establecer un “puente” o “contacto” directo con el presidente de la República para consultarlo sobre cada caso sometido a consideración de estos, para que diga el sentido del fallo y, de ser necesario, por estar en contradicción con el juez, dicte el fallo respectivo”, expresó Asonal judicial.
 
Para sectores políticos de oposición, el gobierno de Santos ha mantenido la misma conducta de su antecesor, el presidente Álvaro Uribe, de cuestionar las decisiones de la justicia. “Santos todavía conserva la herencia de Uribe, lo único que lo diferencia es el lenguaje. Santos es un hombre que habla decentemente, el otro amenazaba con dar en la cara”, considera el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Germán Navas Talero (Polo).
 
Para Navas, la tensión que se ha presentado se debe a que las Cortes y el Gobierno quieren imponer sus respectivos puntos de vista. “La diferencia es que la posición del presidente de la República es política, mientras que las Cortes tienen que ajustarse a las leyes y a la posición jurídica”.
 
Incluso, desde sectores cercanos al Gobierno también consideran un “mal mensaje” la controversia a decisiones judiciales.
 
Guillermo Rivera, vocero del Partido Liberal en la Cámara de Representantes, le hizo un llamado al Gobierno para evitar ese tipo de confrontaciones. “Hay un ingrato recuerdo del gobierno anterior. Este gobierno va por un buen camino y lo de la semana pasada ojalá que sea un hecho aislado”.
 
Por ahora, tras el llamado al diálogo de Santos este martes, se espera la formalización de un posible encuentro. De todas maneras, en dos semanas los presidentes de las altas Cortes y el presidente sostendrán una cumbre en Medellín. El tema central será el consenso sobre la reforma a la justicia que el Congreso estudiará el próximo semestre. La cita es el 23 de julio y, en palabras del representante Guillermo Rivera, se espera que “el encuentro permita aclarar las inquietudes y dudas frente a los recientes fallos”.