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| 2/15/2014 11:19:00 PM

La Habana: sin ‘tierra a la vista’

El gobierno y las Farc llevan casi tres meses hablando de drogas ilícitas. Un acuerdo está todavía distante, pero empiezan a asomar reveladoras coincidencias.

El jueves pasado quedó claro que, salvo un milagro inesperado, es casi imposible que el gobierno y las Farc lleguen a un acuerdo en el tercer punto de su agenda de negociación –solución al problema de las drogas ilícitas– antes de las elecciones al Congreso del 9 de marzo. Sin embargo, por primera vez desde que empezaron la discusión del tema, en noviembre pasado, las partes anunciaron coincidencias que, aunque incipientes, son de trascendencia.

Ese jueves terminó la ronda número 20 de las negociaciones en La Habana, con un comunicado conjunto. “Iniciamos la construcción de acuerdos”, dicen las partes sobre el primero de los tres subpuntos que componen el tema de drogas ilícitas, el cual versa sobre sustitución de cultivos. Es decir, pasados casi tres meses de conversaciones, no hay acuerdo ni en el primero de los tres (los otros dos son sobre consumo de drogas ilícitas y sobre narcotráfico).

Hasta las elecciones del 9 de marzo queda solo una ronda de negociación, que empieza el 24 de febrero. Un acuerdo completo en el tema de drogas es, pues, casi imposible. Y se ve difícil llegar a él antes de abril o, incluso, de mayo, alrededor de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, el comunicado precisa que llegaron a varias coincidencias para solucionar el problema de los cultivos ilícitos. “Tenemos los primeros borradores sobre los lineamientos o bases de esa solución”.

La primera coincidencia es que toda solución está ligada a la reforma rural integral, ya acordada en el primer punto de la agenda, y que implica cambios de fondo en el mundo rural, acceso a la tierra y mejoría de la situación de los campesinos pobres, fenómenos que han facilitado la penetración de los cultivos ilícitos en vastas regiones del país.

La segunda es que toda solución debe involucrar a las comunidades. En esto han insistido las Farc, pues las políticas oficiales no consultan al campesinado cultivador e imponen fórmulas como la aspersión aérea o la erradicación forzosa. Que el gobierno acepte que las comunidades en esos lugares deben ser consultadas es un paso sin precedentes.

La tercera coincidencia, que destacó el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, es el fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios afectados. Un punto clave para el gobierno, que es todo un avance que la guerrilla reconozca.

Por último, las partes acuerdan apoyar formas organizativas como las zonas de reserva campesina, cuando estas coincidan con regiones de cultivo de coca o amapola. Esto ratifica lo acordado en el primer punto de la agenda, sobre el agro, en el sensible punto de las zonas de reserva.

Se trata, como lo precisan las partes, de “lineamientos” sobre los cuales apenas se están “elaborando soluciones”. Es decir, aún es temprano para hablar de un acuerdo en torno al primero de los tres subpuntos de este tema, no se diga respecto a los otros.

Sin embargo, se trata de coincidencias de fondo, que implican que ambos bandos están definiendo terreno común: las Farc, al reconocer la necesidad de la presencia estatal en las zonas cocaleras, y el Estado al aceptar que las comunidades cultivadoras deben tener protagonismo a la hora de buscar soluciones.

No es fácil decir qué tan pronto puedan estas iniciales llevar a consensos en materia de cultivos ilícitos y narcotráfico. No solo es grande la distancia que aún separa a las partes, sino que ni las Farc ni el gobierno están hablando todavía de los temas esenciales: pese a su discurso en favor de cambios en la estrategia de guerra contra las drogas, el gobierno no ha modificado un ápice su política represiva frente el campesinado cocalero; y las Farc hablan mucho de narcotráfico como un mal del capitalismo, pero no dicen una palabra sobre su comprobada participación en el mismo.

Quizá por eso, las partes podrán darse por bien servidas si logran hacer un trato en materia de drogas ilícitas antes de las elecciones presidenciales de mayo.
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