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| 1/22/2011 12:00:00 AM

Gobierno no expedirá más decretos de emergencia

El presidente Juan Manuel Santos dio por terminada, desde el punto de vista legal, la emergencia social, económica y ecológica, en cuyo marco se expidieron 37 decretos.

Un mes y medio después de que el Gobierno declarara la emergencia social, económica y ecológica para enfrentar los efectos de la temporada invernal más fuerte en la historia del país, el presidente Juan Manuel Santos anunció que con los seis decretos que se expidieron la noche del viernes finalizó el estado de excepción desde el punto de vista legal.
 
“No vamos a expedir más decretos a menos de que suceda algo extraordinario”, dijo este sábado el mandatario durante el Acuerdo para la Prosperidad en la ciudad de Villavicencio.
 
Santos se declaró satisfecho con las medidas adoptadas al amparo del estado de excepción, declarado el pasado 7 de diciembre, y aseguró que su administración desea regresar a la normalidad jurídica.
 
“Fueron 37 los decretos (…) Lo que expedimos como legislación al amparo de la emergencia, creemos que es suficiente para cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto para enfrentar esta tragedia”, resaltó Santos.
 
Una de las últimas decisiones adoptadas en el marco de la emergencia social, económica y ecológica fue la intervención de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
 
Este viernes, el Ejecutivo anunció que cinco de estas entidades serán fusionadas. También modificó la composición de las juntas directivas y determinó que será el Presidente de la República quien postule a los candidatos a ser directores de las CAR, que deberán tener un perfil más gerencial. La junta será la encargada de realizar la selección.
 
En cuanto a recursos, el decreto obliga a las CAR a destinar de su presupuesto o ingresos corrientes, una “inversión mínima” para reforestación como para acciones de mitigación del riesgo, incluyendo también los temas de atención a cuencas hidrográficas.
Actualmente, el Congreso de la República analiza la validez de las medidas adoptadas por el Gobierno al amparo de la emergencia social, económica y ecológica. Los decretos también deberán pasar por la lupa de la Corte Constitucional.
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