Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2010/02/03 00:00

Gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir a los sucesores de los ‘Paras’: HRW

Medellín, el Urabá chocoano, Meta y Nariño son las cuatro zonas más azotadas por la nueva generación del paramilitarismo en Colombia, según un informe de la Human Rights Watch. Gobierno descalifica el informe y dice que tiene fines políticos.

Gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir a los sucesores de los ‘Paras’: HRW

La organización Human Rights Watch (HRW) presentó este miércoles “Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia”, un informe sobre lo que ha ocurrido después de la última desmovilización de las autodefensas, en el 2006, que devela la preocupante situación de los sucesores de los paramilitares. Según el organismo, ellos han cometido masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, al igual que durante 20 años lo hicieron sus predecesores.

Dos años de investigación en siete regiones del país fueron suficientes para concluir que la nueva generación del paramilitarismo en Colombia está azotando especialmente a Medellín, el Urabá chocoano, Meta y Nariño. Según el organismo, en estas zonas atacan a menudo defensores de derechos humanos, sindicalistas y víctimas de los paramilitares.

“Independientemente de cómo se les llame a estos grupos —paramilitares, bandas criminales u otra denominación— no debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los derechos humanos en Colombia”, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Al igual que los paramilitares, estos grupos sucesores cometen gravísimas atrocidades y deben ser detenidos”, agregó.
 
El ministro de Defensa, Gabriel Silva, quien justamente esta tarde tiene una reunión con Vivanco, descalificó este informe y aseguró que tiene claras intenciones políticas. "Tiene opiniones equivocadas, sesgadas, se meten hasta con el proceso electoral en Colombia", dijo el ministro, quien dijo que no tenía esperanzas de la reunión con Vivanco, "porque sabemos que ellos no aceptan razones".  

Cifras de la Policía, citadas en el informe, indican que estas organizaciones tienen más de 4.000 miembros en al menos 173 municipios de 24 departamentos del país. “Los grupos reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación”, dice el informe.

Muchas de estas conclusiones coinciden con las que otros organismos han revelado en los últimos meses. Por ejemplo, en lo que respecta a Medellín, donde se incrementaron los índices de criminalidad el año pasado, el problema se salió de madre, en parte, con las organizaciones criminales que dejaron los paras de ‘Don Berna’ después de su extradición. (Ver “Medellín podrá terminar este año con más de 2.000 homicidios” ).

Las autoridades tienen identificadas en toda Colombia organizaciones como Los Urabeños, Los Rastrojos, el Erpac, Los Paisas, Los Machos, Nueva Generación, el grupo de Magdalena Medio y Renacer. “Human Rights Watch también recibió denuncias creíbles sobre la existencia de otros grupos, como los Águilas Negras en Nariño, que la Policía no incluye en su lista”, señala en su informe.

Los errores del gobierno

Igual que otros organismos como la Mapp-OEA, la Human dice que con la última desmovilización de paramilitares en el 2006 (en total fueron 31.671 paramilitares que se desmovilizaron), este fenómeno no se acabó. Por eso critica fuertemente al gobierno central que siempre ha dicho que los paramilitares ya no existen en el país.

“El gobierno (...) no ha destinado recursos suficientes a las unidades de Policía encargadas de combatir a estos grupos, ni al grupo de fiscales responsables de investigarlos. No ha hecho prácticamente nada por investigar ni prevenir posibles vínculos entre los grupos sucesores y los agentes del estado o las fuerzas de seguridad pública. Y aún no ha adoptado medidas específicas para proteger a los civiles frente a esta nueva amenaza. En lugar de ello, el gobierno se ha mostrado renuente a asignar fondos suficientes y a tiempo al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (...) y en ocasiones organismos del estado habrían denegado asistencia a civiles que denunciaban haber sido desplazados por los grupos sucesores”, señala el documento, que tiene 126 páginas.

Por ejemplo, en varias ocasiones, Human Rights Watch recibió quejas porque la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) se negó a registrar y brindar asistencia a personas que reportaban haber sido desplazados por paramilitares (refiriéndose a grupos sucesores), con el argumento de que ya no existían los paramilitares. “Si bien Acción Social afirma que estos casos no reflejan la política oficial del gobierno, debe tomar medidas efectivas para asegurar que esta denegación no continúe en el ámbito local”, asegura HRW.

El organismo también ve con preocupación que el gobierno no haya aprovechado el proceso para interrogar a los paramilitares sobre los activos, los cómplices y las operaciones delictivas de estos grupos. Muestra de ello es que a pesar de la desmovilización de Freddy Rendón, ‘El Alemán’, ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas, lo reemplazó su hermano Daniel, alias ‘Don Mario’, quien continuó muchas de las actividades del bloque como narcotráfico, extorsión, protección de terrenos apropiados en forma ilícita por personas vinculadas con los paramilitares y hostigamiento de civiles en la región de Urabá. Este último finalmente fue capturado el año pasado.

Salvo algunas excepciones, dice Human Rights Watch, los fiscales no han investigado en profundidad las operaciones delictivas de las AUC, las fuentes que las financian y las redes que las respaldan. “Los grupos sucesores han podido reemplazar fácilmente a las AUC, y han empleado los recursos masivos que ya tenían o podían obtener rápidamente por medios delictivos para reclutar a nuevos miembros y continuar controlando a la población civil y cometiendo abusos contra ella”.

Otro problema es el tema de la corrupción en los organismos del estado que dificulta la posibilidad de rastrear, enfrentar y juzgar a estos grupos. El ejemplo más evidente es la actual investigación penal contra el ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio (hermano del actual Ministro del Interior y Justicia), por haber colaborado con una de las bandas emergentes. “Como se describe en este informe, Human Rights Watch también recibió múltiples denuncias en Nariño, Chocó, Medellín y Meta de situaciones en las que miembros de la policía o el Ejército al parecer toleraban actividades de los grupos sucesores”.
 
Para ver el informe completo haga click aquí. Vea además el informe especial multimedia sobre las atrocidades de los parmailitares en Colombia, después del 2006.

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