Gobierno ofrece 4.000 millones de pesos por jefes de los ‘Urabeños’

El paro armado liderado por jefes de la banda criminal de los ‘Urabeños’ tuvo una respuesta contundente por parte del Gobierno. El presidente Juan Manuel Santos anunció recompensas para quien informe la localización de los jefes de este grupo. Entre los nombres está el sucesor y hermano del abatido ‘Giovanni’, que se conoce con el alias de 'Otoniel' y quien quedó al mando de esa organización.

Por alias ‘Otoniel’, el Gobierno ofreció 2.000 millones de pesos. Bajo su mando están, Roberto Vargas, alias ‘Gavilan’, y Walter Velásquez, a quien se le conoce como ‘Ferley’. Por cada uno se ofrecen 1.000 millones de pesos.

Tras el consejo de seguridad de Santos en la ciudad de Santa Marta, el presidente dijo que alias ‘Belisario’ fue quien organizó la intimidación a los comerciantes y para este sujeto ofreció 200 millones de pesos por información que lleve a su captura.

“Los ‘Urabeños’ están notificados. Aquí vamos detrás de ellos”, dijo Santos en el consejo de seguridad en el que destacó a los jefes de las bandas criminales que han sido abatidos.
 
“Mi llamado es a que todo el mundo se ponga la camiseta (...) Son unos pocos que nunca han podido triunfar así que no se dejen intimidar”, subrayó Santos a los samarios.
Entre las medidas que anunció el presidente está la creación de la Policía Metropolitana en la ciudad de Santa Marta para hacer control de seguridad por cuadrantes y para que la gente se acerque a los uniformados y denuncie.

310 policías van a llegar a la capital de Magdalena para prestar protección. De este número 60 serán investigadores que van a apoyar la lucha contra la extorsión y el microtráfico.

El Presidente dijo además que la Fiscalía General va a designar 16 fiscales adicionales contra las bandas criminales: cinco van para la región caribe, cuatro para la ciudad de Montería (Córdoba) y siete para Antioquia.

La proliferación de las bandas criminales hizo que el Presidente y la fiscal Viviane Morales acordaran la presentación de un proyecto de ley para que se modifique el código de procedimiento penal y así darle “dientes” a la lucha contra ese tipo de delincuencia.