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| 8/6/2014 12:00:00 AM

El Gobierno pide oír primero a las víctimas civiles

El jefe negociador Humberto De la Calle ratificó que la ONU y la Universidad Nacional escogerán quienes irán a La Habana.

En evidencia quedó en el Congreso la dificultad para saber si los familiares de militares y los propios integrantes de la Fuerza Pública son o no víctimas del conflicto y si deben ir a La Habana a exponer sus reclamos. 

En el primer debate de control político que se realizó en el Congreso para saber el estado de las negociaciones, el jefe negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, pidió una espera antes de declarar a los militares y policías víctimas del conflicto. Lo hizo tras acogerse a una proposición de la representante a la Cámara Clara Rojas quien pidió que en esta fase de las negociaciones no se hable de los militares como víctimas.

Precisamente este miércoles las FARC presentaron un comunicado en el que establecieron su posición frente a este álgido tema. En la misiva afirman que la proporción de víctimas en el conflicto es atribuida en 75 % a agentes del Estado y paramilitares, y un 17 % a organizaciones guerrilleras. Ante eso, los criterios para la escogencia -de las víctimas según esa organización - deben ser acordes a los estudios “informes y estadísticas”, que se han elaborado. 

El propio procurador general, Alejandro Ordóñez, -en otro escenario dentro del Congreso- exigió que los integrantes de la fuerza pública que estuvieron en cautiverio fueran considerados víctimas, por lo que pidió que se autorizara la representación de una delegación en Cuba. “Los militares deben ser considerados víctimas porque la definición de éstas se encuentra en la ley y los militares son de las víctimas que más han resultado afectadas en este conflicto”.

Desde hace varios días, representantes de la Policía e integrantes del Ejército han mostrado su inconformismo porque no se les ha tenido en cuenta. El general (r) Luis Herlindo Mendieta reclamó que en la selección de las delegaciones de víctimas que irán a La Habana no estuvieran ellos. “En el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz nos expresaron que los secuestrados eran retenidos y los de la Fuerza Pública eran prisioneros de guerra”, dijo a un medio. 

Ante el reclamo del Procurador y el de los militares y policías, el Gobierno por primera vez sentó su posición. En un debate de control político, en la Comisión Primera de la Cámara, pidió que en esta fase del proceso se le dé la opción para que se escuche a los civiles, “permitamos que transcurra esta fase de las víctimas de La Habana”, señaló el funcionario. 

Con esto quedó la puerta entre abierta para que en el futuro se pueda examinar si los integrantes de la fuerza pública pueden ser considerados víctimas y establecer las condiciones para ello. 

Para el Gobierno, ya la ley define el problema de los militares como víctimas y esa es la guía que va a usar. “Eso significa que en determinadas circunstancias el derecho Internacional Humanitario señala que militares que han sido sometido a conductas que están por fuera del transcurso ordinario de un conflicto, tienen esa condición y esa categoría”, explicó De la Calle. 

En otras palabras, el Gobierno podría tener como guía el Derecho Internacional Humanitario (DIH) para saber quiénes dentro de la fuerza pública pueden ser víctimas y quiénes no y a partir de ahí llevarlos a La Habana.

El alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo Caro está en esa línea. “¿Cuál va a ser todo el universo de víctimas? Para el Gobierno son todas las que hayan sido objeto de una grave violación o infracción. Se seleccionarán unas para ir a La Habana, pero eso no cierra esa discusión con las víctimas”.

Por su parte, el ratificado ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, también terció en el tema al decir que
el Gobierno “está en esa reflexión” para saber qué se debe hacer y confió que se tome la mejor decisión. Incluso, puso el ejemplo de militares quienes desarmados y en su casa han sido asesinados, en otros casos torturados y violados sus derechos.

Por ahora, con la vigilancia de la iglesia Católica y el aval del Gobierno, tanto la ONU como la Universidad Nacional serán quienes escojan a las víctimas que irán a La Habana.     
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