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| 9/14/2015 8:40:00 AM

Gobierno pide a la Corte reconocer que sí atiende a los desplazados

Desde el 2004 el alto tribunal había advertido la ausencia de programas que garantizaran la atención integral a más de seis millones de víctimas.

El Gobierno está convencido de que sus avances en materia de atención a los desplazados por la violencia merecen un reconocimiento de parte de las autoridades judiciales, que tanto han intervenido para que se generen políticas públicas en favor de esta población.
 
Para el Ejecutivo, la entrega de subsidios, soluciones de vivienda y la inclusión social que han recibido muchas personas víctimas del conflicto en los últimos años demuestran que el déficit ha venido superándose.
 
De ahí la actitud decisiva de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que le pedirá este lunes a la Corte que levante el estado de cosas inconstitucional de manera parcial.
 
Para este organismo adscrito a la Presidencia ya se superaron los problemas que la Corte había puesto sobre la mesa en materia de inscripción de los desplazados en los registros, lo que habría permitido poner al alcance de los más necesitados estas ayudas.
 
Este lunes, la máxima instancia constitucional evalúa el desempeño de las diferentes entidades responsables del manejo de estas políticas públicas, en audiencia que se cumple en la sala de audiencias del Consejo de Estado, como la ha venido haciendo periódicamente en la última década y el Gobierno piensa aprovechar el espacio para elevar esta petición.
 
Desde el 2004 fue declarado el estado de cosas inconstitucional, a raíz de la ausencia de programas y medidas legislativas que garantizaran que los más de 6 millones de desplazados que tiene Colombia lograran superar los problemas de adaptación a sus nuevas realidades, pues muchos vivían en la indigencia, sin oportunidades de trabajo y enfrentando graves problemas de salubridad.
 
Sin embargo, la intervención de la Corte Constitucional impulsó la generación de una política pública que ha aliviado en gran parte la problemática, mediante programas educativos, de inserción laboral, entrega de vivienda y subsidios, por lo que el Gobierno espera que su labor sea reconocida, luego de 11 años de constantes llamados de atención por parte de las autoridades judiciales.
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