Jueves, 28 de agosto de 2014

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| 2013/09/03 00:00

Crónica de la discusión en el Congreso por el referendo

Gobierno y opositores al proceso con las FARC destapan sus cartas por la consulta popular.

Una de las más apasionantes y trascendentales discusiones políticas empezó formalmente este martes en el Capitolio. Humberto de la Calle, jefe negociador en La Habana; Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz, y Fernando Carrillo, ministro del Interior, pidieron formalmente al Congreso habilitar el escenario para que los eventuales acuerdos de paz que se firmen con la guerrilla de las FARC sean refrendados por los colombianos el mismo día de las elecciones.

En palabras de De la Calle, los mecanismos de participación ciudadana fracasan por la falta de “cultura electoral” y porque el umbral establecido por la ley, que en el caso de los referendos es del 25 % del censo electoral (aproximadamente 7,5 millones de votos), se ha convertido en un “obstáculo insuperable”. Prueba de ello, recordó, son los referendos promovidos por gobernantes con alta popularidad. Han fracasado, dijo, en impulsar reformas mediante este mecanismo por las elevadas exigencias del caudal de votantes.

El ministro del Interior recordó que en Colombia no hay cultura política alrededor de elecciones atípicas y que las que se han adelantado se desarrollan bajo un elevado porcentaje de abstención y apatía en los electores. Por eso, el Gobierno considera que en las elecciones ordinarias habría mayor participación ciudadana.

Según las recientes cifras de participación electoral, en las elecciones del 2010 concurrieron cerca de 12 millones de ciudadanos a las elecciones de Congreso y casi 14 millones a las presidenciales, circunstancia que garantizaría que el referendo para refrendar los acuerdos de paz superaría el umbral con mayor facilidad.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno tuvo numerosos detractores, quienes advirtieron algunos errores en la redacción del texto que atentaría contra la libertad de los electores y hasta cuestionaron la constitucionalidad del proyecto que pretende habilitar que el referendo coincida con las elecciones ordinarias.

Proselitismo armado

El senador Juan Lozano, disidente de La U, cuestionó que el texto del proyecto impulsado por el Gobierno “guarde silencio” sobre la exigencia de que las FARC hayan dejado las armas como condición expresa para que se convoque a los colombianos al referendo. Por eso alertó sobre los riesgos de que un referendo se desarrolle con la presión armada de los grupos ilegales.

“Queda claro que como se redactó, el proyecto no nos protege a los colombianos de que las FARC sigan en armas el día en que se someta el referendo a consideración del país. Eso es un error garrafal del proyecto. No se puede pretender que los colombianos desarmados vayan a participar en un referendo mientras no se exija que se entreguen las armas”, explicó Lozano.

Carrillo controvirtió la tesis de Lozano al asegurar que precisamente el acuerdo que se busca firmar en La Habana pretende ponerle fin al conflicto, por lo que quedaría “totalmente descartado” el escenario de la “política con armas”.

Garantías al elector

Otro de los puntos polémicos del proyecto es que el artículo segundo del texto establece que “…los jurados de votación deberán entregarles a los electores el tarjetón correspondiente al referendo junto con los demás tarjetones”.

En criterio del senador conservador Eduardo Enríquez Maya, esta redacción podría imponer el voto a los electores, lo que iría en contra de su libertad de elección. Por eso propone que el texto establezca que serán los ciudadanos los que deberán pedir con libertad el tarjetón del referendo.

Congresistas impedidos

El tercer dilema que surgió sobre la viabilidad del proyecto se concentra en un presunto conflicto de interés en el que incurrirían los congresistas que lo aprueben. Según Juan Carlos Vélez, al habilitar el referendo en la misma jornada de las elecciones de Congreso los parlamentarios que voten a favor del proyecto se estarían beneficiando ellos mismos porque “esta estrategia” se lo va a permitir.

Juan Lozano aseguró que esta iniciativa “le está metiendo viento de cola” que impulsará la reelección de los congresistas que resultarán elegidos con una mayor votación. “El interés particular se configura en que este proyecto está metiendo más votos a las elecciones”.

El ministro Carrillo controvirtió esta tesis al señalar que el Consejo de Estado ha definido el conflicto de interés cuando hay una relación directa de los beneficios particulares, y que este proyecto busca el interés general de refrendar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado.

Estrategia electoral

Los opositores calificaron el proyecto como una estrategia electoral impulsada por el Gobierno que facilitaría la elección de los congresistas de la Unidad Nacional porque el referendo terminará siendo “determinante” para que los ciudadanos respalden “a los candidatos de la paz y que apoyen la reelección del presidente Santos”, según Juan Carlos Vélez.

El senador antioqueño consideró que la estrategia del Gobierno será la de invitar a los colombianos a votar por los congresistas de la Unidad Nacional.

La postura de Vélez fue calificada como una “contradicción” por los aliados del Gobierno. El senador Juan Fernando Cristo, presidente del Senado, retó a los opositores a salir a las calles a hacer campaña contra el proceso de paz y que lo derroten en las urnas.

Guillermo Rivera, también liberal, dijo que los opositores al proceso llevan un año vociferando que este proceso de paz le está entregando la dignidad del país a las FARC, pero a la hora que se discute un mecanismo democrático no entiende ¿Cuál es el temor del uribismo de salir a la plaza pública? “El mecanismo es transparente y claro que tiene un propósito electoral, que los colombianos decidan si se la juegan por la paz”.

Golpe a las minorías políticas

El senador del MIRA Carlos Baena calificó el referendo como un cambio en las normas electorales y por eso cuestionó al ministro del Interior, quien se opuso a promover un proyecto para modificar el umbral para garantizar la presencia de los partidos políticos minoritarios.

Según Baena, el escenario de que el referendo coincida con las elecciones de Congreso aumentaría el número de votos y por consiguiente el umbral para alcanzar curules en el Congreso ya no sería de 450.000 votos, sino que se incrementaría. Este proyecto sólo beneficia a los partidos mayoritarios. Es una masacre inaudita contra las minorías, aseguró al pedir que el referendo se tramite en fecha diferente a las elecciones.

Alfonso Prada y el ministro Carrillo controvirtieron y aseguraron que por el contrario los partidos minoritarios tendrán la posibilidad de buscar más votos y así superar el umbral.

¿Es inconstitucional?

Para Juan Lozano, el hecho de hacer coincidir el referendo con las elecciones ordinarias atenta contra el espíritu del Constituyente, que en 1991 fue que los mecanismos de participación no se mezclaran con procesos electorales que tienen otra naturaleza como limita la libertad de decisión y elección.

El senador Luis Carlos Avellaneda (Progresistas) consideró que el referendo no es el mecanismo para refrendar los acuerdos de paz al asegurar que este sólo puede ser utilizado para promover reformas o derogar leyes y que en buena parte los acuerdos de La Habana corresponderán a políticas públicas que no pueden ser refrendadas por esta vía.

El ministro Carrillo aseguró que este proyecto es constitucional porque la prohibición de que coincidan referendos con elecciones está contenida en una ley de 1994 y no en la Constitución.

Ponencia tendrá cláusulas

Tras la audiencia, los ponentes del proyecto, Hernán Andrade (P. Conservador) y Alfonso Prada (P. Verde), aseguraron que el texto tendrá modificaciones y que los puntos cardinales de la ponencia serán el principio de libertad al elector y el no proselitismo armado.

“Lo que no puede pasar es que en esa fecha en la que apenas se van a refrendar los acuerdos las FARC pueda hacer proselitismo con las armas en la mano. Esa inquietud también ha nacido en los ponentes”, aseguró Andrade.

Prada se comprometió a incluir un capítulo de garantías a la libertad del elector para evitar que terminen constreñidas sus decisiones en la jornada electoral. La ponencia será presentada este miércoles.

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