Fallo de la Corte Constitucional pone a celebrar a madres comunitarias y a sufrir al Gobierno

“Esto no es una limosna. Lo merecemos. Es nuestro derecho”. Con estas palabras Olinda García, presidenta nacional de Sintracihobi Colombia (el sindicato que reúne a la mayoría de madres comunitarias del país), celebró la orden que la Corte Constitucional le dio al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de pagar los sueldos, las prestaciones sociales y los aportes a pensiones que el Estado les debe a 106 madres comunitarias.

La figura de madre comunitaria nació en el país en 1988 junto al Programa de Hogares Comunitarios, con el objetivo de trabajar por la nutrición y la salud de los niños más vulnerables. Desde ese momento, y hasta el 2014, las mujeres atendían de manera voluntaria a los menores y recibían una especie de subsidio.

Desde el 2014 las madres comunitarias empezaron a recibir un salario mínimo y las debidas prestaciones, gracias a otra decisión de la Corte Constitucional que falló a favor de una madre de Cali portadora de VIH. Sin embargo, nunca estuvieron contratadas directamente por el ICBF; su vinculación es a través de terceros.

Lo que dice la Corte Constitucional es que el Estado tiene una deuda con estas mujeres de años anteriores al 2014. Y esto se traduce en una cifra escandalosa porque esta decisión no sólo ampararía a las 106 mujeres que interpusieron las tutelas acogidas por el Alto Tribunal, sino al total de madres comunitarias que han pasado históricamente por este programa del ICBF, que son cerca de 120.000.

Los cálculos son los siguientes: por salarios y prestaciones, el ICBF tendría que pagar unos 2,8 billones de pesos. En pensiones, la deuda ascendería a 1,4 billones de pesos. Y en aportes a pensiones la deuda sería de 1,9 billones. En total la deuda suma 6,1 billones de pesos, lo que supera el presupuesto del ICBF para el 2016 (5,4 billones de pesos) y dobla lo que el Gobierno espera recaudar con la reforma tributaria que está en trámite en el Congreso.

La otra cara de la moneda son las madres comunitarias que llevan años reclamando mejores condiciones laborales. “Estoy muy contenta por este fallo. Independientemente de que hayan salido favorecidas 106 tutelas, aquí se nos abre una puerta para todas las que venimos atrás”, señaló Olinda García. Y aseguró que la mayoría de madres que se verán beneficiadas inicialmente son mujeres con discapacidades, enfermas o mayores de 70 años.

Todavía no se conoce el fallo en su totalidad, pero el Gobierno y las madres comunitarias están a la expectativa. Lo cierto es que esta decisión implicaría unos movimientos financieros del Gobierno, que en un primer vistazo parecen inverosímiles.