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| 10/27/2003 12:00:00 AM

Gobierno tras las rejas

La complicidad de la dirigencia de Arauca con la guerrilla era un secreto a voces. Los últimos hallazgos de la justicia parecen confirmarlo.

Un un gran operativo durante la madrugada del martes de la semana pasada el DAS y la Fiscalía capturaron, bajo sospecha de colaborar con el ELN, al alcalde de Arauca, al presidente de la Asamblea, a la contralora, a la gerente de la empresa de energía, al candidato liberal a la gobernación, a dos candidatos a la Alcaldía de Arauca, a dos ex gobernadores, Gustavo Carmelo Castellanos y Federico Gallardo, y a varios contratistas, poniendo al gobierno de Arauca literalmente tras las rejas.

"En este caso primaron valores supremos de Estado", dijo a SEMANA el fiscal general, Luis Camilo Osorio. Y para responder a las críticas que le han hecho de que las capturas se hubieran producido en vísperas de las elecciones dijo que: "El daño de aplazarlo para que no coincidiera con las elecciones podía ser peor. Se trata de un trabajo que se ha desarrollado durante más de seis meses".

En realidad el caso comenzó a armarse hace más de un año y es en gran medida fruto de un proceso que nació antes de que Alvaro Uribe apareciera siquiera en las encuestas.

A mediados de 2001 un grupo de fiscales viajó desde Bogotá a Arauca para investigar los atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas. Durante ese año la guerrilla había volado 170 veces el tubo, causando millonarias pérdidas al Estado y, como en todos los años anteriores, nadie había sido capturado. Los fiscales de esta estructura de apoyo, protegidos por la Brigada 18 y con la garantía que les daba rotar cada 15 días, lograron quebrar la ley del silencio que imperaba en Arauca y en menos de un año desarticularon cuatro grupos de milicianos del ELN y de las Farc.

Como efecto de esas primeras capturas se redujeron las voladuras a una décima parte en 2002 respecto al año anterior. Pero más importante aún, se destapó un largo concubinato entre algunos políticos del departamento y el ELN, que tenía en Saravena (Arauca) su principal fortín.

La unidad anticorrupción de la Fiscalía envió una comisión especial para investigar estos vínculos. Los primeros resultados del trabajo conjunto entre la Fiscalía y los detectives del DAS fueron escandalosos. Encontraron que de los 1.200 millones de dólares en regalías petroleras que le habían entrado a Arauca en década y media, por lo menos unos 200 millones de dólares fueron a engrosar las arcas elenas.

También descubrieron que el frente Domingo Laín del ELN ejercía un fuerte control sobre los otros 1.000 millones de dólares de inversión departamental.

El mecanismo era relativamente sencillo. Según el informe de las autoridades, a través de algunas organizaciones sociales el ELN presionaba la elección de los gobernantes con quienes tenía afinidad o preacuerdos. Luego apadrinaba contratistas de la administración, a quienes cobraba inicialmente el 5 y más recientemente el 7 por ciento del monto total del contrato que les otorgaba la alcaldía o la gobernación.

Un "vikingo" -como llaman en Arauca a los papelitos que utilizaba el ELN para enviar sus 'recomendaciones' a los dirigentes- era más efectivo que una larga trayectoria en el sector público. El sistema de contratación se perfeccionó a tal punto que una misma persona, muchas veces de las entrañas de la guerrilla, confeccionaba las tres cotizaciones que la Ley 80 exige para cualquier obra pública y luego le giraba la 'comisión' al ELN. Otras veces ni siquiera se tomaban la molestia de realizar la obra. 'Construían' puentes que eran misteriosamente arrasados por el río antes de que alguien los viera o celebraban fiestas dignas de un faraón. Un festival del joropo en Saravena costó la astronómica cifra de 700 millones de pesos.

Aunque en ese momento se encendieron las alarmas la prioridad del gobierno Pastrana era sacar adelante una negociación de paz con las guerrillas. Y en todo caso había más sospechas que pruebas contundentes sobre el matrimonio entre política y subversión.

Sin embargo, con la entrada de los paramilitares al departamento a principios de 2002, el ELN -presa de la paranoia- desató una purga interna y ajustició a varios milicianos por meras sospechas de colaborar con el enemigo. Esto provocó varias deserciones, que coincidieron con unas capturas importantes que hizo el Ejército en Saravena de guerrilleros que optaron por colaborar con la justicia a cambio de rebaja de penas.

La hija del comandante de las milicias del ELN en Saravena se entregó a la Brigada 18 y dio nombres. En venganza, la guerrilla le mató a su hermano menor, lo que provocó un gran dolor en su padre y su decisión de abandonar las armas y delatar a sus antiguos compañeros y colaboradores.

Con su información y la de otros testigos clave -antiguos colaboradores del ELN o víctimas suyas- la Fiscalía y el DAS terminaron de armar el rompecabezas y procedieron a ordenar las capturas de la semana pasada en la Operación Dignidad, bautizada así por los testigos, que creen que con esto Arauca recuperará su orgullo.

"La investigación duró más de un año y los detectives del DAS consiguieron pruebas testimoniales y documentales para hacer efectivas las órdenes de captura", dijo el director del DAS, Jorge Noguera.

Los 31 capturados ya rindieron indagatoria y se les definirá su situación jurídica en los próximos días. Sin embargo el verdadero juicio será el fin de semana de elecciones. Si los araucanos eligen, por ejemplo, al sacerdote José Elmer Muñoz, candidato liberal a la gobernación, o a William Alfonso Reyes o a su contrincante para la Alcaldía de Arauca, Benjamín Socadaguí, los tres hoy en los calabozos del DAS, y la Fiscalía confirmara su detención, se crearía una situación de interinidad que podría prolongarse hasta casi mediados del próximo año cuando se cumplen los términos para la sentencia.

Precisamente por su interferencia en el proceso electoral muchas personas han criticado que las capturas se hayan producido en vísperas de las elecciones. "Desnaturaliza el derecho a la igualdad de todos los candidatos en vísperas de las elecciones, afirma el representante a la Cámara por Arauca Manolo Caropresse. Lo han debido hacer con bastante antelación o con posterioridad".

La senadora Piedad Córdoba, copresidenta del Partido Liberal, también le pidió en una carta pública al presidente Alvaro Uribe establecer "si se trata de una evidente persecución política contra candidatos y dirigentes liberales o actores públicos apoyados por el Partido Liberal que han adoptado una clara posición abstencionista".

Quizá fue desafortunado que las capturas coincidieran con las elecciones. Sin embargo, si respetando el debido proceso la justicia confirma que estos funcionarios públicos han sido cómplices de la guerrilla, el Estado estará un paso más cerca de ganar el pulso por el restablecimiento de la legitimidad en Arauca. Más importante aún, el gobierno habrá enviado un mensaje contundente a los políticos de todo el país de que la deslealtad y los pactos mafiosos con la guerrilla y los paras de ahora en adelante se pagaran en la cárcel.
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