Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 7/23/2011 12:00:00 AM

Gobierno vs. gobierno

Las denuncias del alto gobierno sobre irregularidades de sus propias entidades son una fórmula novedosa y con riesgos, pero con enorme potencial para la lucha contra la corrupción.

Los dos últimos escándalos de corrupción que han explotado en el país tienen una enorme diferencia con todos los anteriores: fueron denunciados por el gobierno. Tanto en el destape de robos millonarios de la Dian como en el de los famosos repagos del Fosyga en el sistema de la salud, fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien, en pomposas ruedas de prensa, anunció el resultado de investigaciones que comprobaron la existencia de cuantiosos desfalcos. En los eventos mediáticos, Santos apareció flanqueado de los funcionarios de su administración encargados del tema: el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, cuando denunció las irregularidades en el recaudo del IVA, y el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, cuando develó el saqueo a la salud. Más notable aún es que en ambas oportunidades, en la distinguida mesa, tuvieron asiento las cabezas de los organismos de vigilancia -el procurador Alejandro Ordóñez, la fiscal Viviane Morales y la contralora Sandra Morelli (o sus segundos de confianza)- y el director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo.

Los escándalos no se han quedado en meros anuncios. La semana pasada fueron detenidos once funcionarios de la Dian, y ante la contundencia de la denuncia, cinco de ellos prefirieron confesar y aportar nueva información, para buscar rebajas en sus penas. En el lío de la salud hay cinco presos y se han abierto nuevas investigaciones contra empleados del Ministerio de Protección y de EPS, que, según informes, producirán nuevas detenciones inminentes.

El novedoso esquema de un Poder Ejecutivo que lidera pesquisas contra entidades del propio Estado ha generado un debate sobre sus alcances y efectividad. En su columna de El Espectador, el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, califica las operaciones como "propaganda" y las cuestiona por la inexactitud en las cifras preliminares que se han filtrado sobre la magnitud de los desfalcos y que al final han resultado inferiores a las expectativas. Gaviria dice que el gobierno "no debería actuar de la misma manera que las ONG, que son dadas a la inflación deliberada de las cifras con el objetivo entendible de llamar la atención", y que los medios de comunicación ayudan a "exagerar las exageraciones" del gobierno. El periodista Carlos Cortés, en su blog de Lasillavacía.com, sugiere que lo que hay es una estrategia mediática del "primer periodista de la nación (Santos)".

Más allá de las motivaciones del presidente Santos al poner en marcha un grupo élite anticorrupción, es un hecho que su actuación tiene un alto componente mediático. Los medios periodísticos se suben en la ola noticiosa y durante varios días la agenda informativa queda copada por los casos impulsados desde el Palacio de Nariño. Más de uno considera que la fórmula no es otra cosa que una fábrica de "cortinas de humo" o un intento del gobierno para blindarse del daño que le puede causar la creciente preocupación de los ciudadanos con el tema de la corrupción: el 70 por ciento de los ciudadanos, según la última encuesta Invamer-Gallup, considera que las cosas están empeorando en este frente. No por coincidencia, sino de forma paralela a las denuncias en la salud y en la Dian, la evaluación sobre la gestión gubernamental en la lucha contra el flagelo mejoró en esa misma investigación: la aprobación pasó de 39 por ciento a 54, y la desaprobación bajó de 58 por ciento a 44. Si el objetivo es mediático, al parecer se está logrando.

Varios analistas han mostrado que existen otros riesgos. "Es un buen mecanismo, pero no puede ser el único", según la directora de Transparencia por Colombia, Elizabeth Ungar, porque -señala- "puede tener un efecto desinstitucionalizador". El punto es que los organismos de vigilancia y control -Fiscalía, Procuraduría y Contraloría- tienen una naturaleza jurídica que les garantiza independencia frente al Ejecutivo para mejorar su capacidad de investigar a los funcionarios oficiales. Lo normal es que haya tensión entre los poderes, y negarla puede terminar en que el gobierno de turno maneje los organismos de control.

La otra crítica tiene que ver con los límites con que se puede tropezar el grupo élite. El presidente Santos ha dicho que no aplica la vieja práctica del espejo retrovisor contra el gobierno de Álvaro Uribe, pero hasta ahora las denuncias formuladas se han referido a hechos ocurridos antes del 7 de agosto. ¿Continuará funcionando el grupo anticorrupción, aun si su trabajo pone en peligro el apoyo político del uribismo? ¿Se mantendrá en el futuro y se aplicará contra funcionarios del gobierno Santos?

Varias fuentes consultadas por SEMANA aseguran que la idea del grupo élite es una prioridad del presidente. Surgió a raíz de que su gobierno, recién inaugurado, se encontró con irregularidades en varias entidades. Y se diseñó con el cuidado de evitar algunos de sus peligros institucionales. Los casos de la salud y de la Dian han sido una especie de planes piloto, en los que miembros de la Policía se han infiltrado para recoger los datos. Después, el propio presidente se ha reunido con la fiscal, el procurador y la contralora -en compañía del general Naranjo- y con gran sigilo han compartido información para adelantar la judicialización de los casos antes de los anuncios que se han hecho ante los medios. Con la experiencia de los episodios de la salud y de la Dian, los policías del grupo élite continuarán trabajando en otros organismos.

En realidad, aunque la fórmula implica riesgos, es más positiva que negativa. El mensaje de que el gobierno está dispuesto a utilizar mecanismos audaces para castigar la corrupción en el manejo de los recursos del Estado debería actuar como mecanismo disuasivo. Y la posibilidad de que "las ías" -como llaman ahora a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría- unan esfuerzos en vez de pisarse las mangueras o competir por el protagonismo, puede mejorar la efectividad investigativa. Escándalos como el de los repagos del Fosyga o, en menor medida, los dineros no devueltos del IVA tienen complejidades técnicas que requieren de conocimiento sofisticado que no tienen los investigadores no especializados. En materia de investigación e inteligencia, la Policía ha desarrollado aptitudes que no tienen todavía los organismos de control. Y por otra parte, las ruedas de prensa -cuidadosamente puestas en escena- en las que tienen asiento las cabezas de estos organismos -o sus segundos a bordo- evitan los celos institucionales y deberían servir como antídoto contra la tentación de buscar reconocimientos individuales.

Lo cierto es que a los presidentes se les exigen resultados concretos en la lucha contra la corrupción, y la mayoría de las fórmulas intentadas hasta ahora han fracasado. El viejo discurso de trasladar las denuncias a los organismos de control suena a una cínica intención de "tapen, tapen". Las comisiones para adelantar investigaciones exhaustivas se asocian con tácticas dilatorias y están desgastadas. Y la figura del zar anticorrupción, un consejero presidencial que recibía denuncias del público y las trasladaba a los organismos con facultades legales para investigar, demostró su ineficacia: el exvicepresidente Francisco Santos la calificó, durante los años de Álvaro Uribe, de "fórmula sin dientes".

En un momento como el actual, en el que se han destapado de forma simultánea ollas podridas en casi todas las áreas del Estado -y en que la corrupción ha emergido como uno de los principales problemas del país, según las encuestas-, estos instrumentos ya ensayados no tienen credibilidad ni eficacia. ¿La llegará a tener el grupo élite anticorrupción? Imposible predecir. Pero la gravedad del problema no permite que el gobierno se quede con los brazos cruzados.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.