Gol olímpico

Ahora que existe una medida para los escándalos que se llaman ‘dragacoles’ acaba de aparecer el de la ley de conciliación cuyo monto es de dos dragacoles (54 millones de dólares). Se trata de un gol olímpico en materia de ‘micos’ como no se había visto en mucho tiempo.

El caso se refiere a la ley de conciliación cuyo propósito era descongestionar los despachos judiciales al facilitar acuerdos antes del litigio. Cuando era un proyecto, la ley tenía 30 artículos. El encargado de tramitarla era el viceministro de Justicia Gonzalo Suárez Beltrán. Cuando éste llegó a su cargo la ley ya había pasado por el Senado y por la comisión de la Cámara. Sólo faltaba la plenaria de este último y la sanción presidencial.

El gobierno tenía la intención de modificar sólo dos artículos en cambios que no implicaban mayor controversia. Cuando llegó el debate en la plenaria de la Cámara el viceministro se encontraba fuera del país, por lo cual le correspondió al ministro Rómulo González poner la cara el día de la votación. Cuando los asesores fueron a verificar si ya habían sido incorporadas las dos modificaciones solicitadas por el gobierno el congresista Hernán Andrade les informó que “hay dos proposiciones en secretaría”. Los asesores las solicitaron y vieron que éstas llevaban la firma del propio Andrade y del parlamentario Luis Fernando Velasco. Aparentemente la intención de las dos era revivir la figura del defensor del cliente en las entidades financieras y bancarias, figura eliminada hace tiempo. Los asesores del Ministro y él mismo, aunque no tenían este punto entre sus prioridades, no tuvieron mayor objeción a esta iniciativa.

Lo único que se requería era modificar el artículo 141 de la Ley 446 con el siguiente texto: “Parágrafo 3. Los defensores del cliente de las instituciones financieras también podrán actuar como conciliadores en los términos y bajo las condiciones de la presente Ley.”

En este último punto estaba el orangután. El gol consistió en que como se trataba de una modificación de la Ley 446, todo el que se remitía a ésta no encontraba nada de sustancia que lo preocupara. Sin embargo, un artículo de esa norma ya había sido modificado por la Ley 510 de 1999, y esta modificación se anunciaba en una sola línea a la que nadie le paró bolas. Aquí estaba el meollo del asunto.

El meollo consistía en que en el último párrafo se le otorgaban facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio para fijar el monto de las indemnizaciones en casos de competencia desleal. Al ser reemplazado este párrafo por otro, la Superintendencia perdía la facultad de fijar las indemnizaciones, las cuales tendrían que ser definidas por los jueces y no por el Ejecutivo. Esto significaba que la fijación de las indemnizaciones podía pasar de un período de un mes a uno de 10 o hasta 15 años.

Todo este cambio tuvo lugar cuando el superintendente Emilio Archila estaba a punto de definir el monto de la indemnización que le correspondería pagar a Comcel por una denuncia de competencia desleal entablada por la ETB, Telecom y Orbitel. Estas tres últimas habían pagado 150 millones de dólares por una licencia para larga distancia. Comcel, sin tener licencia para explotar este servicio, lo hizo durante unos meses a través de sus celulares. Esto dio lugar a la demanda. La empresa fue multada en 500 millones de pesos. Sin embargo, la verdadera sanción no era la multa sino la indemnización que iba a ser definida tras resolverse la apelación de Comcel. Archila estaba a punto de fijarla por unos 54 millones de dólares, cuando el mico le quitó esa facultad.

Lo increíble es que todos los artículos de la ley entraban en vigencia en un año, con la excepción de uno, el del defensor del cliente que era inmediato. A través de éste se logró quitarle a Comcel una espada de Damocles de 54 millones de dólares. En otras palabras se legisló para solucionarle un pleito a una persona jurídica. La Ley 640 de 2001 fue sancionada en enero y el problema quedó creado.

Todos los protagonistas confesaron haber sido asaltados en su buena fe y revelaron que detrás había un ‘personaje conocido’. El gran misterio en los mentideros políticos era quién había sido el promotor del orangután.

Las sospechas recayeron en el ex ministro Néstor Humberto Martínez: el gol olímpico fue tan genial que sólo a una mente privilegiada se le hubiera podido ocurrir. El viceministro que tramitó la ley había sido colaborador de Martínez. Le había manejado las relaciones en el Congreso cuando fue ministro de Justicia de Ernesto Samper. Lo había colocado en la Superintendencia Bancaria cuando Martínez fue a París como embajador. Y lo había nombrado asesor como ministro del Interior de Andrés Pastrana. Cuando Rómulo González llegó al Ministerio de Justicia, Martínez lo recomendó como viceministro. Por otro lado, el abogado de Comcel, José Orlando Montealegre, también era de la rosca de Martínez. Había sido superintendente de Industria y Comercio y también socio del ex ministro en su firma de abogados.

Inicialmente le cayó agua sucia a González por dejarse meter el gol. Sin embargo, una vez que se estableció cómo fue la jugada, se reconoció que era un gol muy difícil de tapar. Sobre todo si se tenía en cuenta que era su propio viceministro Suárez sobre quien recaían sospechas de complicidad. El viaje de éste el día de la votación parecía una coincidencia demasiado perfecta. Suárez, quien no reconoce responsabilidad, renunció al darse cuenta que había perdido la confianza de su jefe.

El gobierno rectificó su error demandando su ley y expidiendo un decreto para eliminar el mico. Aunque teóricamente decreto no mata ley, se invocó una norma según la cual cuando parte del texto de una ley viola flagrantemente el espíritu del legislador, ésta se puede enmendar por decreto.

Martínez reconoce haber sido quien redactó la modificación, pero agrega que no lo hacía a nombre de Comcel para arreglar una indemnización, sino a nombre de unas entidades financieras para rescatar la figura del defensor del cliente. Esta defensa no es muy convincente, pero ni Martínez ni Comcel reconocen acuerdo previo en esta materia.

Desde que se retiró del Ministerio del Interior, Martínez se ha convertido en uno de los más efectivos lobbistas del país en sociedad con la ex ministra de Justicia Mónica de Greiff. Se le ha criticado que recién salido de la cartera política utilice sus contactos en el Congreso a favor de sus clientes y algunos de sus detractores han hablado de tráfico de influencias. Sin embargo, la incompatibilidad legal no existe, y como en Colombia la frontera entre tráfico de influencias y lobbying es difícil de establecer, no se anticipa ningún problema jurídico. Lo que sí es probable, es que el episodio de la semana pasada tenga como consecuencia que haya dejado de ser viable su aspiración de ser el próximo Fiscal General de la Nación.