El misterio de cuatro muertes ligadas al ‘caso del oro’

Hace unos días, el periodista Daniel Coronell reveló una historia que involucra a tres personas muertas en distintos puntos geográficos, pero todas relacionadas con la minería. A esta cadena de inesperados fallecimientos se suma un eslabón más descubierto por Semana.com: el deceso de un joven presidiario en Quibdó.

Se trata de un hecho que hasta ahora había pasado inadvertido porque la muerte del joven de apenas 19 años, según un registro de la Fiscalía, se presentó derivada de un motín en uno de los patios de la cárcel Anayancy.

La historia de esta racha de muertes misteriosas ha tenido otros escenarios más suntuosos. Por ejemplo, el exfiscal y abogado penalista Richard Sharpstein, quien apareció ahogado en su bañera de su lujosa propiedad en Miami, era abogado de Republic Metals Corp., el mayor comprador de oro proveniente de varias comercializadoras cuestionadas por lavado de activos en Colombia, entre ellas Goldex.

Otra muerte fue la de Martín Emilio Monsalve, quien fue detenido junto con otras 19 personas por presunto lavado de activos y concierto para delinquir en el caso de la empresa comercializadora Goldex y se arrojó desde el piso 18 de la sede judicial el día que era presentado ante un juez.

La tercera persona es la investigadora de la Contraloría Consuelo de Jesús Echeverri Sánchez, que fue presuntamente asesinada el 18 de junio del 2014. Ella llegó a Chocó con el objetivo de encontrar la ruta del crecimiento de las regalías por explotación de oro en el municipio de Alto Baudó.

“Encontró que habían pasado de un año a otro de 1.900 millones a 5.800 millones de pesos. Detrás de los números triplicados figuraban 12 empresas comercializadoras. Doña Consuelo encontró que varias de ellas solo existían en el papel. También estaba investigando temas relacionados con salud”, reveló Coronell en su columna.

“Es llamativo que todas las víctimas hayan estado relacionadas con casos de minería ilegal y lavado de activos. Una como investigadora, otro como implicado y otro como defensor”, concluyó el columnista.

Y ahora se conoce el caso que revela Semana.com. Se trata de uno de los asesinos identificados de la funcionaria de la Contraloría: el joven Murillo Rivas, que fue detenido y recluido en la cárcel de Quibdó. El 26 de diciembre pasado, según un registro de la Fiscalía, se presentó un motín en uno de los patios del penal donde él se encontraba.

Fuentes del penal aseguran que los miembros de la guardia ingresaron a controlar los desórdenes y se excedieron en el uso de la fuerza. Dos de los reclusos, entre ellos Murillo, terminaron gravemente heridos luego de recibir golpes en su cabeza y su cuerpo con elementos contundentes por parte de la guardia.

El pasado primero de enero el joven murió en un centro asistencial y la causa de su muerte, según el primer informe pericial de necropsia, fue “muerte natural (meningitis)”.

Pero algo no cuadraba. Entonces, la Fiscalía decidió ordenar la exhumación del cuerpo de Murillo Rivas para hacer una nueva necropsia con el objetivo de confirmar o no el primer resultado.

Un equipo de expertos se trasladó de Medellín a Quibdó, a comienzos de febrero, para dar cumplimiento a la orden de exhumación y realizar un segundo análisis. Este procedimiento se realizó y tal como reza el informe: “se está a la espera de los resultados definitivos”.

¿Es una casualidad que entre más de 20 internos que participaron en el motín solo Murillo haya resultado muerto? Podría ser. Pero la Fiscalía quizá tendría mayores elementos para creer lo contrario. Tanto, que ordenó una exhumación al cadáver de un hombre que, para muchos, no revestía mayor importancia.

¿Alguien aprovechó una revuelta en el interior del penal para asesinar a este joven, quien al parecer participó en el homicidio de la investigadora de la Contraloría? Es lo que algunos se preguntan en Chocó y son las dudas que los investigadores de la Fiscalía quieren despejar.