Golpe a la defensa

Durante los últimos meses, el juicio por la masacre de Jamundí había caído en un letargo. El escándalo de la para-política, entre muchos otros, fue clave para que la opinión pública desviara su atención del proceso judicial en contra de 15 militares acusados de asesinar a un grupo elite de policías. Esa lentitud que ha caracterizado ese proceso cambió dramáticamente la semana pasada.

El martes, la Dijín capturó a Wilson Figueroa, a quien señala de liderar una red internacional de traficantes. Se trató del arresto no sólo de un importante personaje en el mundo del tráfico de drogas en el Valle del Cauca, sino de un hombre que será clave para aclarar algunos de los secretos de lo que pasó en la masacre de Jamundí.

“Tarde o temprano iban a venir por mí, lo de Jamundí me perjudicó”, les dijo Wilson Figueroa a los fiscales que lo arrestaron en su casa del barrio Ciudad Jardín de Cali. La investigación que terminó con su captura comenzó hace 18 meses, cuando varios empleados de Figueroa, entre ellos su ex asesor contable, decidieron colaborar con la justicia y se acogieron al programa de protección de testigos en Estados Unidos.

Según los datos recopilados en la investigación, la banda de Figueroa traficaba con coca y anfetaminas desde Colombia hacia Norteamérica y Europa. El alcaloide era cristalizado en laboratorios que ubicó en el Bajo Calima y la parte alta de la cordillera occidental, en los departamentos de Valle y Cauca, para luego transportarlo en camiones hacia Ecuador, de donde salía en aviones y barcos hacia su destino final.

Durante la última década, Figueroa exportó droga y logró amasar una astronómica fortuna, parte de la cual lavó mediante inversiones en finca raíz. Entre los bienes que las autoridades le encontraron a Figueroa se destacan la Constructora San Bernardo, la empresa Compacífico y el centro comercial Plaza 10. Según la investigación, en éste último Figueroa lavó 25.000 millones de pesos producto del narcotráfico tan sólo en el último año. “La pieza clave en la investigación fue el estudio económico de la familia y los amigos del capo, pues todo lo tenía a nombre de terceros”, dijo a SEMANA uno de los fiscales. Junto con Figueroa, otras 11 personas fueron capturadas, entre ellas tres hermanos del capo. Todos están acusados de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y enriquecimiento ilícito.

Pero el interés de las autoridades en Figueroa no se limita al narcotráfico. Espera que les aporte luces en el caso de Jamundí. El nombre del capo ha salido a relucir en ese juicio en dos oportunidades. La primera fue cuando la Fiscalía presentó su acusación y reveló un mensaje de texto enviado desde el celular el coronel (r) Bayron Carvajal a su conductor, el soldado Jorge Vélez. “Dígales a los Figueroa que me consigan abogado”, le pide el oficial a su subalterno.

El militar ha dicho públicamente que conocía a Figueroa por ser un líder de la comunidad de San Bernardo, en Dagua, al occidente del Valle, sector que hace parte de la jurisdicción del batallón de Alta Montaña que comandaba Carvajal para la época. La misma región donde, según la investigación de la Dijín, comenzó a edificar Figueroa su imperio mafioso.

La segunda ocasión en que se mencionó a Figueroa fue cuando Édver Fajardo, un reinsertado de las Farc, señaló que Carvajal tenía negocios con Figueroa. Fajardo, quien trabajó como informante del Batallón de Alta Montaña, aseguró que en una ocasión Carvajal lo llevó a una finca y que en su presencia Figueroa le entregó al oficial 30 millones de pesos. El reinsertado habla de la Hacienda El Asombro, ubicada cerca de Dagua, una de las 20 propiedades que le fueron allanadas a Figueroa en la operación antinarcóticos de la semana pasada.

Aunque el tema del narcotráfico ha sido tocado parcialmente hasta ahora durante el juicio, la Fiscalía presume que en pocos días Figueroa podría entregar información valiosa para el proceso, entre ellas el grado de participación de la mafia en la masacre,

Pero la captura de Figueroa no fue la única noticia que movió el juicio de Jamundí. La semana pasada subió al estrado Javier Rojas, un siquiatra especializado en el análisis del comportamiento criminal. Su testimonio fue contundente. “La ausencia de supervivientes, la precisión y la contundencia de la acción, la planeación sugerida por los elementos hallados en la escena y la manipulación, son discordantes con la conducta habitual de combate. Fue un ataque relámpago, cuyo objetivo era aniquilar los policías, más que neutralizarlos”. afirmó Rojas sobre la acción de los militares ese 22 de mayo en Jamundí

Dice el experto que la maniobra fue una emboscada envolvente, preparada con antelación asignando roles precisos. Uno de los argumentos recurrentes en la defensa de los militares es que los policías les dispararon primero, pero Rojas lo pone en duda: “no es fácil explicar la ausencia de lesiones y bajas en el Ejército de haber sido este grupo el sorprendido y atacado”.

Añade que los soldados manipularon la escena para ocultar algo que aún se desconoce, moviendo los cuerpos y disparando las armas de los policías, lo que para Rojas no es una conducta fortuita o casual. Recalcó que no hubo combate, basado en el análisis del fuego de ambos bandos, el cual calificó como desproporcionado. De las 141 vainillas encontradas en la escena, 24 salieron de las armas de los policías y las 119 restantes fueron disparadas por los militares. Además, estos últimos lanzaron seis granadas, según el experto.

Por la elaboración y la planeación rigurosa de la acción, el perito cree que los militares contaron con alguien que les dio información desde el interior del grupo atacado, función que habría desempeñado Luis Eduardo Betancourt, el civil muerto que sostuvo comunicación con miembros del Batallón de Alta Montaña hasta cinco minutos antes del ataque. También sugiere la presencia de un coordinador con capacidad decisoria en el grupo que ataca, responsabilidad que, según el perito, recaería sobre el coronel (r) Carvajal.

Con el testimonio de este experto, la Fiscalía prácticamente ya mostró todas sus cartas en el caso. Ahora llega el turno a la defensa de los militares, que intentará desvirtuar las pruebas. El caso de Jamundí finalmente entró en la etapa de la hora de la verdad.