Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/06/29 09:00

Golpes bajos en la Justicia

Tres microguerras contra magistrados y fallos judiciales revelan la gravedad de lo que pasa en las altas cortes.

Manuel José Cepeda / Luis Fernando Álvarez. Foto: Guillermo Torres - Semana / Cortesía El Espectador

En la cúpula de la Justicia apareció un nuevo síntoma de deterioro que preocupa: se están presentando choques muy particulares entre la élite, es decir, entre magistrados, fiscales y procuradores de alto rango, que no dejan bien parada a esta rama del poder público.

No se trata de los choques de trenes famosos en la década pasada o de los recientes debates con tintes ideológicos en los que se ha enfrascado el procurador Alejandro Ordóñez con el fiscal Eduardo Montealegre y con la Corte Constitucional.

Se trata ahora de un fenómeno pocas veces visto y consiste en que algunos magistrados y otros operadores han puesto las herramientas de la Justicia a su servicio, para utilizarlas como una especie de retaliación contra sus propios colegas.

Primero salió a relucir el caso del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga contra la fiscal delegada ante la Corte Martha Lucía Zamora. Pero hay otros episodios que el país aún no conoce. 

Por un lado, se ha desatado una guerra jurídica contra los conjueces que sacaron el histórico fallo que tumbó las pensiones privilegiadas de congresistas y magistrados. Y por otro lado, el procurador le avisó a la Corte Constitucional que “por falta de plata” no podría acatar un fallo de ese alto tribunal y también pidió la nulidad de la mencionada sentencia de las pensiones porque, como ha dejado saber, no está de acuerdo con ella.

Las peleas no son una simple anécdota. En unos casos buscan echar para atrás logros importantes del Estado, como el de los privilegios de las pensiones que atenta contra la salud fiscal del país. En otros casos buscan sacar del camino o torpedear a quienes han demostrado ser funcionarios valiosos, como la fiscal Zamora o los conjueces Manuel José Cepeda y Luis Fernando Álvarez. Y, en últimas, esas tácticas son un pésimo ejemplo para el país sobre todo cuando vienen de parte de figuras que, como los magistrados, otrora eran símbolo de seriedad y respeto.

Como dijo el fiscal Eduardo Montealegre: “Estos temas recuerdan la literatura satírica del ‘mundo al revés’. Estamos ante un espectáculo en el cual personas con graves cuestionamientos se convierten en jauría de caza contra funcionarios honestos”.

1) La postguerra por el fallo de pensiones

Lograr que la Corte Constitucional le metiera el diente al tema de los privilegios de las pensiones de congresistas y magistrados fue toda una batalla. Desde que el gobierno Santos llegó al poder lo intentaron, los ministros y el propio presidente, por todos los medios. Pero la Corte Constitucional no seleccionó varias tutelas y cuando ya no pudo evitar el caso, a la hora de dar el fallo se lavó las manos diciendo ‘paso’. ¿Por qué? Meterse con el tema implicaba ganarse cientos de enemigos entre los damnificados, que serían nada más y nada menos que los más poderosos de la propia rama judicial y del Congreso.

Se tuvo que armar prácticamente otra Corte Constitucional para poder fallar. De los nueve titulares solo estuvieron cuatro, los otros se declararon impedidos y se nombraron cinco conjueces que finalmente tumbaron esos privilegios de las mesadas. Cabe anotar que esos conjueces conforman un verdadero dream team de la Justicia: Juan Carlos Henao, rector del Externado; Luis Fernando Álvarez, vicerrector de la Javeriana; Alejandro Venegas, vicerrector del Rosario; Manuel José Cepeda, exmagistrado, y Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia.

El fallo se conoció hace poco más de un mes y ahora se ha desatado una curiosa guerra contra algunos de ellos. Primero la emprendieron contra el exmagistrado Manuel José Cepeda. Un anónimo hizo llegar a todos los medios de comunicación un contrato de asesoría jurídica que tiene él con la Presidencia de la República. Según sus contradictores, ese contrato lo inhabilitaba para ser parte del grupo de conjueces porque el gobierno estaba interesado en tumbar dichas pensiones. No solo tiene algo de absurdo el argumento, sino que Cepeda en su momento se declaró impedido pero sus compañeros no le aceptaron el impedimento.

Luego enfilaron baterías contra el también conjuez y sacerdote jesuita Luis Fernando Álvarez Londoño. Su caso es también insólito. Aprovechando una tutela que puso un cura de Pereira, el Consejo de Estado decidió compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investigue a Álvarez. 

La explicación es la siguiente: un sacerdote de Pereira hace tres años fue destituido de su cargo de juez por el Consejo de la Judicatura con el argumento de que no se puede ser cura y juez al mismo tiempo porque “puede afectar la imparcialidad y la independencia”. Este mismo sacerdote, cuando se enteró de que Álvarez había sido nombrado conjuez de la Corte Constitucional interpuso una tutela que llegó al Consejo de Estado alegando que se había violado el principio de igualdad. 

El Consejo de Estado le negó la tutela pero decidió mandar el caso a la Comisión de Acusaciones para que investigue si el padre Álvarez incurrió en alguna irregularidad.

Llama la atención que quien compulsó las copias fue el magistrado Gustavo Gómez Aranguren, uno de los perjudicados por el fallo de las pensiones y quien ha utilizado duros términos para referirse a los magistrados que profirieron el fallo.

No deja de ser preocupante que juristas reconocidos por su honestidad y verticalidad ahora estén contra las cuerdas y teniendo que atajar denuncias por un fallo que está en total sintonía con el bien público y le pone freno a desmedidos intereses particulares. Los pájaros tirándoles a las escopetas.

Y eso no es lo único. La artillería contra el histórico fallo de pensiones también incluye dos solicitudes de cacaos de la Justicia para que se anule el fallo. La primera, de la Asociación de Exmagistrados que trata de poner en duda a los conjueces: “Dos de ellos estaban incursos en causales de impedimento”. Y la segunda de la viceprocuradora general, Martha Isabel Castañeda.

2) Un magistrado con rabo de paja

La segunda microguerra se desató cuando el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, decidió dictar pliego de cargos por los presuntos delitos de prevaricato por acción y abuso de autoridad contra la fiscal Martha Lucía Zamora, por el proceso de la Fiscalía contra Sigifredo López, a quien señaló equivocadamente de ser uno de los autores del secuestro de sus colegas en la asamblea del Valle. 

Zamora, coordinadora de los fiscales delegados ante la Corte, uno de los más altos cargos en el búnker, dijo en su momento: “Espero que esto no sea una retaliación en mi contra” y recusó al magistrado Villarraga con el argumento de que su despacho tiene una investigación abierta de tiempo atrás contra él por el ‘carrusel’ de pensiones en la Judicatura.

Es cierto que en el proceso que la Fiscalía le abrió a Sigifredo López se cometieron errores y probablemente abusos. Pero lo que despertó todo tipo de suspicacias es que el magistrado Villarraga no se hubiera declarado impedido para corregir la plana a la fiscal Zamora teniendo en cuenta que no solo es uno de los protagonistas del bochornoso escándalo del carrusel de las pensiones, sino que también es un reconocido exsocio y aliado del registrador nacional, quien hasta hace poco estaba siendo investigado por la misma fiscal.

El caso escaló a un punto en que el propio fiscal general, Eduardo Montealegre, hizo pública su preocupación. Luego del chaparrón, Villarraga pidió ponerse al margen de la investigación. 

3) La desobediencia del procurador

El episodio más reciente del toma y dame en la élite de la Justicia tiene que ver con la renuencia del procurador Alejandro Ordóñez, una vez más, a cumplir una orden de la Corte Constitucional. Esta vez se trata de un fallo de febrero pasado con el cual el alto tribunal le pide al procurador que aplique concurso de méritos para ocupar los cargos en la Procuraduría y dejen de ser cargos de libre nombramiento y remoción.

Lo que puede parecer una petición obvia, hoy no se aplica porque la Procuraduría perdería una buena parte de su encanto burocrático. La Procuraduría tiene 400 cargos de más de 18 millones de pesos y 300 más de 10 millones de pesos. Y de estos, muchos se reparten a familiares o amigos de congresistas o allegados al procurador.

El procurador Ordóñez, entonces, le respondió a la Corte Constitucional que no puede hacer lo que le pide el fallo porque no tiene plata para hacer los procedimientos de calificación especiales que se necesitan para evaluar a los aspirantes. “Lo ordenado por la Corte implica erogaciones económicas que deben ser moderadas para evitar un daño en las finanzas del Ministerio Público”, dice la Procuraduría.

Esta no es la primera vez que el procurador Ordóñez apela a excusas para tratar de hacerle el quite a órdenes de la Corte Constitucional, que como en este caso buscan el bien público o protegen derechos. Ya ocurrió lo mismo con el fallo que permite el aborto en tres casos y como se mencionó antes con la petición de nulidad del fallo de las pensiones. 

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