Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/01/12 21:00

El militar que recibió la orden para que ‘no apareciera el chaleco’

Se cree que en esta grabación el coronel (r) Edilberto Sánchez, condenado a 40 años, recibió una orden cifrada para desaparecer personas del Palacio de Justicia.

El coronel (r) Edilberto Sánchez fue condenado a 40 años de cárcel por desaparición forzada. Foto: Semana

En la frase “si está la manga no aparezca el chaleco” quedó inmortalizada parte de la dolorosa tragedia del Palacio de Justicia. Peritos interrogados por la Fiscalía concluyeron que se trató de una orden cifrada para desaparecer civiles. La escalofriante afirmación se le ha atribuido a muchos de los militares que han sido llamados a juicio por estos hechos, cuando lo cierto es quien la pronunció nunca fue juzgado por estos acontecimientos, pues murió en el curso de las investigaciones.



Su autor fue el coronel Luis Carlos Sadovnik, quien en su momento era el segundo al mando de la Brigada XIII del Ejército y quien falleció de un infarto en agosto del 2009, cuando había sido llamado a indagatoria por estos acontecimientos. Quien recibió esa orden aparentemente oculta de desaparición fue el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, el excomandante del B-2 que acaba de ser condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de tres personas durante el holocausto del Palacio de Justicia.

Cuando la Fiscalía decidió vincular a los integrantes de B-2 de la Brigada XIII a la investigación por estos acontecimientos, lo hizo teniendo en cuenta que sus miembros eran los encargados de identificar a probables colaboradores de la guerrilla que trataran de infiltrarse en el grupo de rehenes que iban siendo liberados, en medio del fuego cruzado con la guerrilla.

Una grabación fue el testimonio más contundente de la participación de esa célula castrense durante el operativo. En ella se escucha una conversación entre el jefe del estado mayor conjunto de la Brigada (Luis Carlos Sadovnik) y el comandante de inteligencia de ese mismo organismo (Edilberto Sánchez Rubiano).

La Fiscalía la obtuvo, gracias a las labores de radioaficionados que adelantaban reconocidos periodistas que, como Erbin Hoyos y Ramón Jimeno, lograron interceptar la señal de los equipos de comunicación que utilizaron las Fuerzas Militares en ese operativo. Las piezas de audio fueron aportadas al proceso y se convirtieron en pieza fundamental a lo largo de este proceso judicial.

Quienes intervienen en el diálogo son los coroneles (r) Luis Carlos Sadovnik y Edilberto Sánchez Rubiano. En él se evidencia que los exuniformados intentan evitar que los guerrilleros y sus probables cómplices pudieran mezclarse con los civiles que eran trasladados a la Casa del Florero.

De ahí que Sadovnik inicie el diálogo invitando a su interlocutor a que identifique el rostro Luis Otero, quien encabezó el comando del M-19 que se tomó el complejo judicial. El jefe del estado mayor conjunto le pidió a Sánchez que lo identificara al comandante rebelde en fotografías proporcionadas por medios de comunicación. El objetivo era que comparara su fisonomía con las de las personas que eran llevadas a la Casa del Florero.

En respuesta, Sánchez le lee el nombre de uno de los rehenes y le explica por qué no puede ser tenido como sospechoso, pues no hay evidencia que así lo sugiera.

Además, le aclara que la única persona identificada como parte del grupo subversivo es una abogada. Según la Fiscalía, esa profesional del derecho a la que el militar se refiere (r) como probable integrante del grupo insurgente es Irma Franco.

Sadovnik cierra la conversación con la escalofriante directriz: “Esperemos que si está la manga no aparezca el chaleco”. Se cree que la frase constituye una orden clara de desaparición que en su momento fue fundamental para rearmar el rompecabezas de lo ocurrido en la operación que permitió recuperar el Palacio.

Las interceptaciones y los testimonios de militares y algunas víctimas condujeron a establecer la responsabilidad de Sánchez Rubiano en estos hechos. De ahí la condena en su contra a 40 años de prisión, que también cobija a su exsubordinado, el mayor (r) Óscar William Vásquez.

Para la Fiscalía, terminó siendo evidente la responsabilidad de los integrantes del B-2 en el ilícito, porque está convencida que las personas que desaparecieron fueron conducidas a una sala que, a pesar de funcionar dentro de la Escuela de Caballería, era dirigida por la inteligencia (el B-2). Se dice que allí fueron interrogados, torturados y finalmente desaparecidos.

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