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| 8/6/2014 12:00:00 AM

¿Granda y Santrich al Congreso?

De los voceros de la guerrilla en La Habana solo ellos estarían habilitados para participar en política, según el Marco Jurídico para la Paz.

Una de las inquietudes generalizadas alrededor del proceso de paz es sin duda la participación en política de los guerrilleros, en caso de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto. 

Este miércoles, la Corte Constitucional, al declarar exequible el marco jurídico para la paz, resolvió en parte el interrogante: ningún guerrillero, condenados por delitos atroces, podrá ser elegido.

Quizás por eso, el marco para la paz, la fórmula diseñada por el Congreso para ofrecer mecanismos de justicia transicional a los guerrilleros, ha sido rechazada de forma reiterada por los voceros de las FARC en La Habana. 

Los máximos cabecillas de la guerrilla que se encuentran en negociaciones con el gobierno, en su mayoría, han sido acusados e incluso condenados por delitos atroces así no hayan sido los directos responsables, pero por la llamada cadena de mando, todos aquellos integrantes del secretariado están comprometidos con delitos atroces. Su propósito en la mesa es, por supuesto, evitar la cárcel, y tener vía libre a la participación en política, y por qué no, llegar hasta el Congreso.

Los opositores al proceso de paz en Colombia han rechazado la posibilidad de que los cabecillas de la guerrilla puedan asomarse al Capitolio. El gobierno, que ha dicho que en el proceso de paz no habrá impunidad, aún no ha dicho si de llegar a un acuerdo qué tipo de penas pagarían los guerrilleros. Eso será asunto del Congreso, aunque el fiscal general, Eduardo Montealegre, ya ha propuesto hasta el trabajo social como pena alternativa.

Aunque estas discusión tendrá numerosos y futuros escenarios, lo cierto es que con el aval constitucional al marco legal para la paz ya existen condiciones para que los desmovilizados puedan participar en política. 

Según lo ratificado por la Corte Constitucional ninguno de los cabecillas podrá hacerlo. 

Roy Barreras, autor del Marco para la Paz aclaró que “los máximos responsables” de “todos los delitos de lesa humanidad”, a los que se les aplicaría las sanciones de la justicia transicional, no tendrán posibilidad de hacerse elegir. La Constitución, según el artículo 122, impide a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o por narcotráfico, desempeñar cargos públicos. 

Entonces el escenario de la vocería política quedaría reducido a quienes solo tengan como saldo pendiente con la justicia la pertenencia a la guerrilla. Muchos consideran que quedaría reducido a guerrilleros rasos. 

Pero según los alcances del Marco para la Paz, hay una figura relevante para las FARC que podría superar todos los filtros para poder tener vocería política, incluso, ostentar una curul en el Congreso. Ese sería Rodrigo Granda, el llamado ‘canciller’ de esa guerrilla.

Granda fue capturado por autoridades colombianas en territorio venezolano a comienzos del 2004. Fue procesado sólo por el delito de rebelión, aunque tiene abiertas investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito y una en Paraguay por su presunta responsabilidad en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente de ese país Raúl Cubas. 

Granda no tiene en su ‘prontuario’ delitos de lesa humanidad, ni homicidios culposos. Tampoco puede ser responsable de graves actos perpetrados y atribuidos por la justicia a las FARC porque, a pesar de ser una persona cercana al secretariado de esa guerrilla (como miembro de la Comisión Internacional del grupo armado ilegal), no tiene ningún cargo en la jerarquía militar de esa organización ilegal ni estructura de mando. 

El ‘canciller de las FARC’ salió de la cárcel en junio del 2005, y fue hasta cuando, en una controvertida decisión, el presidente Álvaro Uribe autorizó la excarcelación de casi 200 guerrilleros, tras una petición del entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, con el propósito de facilitar una liberación de Íngrid Betancourt. Actualmente, de Granda se dice que está en territorio venezolano. 

Su importancia para las FARC ha quedado demostrada también en los PC de 'Raúl Reyes', con quien tenía comunicación al menos cada semana. 

En los informes de inteligencia colombianos, Granda, quien nació en Frontino, Antioquia, figura como hombre de confianza de Luis Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, considerado el segundo comandante de mayor poder en las FARC después de ‘Tirofijo’, el máximo cabecilla de la organización.
 
Granda acompañó a 'Raúl Reyes', 'Marco León Calarcá', el 'Cura Camilo' y 'Olga Marín', compañera sentimental de ‘Raúl Reyes’ e hija de Manuel Marulanda Vélez. Se inició en las FARC hace más de 30 años, cuando apenas cursaba segundo año de bachillerato. De acuerdo con los registros de los organismos de seguridad, antes de su captura, Granda habría realizado 200 viajes en los últimos 10 años a países europeos y latinoamericanos en búsqueda de apoyo para el movimiento guerrillero.
 
Y el otro podría ser Seusis Pausivas Hernández. Conocido con el alias de ‘Jesús Santrich’ y el que respondió con un “quizás, quizás, quizás” el interrogante de si las FARC reconocerían a sus víctimas, tiene solo tres órdenes de captura . Es miembro del Estado mayor Central de las FARC y ha sido mano derecha de Iván Márquez, el jefe del Bloque Caribe. 

Nació en Sucre en 1967, creció en Pasto, estudió en la Universidad de Atlántico en Barranquilla. Fue personero de Colosó (Sucre). Militó en la Unión Patriótica y a los 21 años se unió a las FARC. 

Hasta antes de iniciarse los diálogos entre la guerrilla y el gobierno, Santrich se localizaba en Venezuela, junto a la frontera con Colombia. Apareció en una polémica foto cuando Piedad Córdoba adelantaba gestiones humanitarias para liberar a los secuestrados, amparadas por el fallecido presidente de ese país Hugo Chávez. Es el encargado de la comunicación de la guerrilla a través de la red clandestina de emisoras de las FARC como la Cadena Radial Bolivariana. 

Son apenas algunos rasgos para señalar a Granda o Santrich como los desmovilizados que eventualmente podrían participar en política, a la luz del Marco Jurídico para la Paz.
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