Viernes, 20 de enero de 2017

| 2006/02/05 00:00

Y el gringo ahí...?

El veto a Rocío Arias y Eleonora Pineda despierta temores de indebida intromisión del Tío Sam en la campaña electoral colombiana.

Rocío Arias no solamente ha defendido el proceso de paz con las AUC. También ha apoyado una reforma constitucional para volver a prohibir la extradición, iniciativa de muy mal recibo en Estados Unidos Eleonora Pineda y Rocío Arias fueron elegidas al Congreso en zonas de influencia ‘para’ con el apoyo de poderosas organizaciones electorales. Su apoyo a la negociación con las AUC ha sido abierto y franco

La expulsión de Rocío Arias y Eleonora Pineda de las listas de Colombia Democrática revolvió un avispero de consecuencias impredecibles. El anuncio fue hecho el jueves por Mario Uribe, líder del partido y leal primo del Presidente de la República. Lo formuló en forma discreta y prudente, con el fallido deseo de bajarle el tono. Evitó alusiones a temas espinosos y se abstuvo de lanzar acusaciones contra Arias y Pineda. Sin embargo, estas últimas encendieron la mecha cuando afirmaron, a los cuatro vientos y con lágrimas, que su expulsión se debía a presiones de Estados Unidos.

El senador Uribe había recibido a las dos congresistas el año pasado, cuando otros partidos uribistas, La U y Cambio Radical, les habían negado el ingreso a sus listas. Con vehemencia, el senador Uribe había defendido entonces su decisión, con el argumento de que contra ellas no existía ningún proceso ni había acusaciones por actos delictivos. En las últimas semanas, sin embargo, empezaron a circular versiones en el sentido de que los jefes de partidos o movimientos que aceptaran a candidatos mal vistos en Washington podrían tener problemas con sus visas. El senador le pidió una cita al embajador de Estados Unidos, William Wood, quien lo recibió y en lenguaje muy diplomático, sin referirse a casos particulares y sin amenazas directas, le dejó el sabor de que la historia podía tener algo de cierta. Para evitar riesgos innecesarios, Mario Uribe cambió su posición del año pasado y marginó a Rocío Arias y Eleonora Pineda de las listas a Senado y Cámara de Colombia Democrática. ¿Qué papel está desempeñando Estados Unidos en este proceso electoral? ¿Está acaso vetando nombres? ¿Está sólo manifestando su preocupación por la infiltración del paramilitarismo en la política? ¿Está interviniendo en los asuntos internos de Colombia o es sólo la expresión de unas preocupaciones legítimas que tienen todos los colombianos?

La eventual intervención del gobierno gringo en las elecciones es un fantasma que asusta. Arias y Pineda son controvertidas, hablan claro y tienen línea directa con líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las dos fueron elegidas hace cuatro años en regiones donde no tenían arraigo electoral y donde había una fuerte presencia de grupos paramilitares. Y Rocío Arias ha propuesto en forma coincidente reformar la Constitución para volver a prohibir la extradición de nacionales, y formó parte de una iniciativa de varios extraditables detenidos en la que proponían una negociación con narcos, con visos de perdón, olvido y no extradición.

No obstante, Arias y Pineda han sido el rostro menos oscuro del paramilitarismo y la punta de lanza del proceso de transformación de las AUC en movimiento político. Si Rocío Arias y Eleonora Pineda están en la mira de Washington, se podría pensar que detrás vendrán muchos más. El famoso 35 por ciento de miembros del Congreso que tiene algún tipo de lazo con los paras tendría que poner las barbas en remojo. Y de paso, las perspectivas de que un Mancuso ó un Báez ingresen a la política o que ocupen el día de mañana una curul, serían mucho más lejanas de lo que ellos aspiran.

El episodio de Arias y Pineda podría tener como epílogo su incorporación a alguno de los otros partidos o movimientos uribistas. Carlos Moreno de Caro, quien se presentará a las elecciones con movimiento propio, les ofreció recibirlas, lo mismo que Convergencia Ciudadana, liderado por el controvertido senador Luis Alberto Gil. En el primer caso, la lista es cerrada, lo cual no resulta atractivo para Arias y Pineda, porque no podrían hacer valer su electorado propio. Al no existir la opción del voto preferente, terminarían empujando a la cabeza de la lista, Moreno, y ayudándole a conquistar el mínimo de votos necesarios para poder participar en la distribución de curules (el famoso umbral de 2 por ciento para Senado).

Pero, más allá del incierto futuro de estas dos polémicas congresistas, la pregunta es si su expulsión de Colombia Democrática es una tempestad en un vaso de agua o la punta de un inmenso iceberg. No se puede pasar por alto que Arias y Pineda han sido defensoras de una de las banderas más discutidas del actual gobierno, como es el proceso de negociación con las AUC. Y que el senador Uribe tiene lazos políticos, estratégicos, sentimentales y sanguíneos muy fuertes con el primer mandatario. ¿Por qué estaría interesado Estados Unidos en entrometerse en el proceso electoral de Colombia, cuando se han cruzado de brazos ante victorias de candidatos antiestadounidenses como Hugo Chávez, en Venezuela, o Evo Morales, en Bolivia?

Desde hace algunos años, Estados Unidos ha adoptado la política de no intervenir en procesos electorales. En los tiempos que corren después de la caída del muro de Berlín, la oposición utilizaría en su favor la crítica a cualquier gobierno, demócrata o republicano, que irrespete las reglas de la democracia formal. El viernes pasado, el vocero del Departamento de Estado Sean McCormack volvió a reiterar este principio: "No hemos revisado y no revisaremos las listas colombianas de candidatos. Tal acción sería contraria a nuestros muy arraigados principios democráticos", dijo.

La antipática práctica de seleccionar en forma arbitraria candidatos buenos y malos en las elecciones de otros países ha demostrado, además, ser contraproducente. En más de una ocasión, la crítica de Washington contra un político latinoamericano les ha generado valiosas solidaridades y atractivas credenciales nacionalistas. Evo Morales se catapultó en la política boliviana, gracias en parte a unas desafortunadas declaraciones del embajador gringo en las elecciones bolivianas de 2002. No por coincidencia, Rocío Arias reaccionó el jueves pasado con agresivas declaraciones sobre la inconveniencia de que los Estados Unidos "nos impidan tomar nuestras propias decisiones".

La vigencia de esta nueva posición discreta se reflejó en la llamada que le hizo el presidente George W. Bush a Morales para felicitarlo por su reciente triunfo. Además, el crecimiento de la corriente anti Bush en América Latina convierte en más valiosa aún la alianza con el gobierno de Álvaro Uribe. Con nuevos datos sobre la radicalización de Chávez contra Washington, sería un error debilitar los vínculos entre Estados Unidos y Colombia. El jueves pasado, en vísperas de una nueva visita a Cuba, Chávez expulsó al agregado naval de la embajada gringa, John Correa, por supuesta participación en actividades de espionaje, y amenazó con "retirar toda la llamada misión militar" de ese país en Caracas, y un día después, el Departamento de Estado respondió con igual medida contra Jeny Figueredo, jefe de gabinete del embajador venezolano ante la Casa Blanca.

La posición favorable del gobierno Bush hacia Álvaro Uribe y su disposición de cooperar con Colombia no han cambiado. Pero esta alianza tiene límites, impuestos por la sensibilidad que existe en Washington frente a los temas de narcotráfico y paramilitarismo. Estas susceptibilidades, además, se alborotan en un año de elecciones como el actual: en noviembre se elegirá una nueva Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. Bush está en el punto más bajo de su popularidad -39 por ciento, según encuestas publicadas la semana pasada- y los demócratas aprovecharán cualquier oportunidad para intentar cambiar las mayorías que actualmente tiene el partido republicano en ambas cámaras. A su vez, la Casa Blanca desde ahora buscará blindarse frente a cualquier vulnerabilidad. Y los contribuyentes en los diversos estados, que en noviembre también serán electores, querrán saber si los 4.500 millones que le han dado a Colombia desde el año 2000 han sido efectivos para combatir el narcotráfico.

El complejo clima político de Washington explica ciertas posiciones duras del gobierno Bush contra Colombia, su principal aliado en América Latina. En el Congreso hay inquietudes sobre las contradicciones que existen en materia de cifras sobre la reducción de cultivos ilícitos y sobre las posibilidades de que las desmovilizaciones de frentes de las AUC no conduzcan al desmantelamiento de sus estructuras. En diciembre pasado, el presidente del comité de relaciones exteriores del Senado, el republicano Richard Lugar, les envió a sus colegas un informe amplio sobre la 'Marcha del Plan Colombia', que tiene elementos duros y críticos. El documento es el resultado de la visita al país de Carl Meacham, quien asesora al senador Lugar en materia de asuntos hemisféricos.

El momento es decisivo. El año pasado, el gobierno colombiano le solicitó al Departamento de Estado una extensión del Plan Colombia, que formalmente expira en 2006. La decisión dependerá, en parte, de los resultados de las políticas financiadas con los dineros gringos. La lupa estará sobre el país. Y según el informe del senador Lugar, hay algunos motivos de preocupación. En concreto, la falta de evidencia definitiva sobre la reducción de las ventas de drogas ilícitas y la posibilidad de que los paramilitares (responsables, según el texto, del 40 por ciento de dichas exportaciones) puedan seguir controlando sus áreas de influencia después de la desmovilización y la entrega de armas. Lugar, en su informe, también le recomienda a Bush "que el gobierno de Estados Unidos le pida al de Colombia la seguridad de que los acuerdos de extradición no se verán debilitados por la Ley de Justicia y Paz". En plata blanca, esto significa que si los voceros colombianos no presentan argumentos convincentes sobre los avances que se han logrado, con la cooperación bilateral, en drogas y paramilitarismo, la continuidad de la ayuda se podría poner en peligro.

Hay otros indicios que demuestran que en el Congreso de Estados Unidos los asuntos colombianos han alcanzado una gran visibilidad. A raíz del escándalo que suscitaron las versiones de la Presidencia de la República sobre una supuesta (pero no probada) acción del precandidato liberal Rafael Pardo conjuntamente con las Farc y contra la reelección de Uribe, un grupo de congresistas redactó una dura carta que iba a ser pública y que cuestionaba al gobierno. Iba dirigida al propio Presidente de la República. El mensaje, finalmente, no fue enviado. Pero el hecho de que se haya considerado es elocuente sobre lo costosos que pueden resultar en Washington los papayazos que se envíen desde Bogotá.

Las connotaciones de la alianza entre Estados Unidos y Colombia también se tienen que evaluar en su justa dimensión. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) acaba de ser nuevamente pospuesta. Más allá de los desacuerdos sobre asuntos fundamentales en materia agrícola y de propiedad intelectual, la dilatación del punto final significa que las expectativas del gobierno colombiano sobre un tratamiento especial, justificado en sus vínculos políticos, podían ser exageradas. En la mesa se imponen criterios técnicos y los cambios que se han producido en la conformación de la delegación estadounidense no se han reflejado en modificaciones en sus posiciones. Hasta el momento, Estados Unidos le exige a Colombia las mismas concesiones que aceptaron Perú y otros países que ya concluyeron sus respectivos TLC. En materia de comercio, Colombia no es un caso excepcional.

En un panorama de esta naturaleza, con campañas electorales aquí y allá y con la renovación del Plan Colombia en pleno estudio, las relaciones no pueden ser un nido de rosas. Ni la química entre los presidentes Uribe y Bush, ni el valor geoestratégico que significa una Colombia progringa en una América Latina que gira a la izquierda, van a evitar la mirada cercana y exigente de Washington (tanto del gobierno Bush como del Congreso y de la oposición demócrata) sobre la infiltración de la droga y los paras en la política. El actual proceso electoral se sigue con especial atención por un grupo de funcionarios al cual se sumó hace poco la ex embajadora en Bogotá Anne Patterson, quien no solamente conoce las minucias de la realidad colombiana de primera mano, sino que ostenta la influyente posición de subsecretaria de Estado para asuntos de terrorismo y narcotráfico.

¿Significa todo esto que el Tío Sam meterá la mano en las elecciones? No lo hará en términos abiertos. Sabe que no le conviene. Tampoco favorecerá a ningún partido o grupo. Y hasta tratará de evitar acciones que den la apariencia de una injerencia indebida. Pero hay un campo abonado para incidentes y rifirrafes. Ya se han producido varios. Antes del lío sobre Arias y Pineda, el presidente Uribe y el embajador William Wood habían tenido, el pasado 16 de diciembre, una dura pelea pública. Uribe reaccionó en forma airada, excepcional en sus posiciones frente a Estados Unidos, ante una declaración del diplomático de la Casa Blanca en el sentido de que los jefes paramilitares que están tratando de intervenir en la campaña no debían recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Unos meses atrás, el 29 de septiembre, Wood había expresado su malestar por la decisión de Uribe de suspender la extradición de Diego Fernando Murillo, alias 'don Berna', que generó inicialmente el traslado del reo a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. Esta decisión motivó una dura reacción de la cúpula de las autodefensas y políticos como Rocío Arias. Días después, 'don Berna' fue trasladado a Itagüí.

En lo que se refiere a la campaña electoral, es casi seguro que habrá nuevos motivos de tensión. La reciente alusión a las visas como mecanismo de coacción -ese 'as' que se utilizó con tanta frecuencia en el proceso 8.000- tiene nerviosos a más de uno. Hasta el momento, la política de Estados Unidos no ha sido la de restringirles la entrada a peces chicos, sino a figuras simbólicas como el ex presidente Samper, el ex contralor David Turbay, generales y congresistas. Por eso los dueños de los bolígrafos con que se están haciendo las listas son los primeros que tienen que cuidarse. La ley estadounidense, después del 11 de septiembre, es particularmente exigente con quienes apoyan a personajes vinculados a las organizaciones que el Departamento de Estado califica como terroristas. Las AUC están en esa lista. Más allá de si existe o no el propósito de influir en las elecciones, hay suficientes motivos para que la mano del Tío Sam se sienta con todo su peso en los próximos meses.

Los resultados pueden ser de doble vía. La espada de Damocles que ya quedó colocada después de las expulsiones de Arias y Pineda puede contribuir a depurar aun más las listas de candidatos. Otra hipótesis es que el episodio pase a un segundo plano y los aspirantes con inclinaciones proparas logren colarse. En este último caso se incubaría un germen de proceso 8.000 para el futuro. En cualquier caso, la tempestad que desató Mario Uribe no fue un hecho aislado, sino un recordatorio de lo explosivas que son las relaciones entre paramilitarismo y política. n

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