Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 8/28/2010 12:00:00 AM

Grito de independencia

La discusión sobre la autonomía de la región Caribe es la punta de lanza de unas aspiraciones regionales necesarias pero llenas de peligros.

En los últimos días, muchos colombianos se enteraron de algo que creían que solo sucedía en otras latitudes. Que algunas regiones del país tenían pretensiones de contar con un sistema de autogobierno, bastante independiente del poder central, comparable en cierta forma a los que durante años han buscado movimientos independentistas como el del País Vasco en España, el de Puerto Rico en Estados Unidos o el de Québec en Canadá. Esta realidad salió a flote cuando, la semana pasada, una serie de dirigentes de la costa reivindicaron una papeleta que obtuvo dos millones y medio de votos en las elecciones de marzo y que fue interpretada como un apoyo del constituyente primario a una mayor soberanía regional. Fuera de la costa Atlántica, el resto de las regiones no habían pensado recientemente en la posibilidad de dar un grito de independencia ni habían expresado tales niveles de frustración política.

Aunque el tema de la Región Caribe venía sonando hace más de un año, la tensión entre quienes defienden su autonomía inmediata y quienes creen que esta aún no debe darse surgió el 20 de agosto, cuando el ministro del Interior, Germán Vargas, presentó el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial (Loot) en Barranquilla. Durante su presentación salieron a flote las diferencias entre la iniciativa del gobierno y la propuesta por los promotores de la Región Caribe, en cabeza del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

Vargas expuso el interés del gobierno en reconocer a las regiones como entes administrativos y de planeación. Sin embargo, insistió en que, por ahora, estas no deben tener ni burocracia, ni nuevas instituciones como supragobernadores o asambleas regionales propias. En su criterio, esto tendría costos millonarios y es mejor invertir todos los recursos posibles en el Fondo de Compensación que crea el proyecto de ley para atender necesidades de la periferia. "En la costa es más prioritario tener agua, alcantarillado, carreteras y empleo, que contar con una asamblea y un supragobernador", insistió Vargas Lleras.

Las razones del Ministro no fueron bien recibidas por algunos sectores de opinión en el Caribe, para quienes el argumento económico es un pretexto para justificar la supremacía de las decisiones que se toman desde Bogotá. Este descontento fue ratificado en un editorial de El Heraldo que se tituló "¿Conejo?", que sostuvo que el proyecto del gobierno no cumple con la intención del voto caribe, que es centralista, y que no responde al deseo ciudadano de tener autoridades regionales propias. "El proyecto termina siendo un saludo a la bandera", dice el escrito. Con él coinciden el presidente del Observatorio del Caribe, el ex contralor Antonio Hernández, el economista Adolfo Meisel y otros líderes de la costa que les han pedido a los congresistas dar la batalla para ampliar los alcances de la ley.

En Colombia, la historia de las tensiones entre el gobierno central y las regiones no es nueva. Las pugnas entre los poderes regionales surgieron poco antes de la independencia, cuando el territorio aún era el Virreinato de la Nueva Granada. El Caribe fue pionero de estas rivalidades: en 1809 ya había nacido un movimiento que reclamaba más autonomía para Cartagena frente al poder de Santa Fe de Bogotá.

Cuarenta años después, el debate sobre la autonomía regional se entrecruzó con las lealtades partidistas y determinó recurrentes cambios constitucionales que oscilaban entre el centralismo y el federalismo. Así, mientras la Constitución de 1863 recogió el espíritu liberal y estableció un sistema político federal, la Carta de 1886 dio paso a una visión conservadora y centralista que tuvo una vigencia de 100 años. En reacción a este centralismo, a comienzos del siglo XX se gestó la Liga Costeña, un grupo de dirigentes económicos que reivindicó a capa y espada los intereses económicos de la región.

En 1968, una reforma constitucional dio a los departamentos un mayor control de los recursos de salud y educación con la figura del situado fiscal. Y en 1985, junto con la Región de Planificación de la Costa Atlántica, se crearon comités de planificación -Corpes- en otras regiones. Finalmente, la Constitución de 1991 reconoció la posibilidad de que las regiones se conviertan en entidades autónomas con presupuesto propio. Además, determinó el pago de regalías a los departamentos productores de recursos naturales no renovables. Pero la regionalización en Colombia no solo responde a posturas políticas, sino también a una tendencia natural. Desde un inicio, la marcada diversidad cultural y económica, sumada a la difícil geografía, consolidó seis regiones: la Caribe, la Central, la Nororiental, la Pacífica, la Sur y la Orinoquia, cada una con características sociales y productivas propias. Así mismo, se puede hablar de otras subregiones, como la Región Capital o la del triángulo del café, en la que se conectan Caldas, Quindío y Risaralda.

La regionalización también responde a una tendencia económica universal complementaria a la globalización. Es la homogeneidad en los territorios la que permite articular metas comunes de crecimiento, trabajar con una infraestructura común y proyectar decisiones políticas similares. No en vano, las potencias económicas parten de la especialización regional para conectarse con el mundo. "En Asia, el regionalismo ha sido un modo de acelerar el ritmo de la inversión. Las regiones han aprovechado sus recursos y formas de trabajo, compitiendo entre sí y sin estar sujetas a las fronteras nacionales", dice Richard Falk, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Princeton.

Sin embargo, la autonomía regional también tiene sus riesgos, sobre todo en contextos donde la institucionalidad estatal ha sido tan frágil. En Colombia, los presupuestos de los actores armados se han multiplicado con los recursos estatales, como ocurrió con la guerrilla y las regalías en Arauca. Por si fuera poco, mafias ligadas al narcotráfico, a las guerrillas y a los paramilitares se han aliado con actores regionales para acceder al poder estatal. En el Caribe, y en el resto del país, esto se hizo evidente con la fuerza que tomó el fenómeno de la parapolítica, que terminó por capturar las rentas del Estado para alimentar la guerra del paramilitarismo.

La corrupción, la poca fiscalización departamental y una justicia muchas veces supeditada al poder político han sido justificaciones para que en determinados momentos el Estado Central haya recogido la cuerda de la descentralización. Así, en 2000, una ley suprimió los Corpes. "Resultaron ineficientes y costosos, no financiaron ni una obra, se dedicaron a contratar estudios que enriquecieron los anaqueles oficiales y se volvieron paraíso de los consultores", dice Jaime Castro, ministro del Interior cuando los Corpes fueron aprobados. Algo similar ha ocurrido con las regalías. Hoy son pocos los que desconocen la necesidad de reformar su régimen para evitar la monumental corrupción regional y canalizar más eficientemente los recursos a las regiones.

Las razones de corrupción e ineficiencia son algunas de las que ahora expone el gobierno para presentar un proyecto de ordenamiento territorial que no incluya generar más burocracia regional. En el caso del Caribe, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, advierte que una supraestructura de gobierno regional costaría 100.000 millones de pesos anuales. Adicionalmente, expertos como Castro insisten en que "o hay regiones o hay departamentos. Los dos, simultáneamente, no tienen espacio político ni fiscal. No son complementarios sino excluyentes".

A pesar del malestar de los promotores de la autonomía Caribe, en el Congreso hay buen ambiente en torno al proyecto del gobierno. El senador Armando Benedetti, presidente del Congreso y líder de la bancada costeña, ha sido uno de los principales defensores de la Loot. Adicionalmente, la idea de volver realidad esta ley es parte de la agenda de Unidad Nacional y por eso liberales, conservadores, miembros de la U y de Cambio Radical se comprometieron a impulsarla.

Por último, lo que suceda con esta ley dependerá de lo que pase con el proyecto que busca modificar el régimen de regalías. Al fin y al cabo, de estas saldrían los recursos para el Fondo de Compensación con el que el gobierno busca priorizar las regiones más golpeadas por la pobreza, como la Caribe, donde vive una quinta parte de los colombianos.

Ya que las lealtades partidistas pesan menos que hace 150 años, está en manos de los actuales dirigentes desmontarse de los tradicionales estereotipos y prejuicios para generar un ordenamiento territorial de largo plazo. Por ahora, lo único claro es que la discusión sobre la Región Caribe es tan solo la punta de lanza de un proceso de regionalización que, aunque natural y necesario, en Colombia debe avanzar con calma y con pies de plomo.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1855

PORTADA

Exclusivo: la verdadera historia de la colombiana capturada en Suiza por ser de Isis

La joven de 23 años es hoy acusada de ser parte de una célula que del Estado Islámico, la organización terrorista que ha perpetrado los peores y más sangrientos ataques en territorio europeo. Su novio la habría metido en ese mundo.