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| 6/6/2017 12:01:00 PM

Fiscalía se toma instalaciones de Inassa en Barranquilla

En operativo conjunto con el CTI, los representantes de la guardia de España buscan pistas por el escándalo de corrupción Canal de Isabel II.

Hace 20 días, la Fiscalía General de España y la de Colombia firmaron un acuerdo de cooperación que además de facilitar el intercambio de información, permite utilizar diferentes mecanismos de investigación conjunta para desmantelar estructuras criminales trasnacionales.

Desde el fin de semana, una comisión española llegó a Colombia. Y este martes, este mismo equipo acompañado de agentes del CTI de la Fiscalía llegaron a las 7:30 am a allanar las instalaciones de la Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa), en la ciudad de Barranquilla.

Inassa es la empresa que tiene el control del 82.16% de la Triple A, además de tener porcentaje sobre las firmas ASAA de Riohacha y hasta el pasado 17 de abril Mertoaguas de Santa Marta. También tiene participación en sociedades en Panamá, Ecuador, Haití, República Dominicana y Brasil. Las empresas que operaban en México y Venezuela fueron cerradas por pérdidas en la operación.

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La empresa tiene 4.500 empleados y la socia mayoritaria es Canal Extensia, una filial de Canal de Isabel II, la empresa que gestiona y administra el ciclo del agua en Madrid. La justicia española va tras la pista de lo que sería una amplia red de sobornos y desvío de recursos que terminaron en políticos cercanos a la Comunidad de Madrid y, al parecer, para financiar también las campañas del Partido Popular.

En Colombia, las pesquisas buscan establecer cómo se diluyeron las acciones que el Distrito de Barranquilla tenía en la Triple A (la empresa de servicios públicos de Barranquilla) así como el supuesto pago de sobornos y negocios de lavado de activos o inversiones lesivas contra el patrimonio público de los colombianos.

Por ahora, se cree que en la operación de la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A) hubo un manejo no muy claro de los recursos públicos, entre ellos, la forma cómo el distrito de Barranquilla pasó de tener el 84% de la propiedad en 1996 a 14,5% en 2007, mientras Inassa aumentó de 14 al 82 por ciento, sin que se evidencien mayores inyecciones de capital de los españoles.

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Por este caso, el procurador general, Fernando Carrillo, abrió investigación a los exalcaldes Édgar George González (1995-1997), Bernardo Hoyos Montoya (1998-2000), Humberto Caiaffa Rivas (2001- 2003) y Guillermo Hoennigsberg (2004-2007), por la reducción de la participación accionaria del Distrito. En el caso del actual, Alejandro Char, cuando asumió el cargo en 2008 ya el Distrito se encontraba en minoría ante Inassa, pero se realizó una conciliación por el reconocimiento de unos subsidios.

Como consecuencia de estas investigaciones se encuentran detenidas 12 personas, entre otras el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, un hermano, su esposa, su padre y un cuñado por testaferrato. El nombre de Edmundo Rodríguez Sobrino, la mano derecha de González en el manejo de las empresas en Latinoamérica, María Fernanda Richmond y el colombiano Diego García Arias está entre un grupo de 60 personas imputadas.

De esta manera, se activa lo que en Colombia se bautizó como la Operación Acordeón y que, como el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró, cuenta con un mecanismo de cooperación que excede en mucho lo que ya existían entre Colombia y España.

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