Guerra por contrato

Un gran debate con implicaciones para Colombia se desató en Estados Unidos en las últimas semanas a raíz del incidente del 20 de abril pasado en Perú, en el que un avión civil fue derribado por la Fuerza Aérea de ese país. Se creyó que era de narcotraficantes, cuando en realidad se trató de una misionera estadounidense y de su hija. El avión oficial peruano vigilaba los aires en conjunto con uno estadounidense piloteado por contratistas de la CIA, según informó un vocero del Departamento de Estado, y fue esa tripulación civil estadounidense la que suministró la información de la nave desconocida. Llovieron críticas a los contratos con empresas privadas que desde hace varios años hace el gobierno de Estados Unidos —en especial los departamentos de Estado y Defensa y la CIA— en la lucha contra las drogas en los países andinos. “La privatización de nuestra ayuda militar y policial arroja algunas preguntas a medida que nos adentramos en la guerra civil colombiana”, dijo la representante demócrata a la Cámara Janice Schakowsky la semana pasada en una audiencia pública. “¿Estaremos contratando por fuera para evitar el escrutinio público o la controversia o la vergüenza… o será para no tener que responder porque a estos contratistas privados no los rigen las mismas reglas que a los militares en servicio activo?”. Las dudas llevaron a la congresista Schakowsky a presentar un proyecto de ley que se llamaría Acta de responsabilidad del contratista de la región andina, según el cual se prohibiría “al gobierno de Estados Unidos darles dineros a organizaciones o a personas para que adelanten operaciones militares, policivas o de rescate armado en los países andinos, incluidas las relacionadas con el control de narcóticos”. En varios medios estadounidenses se informó sobre la iniciativa de Schakowsky y se cuestionó hasta qué punto se involucran en la guerra local empresas como DynCorp y Military Professional Resources Inc. (Mpri), que han prestado servicios en la lucha antidrogas en Colombia. Cerca del frente Algunos reportes hablan de por lo menos siete empresas contratistas privadas, pagadas con dineros del gobierno estadounidense para ayudar a Colombia a adelantar su guerra contra el narcotráfico, pero pocas se conocen. Una de estas es DynCorp. Trabaja muy cerca de la guerra, pues pilotea aviones, entrena brigadas de fumigación y hace operaciones de rescate. Ha perdido tres hombres en Colombia, según informes periodísticos, y el pasado 28 de febrero se vio involucrada en un tiroteo con las Farc cuando uno de sus equipos fue a rescatar una aeronave de fumigación en problemas. Otra empresa contratada en Colombia es experta en manejo de radares. Se trata de Northrop Grunmman, de California, según informó The Miami Herald en febrero pasado. SEMANA confirmó que esta empresa maneja radares en el país. “La lógica de estos contratos por ‘outsourcing’ responde a una necesidad de mejorar la eficacia, para que el personal militar se empeñe en las actividades propias de la guerra y las firmas privadas provean otros servicios”, dijo un analista militar a SEMANA. No obstante, la cercanía a los lugares de combate de estos funcionarios de empresas privadas hace que los críticos de esta suerte de privatización de la guerra aseguren que esta política le permite a Estados Unidos entrenar ejércitos que pueden tener malos récords en derechos humanos, saltándose así las restricciones que hay para sus propios soldados, y si un contratista civil resulta muerto no hay que enfrentar la tormenta política que se arma cuando llega el cuerpo de un soldado muerto a Washington. los consultores Otro tipo de contrato que ha realizado Estados Unidos es el de asesoría y entrenamiento, más en la parte teórica que en las líneas de fuego. Es el caso de Mpri, cuya sede principal está en Washington, muy cerca del Pentágono. Esta empresa —que según su página de Internet “provee al mundo con el mejor entrenamiento en defensa, acción policiva y liderazgo”— fue contratada en septiembre de 1999 para asesorar al Ministerio de Defensa colombiano, que buscaba un consultor tipo Arthur Andersen, para optimizar sus operaciones militares y manejar mejor los recursos disponibles . El Pentágono fue el que recomendó la firma y le pagó por su trabajo, según dijo a SEMANA el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez. Al menos parte de los dineros salieron del presupuesto del Plan Colombia y aunque informes de prensa aseguran que costó seis millones de dólares, fuentes del Ministerio creen que sólo se pagaron tres. Mpri —una empresa presidida por Carl Vuono, el jefe del ejército estadounidense durante la Guerra del Golfo—, y que tiene 850 empleados e ingresos anuales por 70 millones de dólares—, trajo a Colombia 14 empleados bajo el mando de un general retirado para hacer la asesoría. Atendieron consultas específicas del Ministerio de Defensa acerca, por ejemplo, de si convenía o no conformar una sola agencia de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Además entregaron al Ministerio un enorme manual llamado ‘La doctrina colombiana contra las drogas’. La primera parte, por ejemplo, buscaba proveerle un manual a la fuerza pública acerca de cómo “pensar para alcanzar su misión” y describe “habilidades de guerra necesarias para ganar esta guerra”, según figura en el primer borrador de julio de 2000. También recomiendan conductas tales como“mantenerse enfocado en la imagen que se quiere proyectar, sea esta humanitaria o la de un firme pero bien intencionado agente de cambio y asegurarse que las tropas se conduzcan acorde”. Pero la asesoría de Mpri no fue tan fructífera. “No hubo empatía”, dijo el ministro Ramírez. Las razones son varias. El Ministro señala que a veces los generales no tenían tiempo para recibir a los funcionarios de Mpri. “En un país en guerra no hay mucho tiempo de ir a comités”, dijo Ramírez. También hubo críticas por la irrelevancia de sus documentos para Colombia, que más bien eran reportes genéricos de experiencias en todo el mundo. Otro observador sostiene que los de Mpri tuvieron que hacer “maromas para atender las necesidades de los militares colombianos en su lucha contrainsurgente sin salirse de su mandato de asesorar sólo para la lucha contra las drogas”. También hubo problemas porque “a Mpri le faltó sintonía y credibilidad ante los militares colombianos y por eso no tuvieron acceso para identificar los mayores problemas operativos”, dijo un observador estadounidense a SEMANA. Aunque algunas de las recomendaciones de Mpri validaron cambios que ya habían emprendido los militares, el contrato finalmente no se renovó por decisión del Ministerio de Defensa y Mpri se fue del país a principios de marzo pasado. Esta experiencia y el debate en Estados Unidos dejan lecciones valiosas para el país. Los argumentos tradicionales que meten a todas las empresas contratistas del lado militar del Plan Colombia en la misma bolsa y advierten que a través de ellas Estados Unidos se pueda involucrar en el conflicto colombiana son simplistas. Al ver en detalle cuál ha sido su papel —por lo menos de las conocidas— en Colombia surgen preguntas diferentes. En el caso de asesorías como la de Mpri, es el gobierno colombiano el que decide si adopta las recomendaciones, y la pregunta que cabe es si los dineros del Plan Colombia utilizados en éstas favorecen al país o más bien a los negocios de empresas estadounidenses. En el caso de otras que como DynCorp están cerca del frente de batalla, la pregunta sí es quién responde por sus errores.