Guerra de dos mundos

Dada la complejidad del conflicto colombiano, y la cantidad de intereses que se mueven en él, poco a poco el país se ha ido acostumbrando a los informes de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos en los que se acusa a agentes del Estado colombiano de violar las garantías fundamentales de los ciudadanos. Quizás por eso sorprendió tanto que el informe de la ONG Human Rights Watch revelado la semana pasada produjera semejante tormenta política, tanto en Washington como en Bogotá. ¿Qué tenía de especial este informe y por qué generó tanto ruido?

La verdad es que por encima del contenido mismo del documento, en el cual se hacen graves acusaciones de colaboración con el paramilitarismo de varias unidades militares, y por encima incluso del tan discutido timing —tres días antes de la entrega del informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado y en mitad del debate en el Congreso sobre el Plan Colombia—, el informe no es otra cosa que el primer bocado de lo que será la historia del conflicto de ahora en adelante. La guerra ya no es patrimonio de los colombianos. Ahora le pertenece al mundo, y Estados Unidos está jugando y jugará un papel preponderante en el futuro del debate sobre el país.

Es por esto que el Plan Colombia, a pesar de ser la iniciativa gubernamental de mayor trascendencia en la historia reciente del país, no fue ni será discutida en dentro de sus fronteras. Por el contrario, está siendo debatida en Washington y Madrid, a tal punto que hasta las abanderadas de la oposición, como Piedad Córdoba, tuvieron que viajar a la primera para convencer a los norteamericanos de cambiar el enfoque de la ayuda.

Todo esto es un síntoma de la globalización del nuevo siglo, ya no económica sino política. El informe de Human Rights Watch tuvo tanto despliegue en The Washington Post y The New York Times como en El Tiempo y El Espectador. A su vez el informe fue elaborado con colaboración de la Fiscalía, como confesó a SEMANA José Miguel Vivanco, director de la ya famosa ONG. Y la defensa de los militares colombianos corrió por cuenta del zar antidrogas norteamericano Barry McCaffrey desde la base de Tres Esquinas en el Caquetá.

De todo esto surgen dos interrogantes clave para el futuro inmediato del país. El primero es, ¿qué tanto afectarán los episodios de la semana pasada la aprobación del paquete de ayuda a Colombia? Y el segundo es ¿quién está diciendo la verdad, los militares o Human Rights Watch?

Frente al primer interrogante la respuesta parece ser que los efectos sobre la aprobación del paquete son menores de lo que la reacción de la prensa permite estimar. Como dijo a SEMANA un asesor de un congresista norteamericano, “aunque esto le da artillería a la gente para que el debate sea más candente, lo cierto es que no cambia la posición de nadie dentro del Congreso”. Esto se debe a que la mayoría de los congresistas están muy bien informados sobre lo que pasa en Colombia y para ellos el contenido del informe no es nuevo. De hecho, saben que buena parte de la información proviene de entidades como la Fiscalía y la Procuraduría, y ello demuestra que de ser ciertas las acusaciones muy pronto los oficiales señalados estarán tras las rejas. De alguna manera el documento lo que confirma es que la justicia colombiana está actuando.

El segundo interrogante, sobre quién tiene la razón en todo esto, es más difícil de contestar. Pero quizás la mejor respuesta es que ambos lados tienen razón y ambos se equivocan. Y lo que esto demuestra es el grado de polarización del debate sobre Colombia, no sólo en el país sino en el extranjero.

Los dos lados se equivocan cuando generalizan sobre su contrario. Para los militares, toda acusación contra uno de sus miembros es sospechosa y a puerta cerrada aseguran que quien los acusa, dentro o fuera de los organismos de investigación, es un estafeta o infiltrado de la guerrilla. Entre tanto, organismos como Human Rights Watch asumen que cualquier acusación contra un miembro del Ejército, por el solo hecho de existir, es cierta. De hecho, el informe publicado la semana pasada no es otra cosa que una recopilación de acusaciones que están siendo investigadas y que la ONG publica como ciertas. De alguna manera ambos bandos le han robado a su contraparte el derecho de defensa. Para los militares, todo acusador es guerrillero y para las ONG todo militar acusado es culpable.

Pero a la vez las dos partes tienen razón con respecto a sus contrarios. La verdad es que en el Ejército sí existen individuos que simpatizan con los paramilitares y que en ocasiones les colaboran activa o pasivamente. Y también es cierto que a las ONG de derechos humanos no solamente les preocupa que se haga justicia sino que se oponen al paquete de ayuda porque ésta le hace un daño estratégico a la guerrilla. Ninguna de las partes acepta nada de esto pero ambas cosas son ciertas. Ello es lo que evita que frente al paquete de ayuda se encuentren enfrentados a pesar de que podrían estar unidos.

A los militares no debería importarles que le lleguen más recursos a organismos como la Fiscalía, tanto para protección de testigos como para impulsar las investigaciones. Y a las ONG no debería importarles que les lleguen recursos a los militares para luchar contra el narcotráfico, que en buena medida alimenta las finanzas de la guerrilla. Pero sí les importa. Ambos no sólo quieren dinero para ellos sino menos dinero para los otros. Y si bien podrían estar haciendo lobby conjuntamente para que el paquete completo aumente y tengan más dinero los dos, no lo están haciendo.

La conclusión de todo lo anterior es que, parodiando a Clausewitz, la guerra no es solamente la prolongación de la política por otros medios, sino que la política también es la prolongación de la guerra. En este caso la guerra colombiana se ve prolongada en Washington. Y lo preocupante es que, como en todas las guerras, la verdad es la primera víctima.