Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2002/05/26 00:00

Guerra en Medellín

Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las milicias de las Farc y del ELN en plena ciudad dejaron nueve muertos y cerca de 40 heridos. ¿Qué está en juego en esta guerra urbana?, 50817

Guerra en Medellín

Los habitantes de los barrios de la zona centro-occidental de Medellín despertaron el martes 21 de mayo por los zumbidos de disparos y los estruendos de las explosiones. Asumieron que se trataba de uno más de los enfrentamientos entre milicias y autodefensas que desde hace meses, como cosa rutinaria, han roto el silencio de la noche. Eran las 3 de la mañana. Pero, en esta ocasión, el enfrentamiento no fue pasajero. Las descargas de municiones, que iban desmoronando las frágiles paredes de sus casas, los obligó a tirarse al piso.

Poco a poco se enteraron de que se trataba de un operativo oficial. Cerca de 1.000 hombres de cuerpos combinados de Ejército, DAS, Fiscalía y Policía tenían acordonada la zona para realizar la ?Operación Mariscal? contra las milicias guerrilleras. El operativo, según informaron los generales más tarde, era el desarrollo de actividades de inteligencia preparadas durante meses.



Estos barrios surgieron como invasiones en los años 70. En el sector 20 de Julio, ubicado en la base de esta zona de ladera de Medellín, se inició la confrontación con el primer grupos de milicias. Las ráfagas del fuego cruzado se fueron ampliando y subieron por las escalas y los laberintos de los barrios Villa Laura, Las Independencias, El Corazón, Betania, Eduardo Santos y Los Alcázares y sus ecos retumbaron por la ciudad durante 10 horas. La entrada en escena de un helicóptero de la Fuerza Aérea, que sobrevolaba en círculos esta cuenca de la quebrada la Iguaná para apoyar el operativo, remató el cuadro apocalíptico de la situación.



Durante las horas siguientes llegaron a la Unidad Intermedia de Salud de San Javier cerca de 40 personas heridas, de las cuales nueve murieron. Entre las víctimas fatales figuran dos niños de 4 y 11 años y cuatro menores. Quienes bajaban los heridos denunciaron, desde tempranas horas, que las ráfagas de las autoridades estaban matando a civiles indefensos. Decenas de personas de la comunidad subieron a las azoteas de sus casas con camisetas y sábanas blancas para pedir el cese del fuego. Llamaron a la Personería, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, pero estos funcionarios llegaron sólo hacia el medio día.



En las horas de la tarde los generales Leonardo Gallego, de la Policía, y Mario Montoya, de la IV Brigada, presentaron a los medios el balance oficial: incautaron siete bombas caseras, 12 armas de fuego, un radio de comunicación, un escáner, un regulador de energía, un audífono y un adaptador de voltaje y detuvieron a 30 personas, entre ellas dos comandantes de las milicias del ELN, identificados como ?Elkin? y ?El Mexicano?. Adicionalmente el general Montoya dijo que 25 de las 35 personas heridas eran milicianos.



Al preguntárseles por los excesos denunciados por la comunidad el general Gallego anotó que las autoridades respondieron la agresión de las milicias, que dejó nueve policías heridos, y que en el fuego cruzado se produjeron nueve muertes "y se están investigando las condiciones en que se produjeron".



Los cuestionamientos



Las ONG han mostrado su preocupación porque los operativos no incluyen zonas bajo control paramilitar, como los barrios Antonio Nariño y Belencito de este sector centro-occidental, que no son tocados por las autoridades. Y también denunciaron que las fuerzas oficiales, con su forma de disparar en estos barrios, como lo hacen en los bosques, han violado normas básicas del derecho humanitario y afectaron gravemente a la población civil.



La aparente incapacidad para actuar militarmente en una zona de ladera, densamente poblada, con escasas vías y llena de laberintos, donde el enemigo irregular se diluye en la población, parece explicar la manera como policías y militares desarrollaron el operativo. Pero el hecho de que el enemigo no sea muy específico puede explicarse también por las palabras del director de la Policía, Luis Ernesto Gilibert quien, defendiendo la actuación de sus hombres, dijo que de alguna manera en esas comunidades la mayoría de la población está conectada con los grupos irregulares. Opinión que llevó a voceros de la comunidad a afirmar que es inaudito que estigmatizándolos se les pase de víctimas a victimarios.



El secretario de Gobierno, Jorge Vélez, también en defensa de la operación, se mostró indignado por las denuncias de las ONG, argumentando que en el pasado han guardado silencio sobre las acciones de los grupos irregulares. Sin embargo esta realidad de violencia, la muerte de civiles de todas las condiciones y el desplazamiento interno en la ciudad han sido denunciados desde hace meses por estas organizaciones y los medios de comunicación, como El Colombiano, que ha publicado en una extensa serie el conflicto urbano en Medellín.



Los hechos recientes, incluidos los trágicos acontecimientos alrededor del fútbol, el crecimiento de las tasas de homicidios hasta 3.400 por año, evidencian que a la administración de Luis Pérez la ciudad se le está saliendo de las manos. Lo paradójico es que el Alcalde cuestionó el Plan de Convivencia Ciudadana que había sido diseñado por la administración de Juan Gómez para ejecutar un empréstito de 15 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aunque se anunció que el plan se reformularía, año y medio después de posesionado, mientras la ciudad se revienta, el BID sigue esperando los proyectos del alcalde.



Lo que esta en juego



En la conflictiva situación de Medellín, en la que influyen las condiciones sociales, también se mezclan tres elementos que deben destacarse. El primero: el escalamiento del conflicto armado está envolviendo a las ciudades, donde serán cada vez más frecuentes las disputas militares abiertas. Las urbes ya no serán sólo centros de logística sino muestras de poder territorial y social que los actores armados presentarán como capital en una posible negociación. Este es un escenario para el que las Fuerzas Armadas no están preparadas. Se requiere mucho más trabajo de inteligencia, infiltraciones y operaciones de comando y no operativos de montonera, con agresión directa a la población, que generan altos costos políticos.



Segundo: Medellín aún vive la influencia de la cultura emergente que ha cautivado a sectores de la juventud propensos a convertirse en guerreros. El tercer aspecto es quizás el más problemático. Ha existido una tolerancia oficial ?y en alguna medida social? con los actores ilegales, que se han visto como solución inmediata pero que en el largo plazo han traído altos costos para la comunidad. Así ha sucedido con el narcotráfico, con grupos de limpieza, con las milicias, con la banda La Terraza, y ahora con las propias autodefensas.



Aun sabiendo que una parte de la crisis depende del manejo nacional del conflicto político, la sociedad paisa tendría que jugarse por un proyecto integral que incluya el mejoramiento de la calidad de vida en los sectores marginados, el desarrollo de un proyecto de cultura ciudadana, que transforme actitudes y valores que se han enraizado en la sociedad, y el fortalecimiento de sus instituciones sin hacerle esguinces a ningún actor extrainstitucional. El desafío es construir legitimidad para un Estado que muchos ciudadanos perciben, con razón, como corrupto y arbitrario. Este fortalecimiento debe incluir la preparación de las Fuerzas Armadas y de Policía para intervenir con eficiencia y con respeto por los derechos humanos en los contextos urbanos.

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