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| 5/12/2012 12:00:00 AM

Guerra política por la paz

El proyecto del gobierno para allanar el camino de la paz ha despertado una profunda batalla ideológica y política. En qué consiste y qué tanto hay en juego.

La próxima semana el Congreso decidirá si hunde o impulsa el proyecto con el que el gobierno pretende trazar un mapa jurídico que conduzca hacia la paz. La reforma constitucional surge de un dilema: hoy día si el Estado quisiera negociar con los actores armados el fin del conflicto, jurídicamente los caminos son tan tortuosos que sin duda sería un callejón sin salida.

Aunque el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que tiene en su bolsillo la llave de la paz y que si ve condiciones no temerá en sacarla, la verdad es que ante la oportunidad no tendría cómo alcanzar la puerta. "¿Que si quiero al final de mi gobierno decir 'logramos la paz'? Por supuesto. Pero como dirían los franceses: hay la forma y la oportunidad", dijo el presidente hace un año, cuando empezó el debate sobre la necesidad de reformar la Constitución para hacer viable "la forma", es decir, la posibilidad de contar con un marco jurídico.

La Corte Suprema y la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones han proferido sentencias que anulan leyes coyunturales con las que el Ejecutivo pretendía hacer posible -y atractivo- el tránsito de combatientes a la vida civil. Y estas no se han caído por mero capricho. Las iniciativas gubernamentales han pecado de desarticuladas e incoherentes, y algunas entrañan desequilibrios que atentan contra las víctimas. Por ejemplo, la Ley de Orden Público de 1997, que facilita la desmovilización a cambio de beneficios jurídicos, solo se puede aplicar para delitos políticos. Por ello fue necesario crear en 2005 la Ley de Justicia y Paz para desmovilizados involucrados en delitos de lesa humanidad.

Pero 19.000 exparamilitares rasos quedaron en el limbo porque cuando se trató de echar mano del instrumento del principio de oportunidad (cesación de la acción penal) para resolverles la situación, las cortes se opusieron. El argumento fue que no se respetaba los derechos de las víctimas y ordenaron que fueran procesados por concierto para delinquir. Luego, los mismos tribunales establecieron que ese delito alcanzaba el grado de lesa humanidad.

El panorama se hace aún más complejo con los compromisos que Colombia ha firmado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. El país está encerrado entre un cerco 'maximalista' (que exige investigar la totalidad de las infracciones, desde el robo de unas gallinas hasta las peores masacres) y una banalización del crimen de lesa humanidad (que implica que la sola pertenencia al grupo irregular se traduzca en la comisión de ese delito).

El tremendo pantano jurídico solo se podría superar con una reforma a la Constitución que le inserte temporalmente los instrumentos de la justicia transicional, inventada para atender situaciones excepcionales. Aquí los críticos de la iniciativa hablan de un adefesio que llevará al país al precipicio de la impunidad. "¡El gobierno está orinado del miedo, este proyecto es un atropello contra los colombianos!", dijo en el Congreso el representante conservador Obed Zuluaga. El expresidente Uribe trinó que se le hace un "enorme daño a la democracia". Y desde Washington el director de la influyente ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, acérrimo detractor de Uribe, envió dos críticas y extensas cartas con las que le enredó el caminado al proyecto en el Congreso. Es decir, los ataques al proyecto provienen de distintos sectores del espectro ideológico.

En sentido estricto, a quienes señalan que el marco jurídico facilitaría algún grado de impunidad no les falta cierta razón. Pero las múltiples críticas que exigen que la Justicia abarque uno a uno todos los hechos, caso por caso, se estrellan contra una realidad pavorosa e inabarcable. Es una visión tan noble como utópica e irrealizable. Después de décadas de guerra, el de Colombia es un caso de violencia sistemática en donde los delitos son infinitos; los perpetradores, miles, y las víctimas, millones. No hay un sistema puramente penal que pueda atender plenamente y en un tiempo razonable ese universo de violaciones.

La prueba tangible de la imposibilidad de esa pretensión y de la impunidad en la que desemboca es el propio proceso de Justicia y Paz, que se ha ocupado fundamentalmente de un solo bando: los grupos paramilitares. Luego de siete años de vigencia, hay 4.643 excombatientes postulados que han dado cuenta de cerca de 340.000 hechos criminales de toda índole. De todo ello solo se tienen siete sentencias (apenas dos están en firme). "La sola imputación de esos hechos podría tardar cerca de 100 años", dice al respecto el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

La posible dosis de impunidad que algunos sectores le endilgan al Marco para la Paz es un punto en el que el país ya está sumido de cabeza. Ante la imposibilidad fáctica de agotar cada hecho criminal, lo único viable es concentrar los esfuerzos y recursos en las violaciones más significativas. Para ello, la justicia transicional permite seleccionar a los máximos responsables de estas atrocidades y priorizar aquellas de mayor impacto social.

Lo que se busca es que en la Constitución se admita el uso de esos instrumentos a través de esta enmienda que contiene apenas dos artículos. En el primero se autoriza "un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades". Es decir, el marco estaría disponible para todos (guerrilla, paramilitares e incluso fuerza pública) y las condiciones de su aplicación pueden variar entre estos.

Los criterios de selección de los "máximos responsables" en los que se concentrará la investigación penal y establecer cuándo procedería la suspensión de la pena (no cárcel) serán parte de la misión del Congreso. Todos los combatientes no seleccionados como máximos responsables deberán contribuir a la verdad y la paz a través de procesos extrajudiciales, y ello será condición para que el Estado renuncie a la persecución judicial de esos individuos. Por su parte, el fiscal general deberá definir los criterios con los que determinados casos se rotularán como prioritarios.

Las tensiones sobre el contenido del proyecto no son menores a las generadas en el mundo político a partir de su discusión. El acto legislativo ha superado cinco de sus ocho debates reglamentarios. La semana pasada, la intención del bloque conservador de hundirlo en la Cámara generó su aplazamiento. Esta semana deberá ser votado en sexto debate so pena de su hundimiento, ya que los tiempos no alcanzarían para cumplir con su trámite.

El paso del Marco para la Paz por el Congreso ha configurado un abierto pulso entre la bancada gobiernista y muchos parlamentarios leales al expresidente Uribe. En segundo lugar, el respaldo de Santos a la iniciativa lo separa aún más de Uribe en materia ideológica. Indica que no cree que sea posible derrotar totalmente por la vía militar a la guerrilla y que avizora en el horizonte una negociación, por lo que prefiere tener listos los instrumentos jurídicos para aprovechar esa oportunidad si se le presenta. Para los cercanos a su antecesor, esta iniciativa debilita la política de seguridad del Estado.

El reto de la Casa de Nariño es recuperar la disciplina de bancada para que el proyecto supere su sexto debate. De no ocurrir así, el uribismo tendría un triunfo legislativo cuando sus diferencias con el gobierno se agudizan. Nadie hubiera pensado hace año y medio que las estrategias para la paz serían una de las cuñas que abrirían una brecha entre el legado uribista y las políticas de su sucesor.
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