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La Dian busca atacar el contrabando, el lavado de activos y reducir los costos logísticos y operativos con la instalación de dispositivos que permiten hacerles control y seguimiento a los contenedores.

POLÉMICA

Guerra por los contenedores

La decisión de ponerles dispositivos electrónicos a todos los contenedores que entran al país desata una guerra entre empresarios de la seguridad y la tecnología.

17 de junio de 2017

Una resolución de la Dian, que busca implementar dispositivos electrónicos en los 720.000 contenedores que llegan al país y que permitirá hacerle un seguimiento de todo su recorrido desde el desembarque en el puerto hasta su destino, tiene enfrentados a empresarios, compañías de seguridad y en alerta a las redes de contrabando en Colombia. Dentro de la modernización que viene adelantando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el gobierno está decidido a implementar la trazabilidad y seguimiento de la carga que ingresa, tal y como lo recomienda la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

La principal motivación es que la instalación de aparatos electrónicos en las puertas de los contenedores para obtener su ubicación, ruta, si fue abierto o no, además de múltiples variables, es una de las herramientas más eficaces para frenar el contrabando, el lavado de activos y otras actividades ilícitas. Además, reduce los costos logísticos, de seguros o de Policía, al crear un sistema confiable y expedito de la carga.

Para poner a andar este sistema, las tecnologías que serán usadas y las empresas que podrán prestarlo, la Dian publicó hace unas semanas el borrador de una resolución que tuvo, a la vez, acogida y pocas críticas. Mientras que el gobierno plantea que este nuevo servicio debe estar abierto a todas las empresas que tengan la tecnología, capacidad y confianza para certificar la trazabilidad de un contenedor, el gremio de la seguridad privada está en contra por considerar que solo ellas pueden ofrecerlo, lo que sacaría del negocio a la industria de las telecomunicaciones o telemática. Y para blindar aún más ese negocio, que podría facturar más de 200.000 millones de pesos anuales, pidieron que la Dian exija que quien vaya a prestar el servicio tenga un concepto de la Superintendencia de Vigilancia.

Santiago Rojas Arroyo, director de la Dian, se mostró contrario a esta propuesta. Dice que el gobierno –al igual que la mayoría de empresarios y del sector– quieren que haya libre competencia porque lo que se busca es abaratar los precios y hacer más eficiente el tráfico de la mercancía. “Con los dispositivos electrónicos de seguridad, toda la cadena va a tener las garantías de que la mercancía que salió del puerto va a ser la misma que llegue al destino. Incluso, esto disminuye los costos en materia de seguros, de logística, porque con el reporte de lo que ocurre en el recorrido ya no habrá necesidad de la inspección en carretera, sino en el lugar de llegada”, explica.

La Dian se ha venido reuniendo con los gremios económicos, empresas e instituciones del Estado, con el objetivo de determinar los estándares adecuados, pues las especificaciones técnicas, por ahora, se enfocan en que los dispositivos no pierdan su eficacia , no puedan ser bloquedos y no vayan a dejar de operar durante el trayecto.

El directivo de una de las compañías que presta servicios de alta tecnología dijo que detrás de obstaculizar la participación de nuevas empresas está el “cartel de la seguridad”, que opera desde hace tiempo en el país. “Este es un servicio, más que de seguridad, de nuevas tecnologías en el que Colombia puede crear una nueva industria, incluso de exportación, si se reglamenta para el bien del país y no de un gremio en particular”, dijo.

En el país, según cifras oficiales, se movilizan 1.250.000 contenedores al año, de los cuales 150.000 serían objeto de utilización del dispositivo en una primera etapa. Se estima que la instalación del aparato en las puertas de este embalaje y el monitoreo pueden costar unos 250.000 pesos desde Buenaventura y 120.000 pesos desde Cartagena, lo que disminuiría en más de un 40 por ciento los gastos actuales de movilización, por la disminución en seguros, escoltas, operación logística y tiempos.

Varios expertos consultados por SEMANA advirtieron que la Dian, la Policía y el Estado podrían atacar de forma contundente el contrabando, que solo el año pasado movió 15 billones de pesos. Y dicen que por esto la idea tiene oposición entre sectores cercanos que se benefician de este comercio ilegal.

Se espera que en las próximos días la Dian termine de perfeccionar la resolución, tras escuchar a todos los sectores. Se sabe que los puertos, la Andi y toda la cadena está de acuerdo. En las manos de la entidad está la posibilidad de ubicar a Colombia a la altura de los mejores países en el manejo de contenedores, y de crear una industria de exportación que genere miles y miles de empleos, siempre y cuando no se impongan fuerzas oscuras.