GUERRA SUCIA

Hacía muchos años que la plaza Che Guevara, símbolo de la rebeldía y el inconformismo de los estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá, no presentaba un lleno hasta las banderas. Ese hecho significativo ocurrió el lunes pasado. Los asistentes eran militantes de izquierda, representantes de los sindicatos, miembros de las organizaciones no gubernamentales, intelectuales, activistas de la paz y hasta guerrilleros del ELN. Todos ellos se dieron cita para rendirle un último homenaje a quien era considerado uno de los abanderados de la defensa de los derechos humanos en Colombia: Eduardo Umaña Mendoza. El prestigioso abogado penalista había sido asesinado en su apartamento en la mañana del sábado 18 de abril a sangre fría por tres pistoleros que se hicieron pasar por periodistas. Después de cometer el crimen, en el que utilizaron armas con silenciador, los asesinos abandonaron la residencia de Umaña Mendoza. Con una pasmosa tranquilidad abordaron un vehículo que los esperaba en la calle y se perdieron en medio del tráfico de la ciudad. Eduardo Umaña Mendoza era hijo del historiador y catedrático Eduardo Umaña Luna, uno de los hombres que más ha estudiado los orígenes de la violencia en Colombia y uno de los mayores defensores de la tolerancia política en el país. Su muerte ocurrió en momentos en que tenía a su cargo delicados procesos penales de sindicalistas, entre ellos los de Ecopetrol, afiliados a la USO, y apoderaba a varios de los familiares que habían perdido a padres, hijos y hermanos en la cruenta toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en noviembre de 1985. En medio del dolor de los asistentes al sepelio sucedió algo inesperado. De mano en mano comenzó a circular un papel que iban leyendo todos los presentes en la plaza. Tan pronto terminaban había susurros. Se trataba de una lista negra en la que aparecían los nombres de varios activistas de los derechos humanos, también sentenciados a muerte por grupos extremistas. A algunos de ellos les daban pocas horas para abandonar el país o de lo contrario tendrían el mismo destino fatal de Umaña Mendoza. Un pánico silencioso cundió entre los asistentes a la plaza Che Guevara, quienes no ocultaban su temor ante la posibilidad de que algunos de ellos pudieran correr la misma suerte de su colega y amigo.Todos los que estuvieron en el sepelio del abogado salieron de la Universidad Nacional con la convicción de que el fantasma de la guerra sucia, que se apoderó del país a finales de los 70 y durante la década de los 80, regresaba esta vez con más intensidad. La muerte de Umaña Mendoza fue la más reciente, pero no la única en la escalada terrorista que están viviendo los defensores de los derechos humanos en el país. Su asesinato se vino a sumar al de la reconocida líder de izquierda María Arango, ocurrido una semana antes; al de Jesús María Valle, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, silenciado por pistoleros el 27 de febrero pasado, y al de los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Cinep, quienes fueron masacrados en su apartamento el 19 de mayo de 1997. Todos estos crímenes han tenido lugar en menos de un año. Hasta el momento ninguno ha sido esclarecido. No se han determinado las causas y mucho menos la identidad de los autores tanto materiales como intelectuales.
¿Quien dispara?
En Colombia siempre ha existido la guerra sucia. Pocas veces se esclarecen los crímenes o se encuentra a los culpables. Sin embargo, pese a esto, hay una gran diferencia con la situación actual. Generalmente, a pesar de la crueldad, aún la guerra sucia tiene una explicación. Esta vez no se ve. Si bien es cierto que antes los asesinatos selectivos obedecían a una lógica criminal, como el hecho de que casi todas las víctimas fueran militantes de izquierda, o por lo menos fuertes críticos del sistema, en esta ocasión la situación parece mucho más confusa. Nadie entiende, por ejemplo, quiénes y por qué asesinaron a María Arango, una antigua militante del Partido Comunista que a sus 60 años se dedicaba a cultivar flores en la sabana de Bogotá y que se encontraba retirada de cualquier actividad proselitista desde hacía varios años. El gran interrogante es: ¿A quién le sirve este crimen? Lo mismo sucede con los esposos Calderón Alvarado, con Jesús María Valle y con Eduardo Umaña Mendoza. Ninguno de ellos significaba un peligro para el sistema. Es por eso que sus asesinatos, más que golpes certeros a organizaciones subversivas, como seguramente pretendían los criminales, lo que demuestra es el nivel de intolerancia al que han llegado algunos sectores radicales del país. De acuerdo con su accionar criminal, es lo mismo matar a un abogado defensor de sindicalistas, o a un activista de derechos humanos, que a un guerrillero armado con un fusil en el monte. A pesar de la impresión cada vez más generalizada de que los colombianos están en medio de un fuego cruzado, lo cierto es que en la mayoría de los casos las víctimas continúan siendo simpatizantes de izquierda. Se cuentan con los dedos de la mano los muertos de los partidos tradicionales o de las Fuerzas Militares. Los casos más significativos en ese sentido son los del general Carlos Julio Gil Colorado, asesinado en un atentado de las Farc el 19 de julio de 1994, cuando se desempeñaba como comandante de la IV División del Ejército con sede en Villavicencio, y el del dirigente conservador Alvaro Gómez, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá por un grupo de sicarios que posteriormente fue detenido. Dos años y medio después de la muerte del líder político las autoridades aún desconocen quiénes estaban realmente detrás del crimen. Aun así la Fiscalía tiene en sus manos a cuatro personas que habían trabajado con el servicio de inteligencia militar. Sin embargo, el misterio subsiste. Los orígenesLa expresión guerra sucia ha estado en boca de los colombianos en las últimas tres décadas. En los años 70 el término estuvo asociado con la desaparición de reconocidos líderes de izquierda, como Omaira Montoya y Mauricio Trujillo, militantes del Moir, entre otros. Y a finales de esa década se denunciaron torturas sistemáticas de detenidos políticos al amparo del llamado Estatuto de Seguridad. En los 80 el turno fue para los líderes del M-19, la Unión Patriótica y defensores de los derechos humanos. La UP, organización política nacida de los acuerdos de paz en el gobierno de Belisario Betancur, fue prácticamente exterminada por la derecha radical. Las cifras de muertos de esa organización política se calculan hoy en día en más de 2.000, entre los que sobresalen los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. En esa década una de las muertes que más conmovió al país fue la del médico antioqueño Héctor Abad Gómez, presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, ocurrida el 25 de agosto de 1987 en Medellín. Para tratar de entender los motivos de los asesinatos contra los defensores de los derechos humanos en Colombia hay que considerar básicamente cuatro grandes razones: la primera es la que busca atajar el ascenso político del enemigo ideológico, caso de los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro, del M-19. La segunda tiene su origen en un deseo por desestabilizar al país. La tercera es la de frustrar que se firmen acuerdos de paz, como sucedió en 1984 con el asesinato del médico y ex parlamentario Carlos Toledo Plata, que puso en peligro la tregua pactada con el M-19. Y la cuarta razón es la de que todo obedece simplemente a una venganza.Todo parece indicar que los recientes crímenes de defensores de derechos humanos en Colombia obedecen a este último punto. Ni María Arango, ni Eduardo Umaña Mendoza participaban activamente en política, por lo tanto no fueron asesinados para atajar sus carreras. Matarlos no desestabiliza, ni frustra acuerdos de paz, pues si bien son símbolos representativos de la izquierda no hacían parte de las esferas del Estado. Tampoco existe un proceso de paz en marcha que tenga que ser descarrilado por medio de balas.Eliminadas todas las posibilidades sólo queda la de la venganza. Pero la pregunta es, ¿cuál venganza y venganza de quién? En el caso de Eduardo Umaña la venganza pudo ser de tipo personal. El representaba los intereses de líderes sindicales y miembros de la izquierda y en su actividad se ganan tantos enemigos y se pisan tantos callos que en cualquier momento se puede presentar una retaliación.

El caso de María Arango es diferente. Por todo lo que se conoce de ella, en la actualidad no parece que se trate de una venganza personal. María Arango era un símbolo pasivo y representativo de la izquierda, pero sólo hacia adentro. El 99 por ciento de los colombianos no sabía que existía hasta el día de su muerte. Las fuerzas políticas que ella representaba en el pasado habían perdido su protagonismo y ya no era una amenaza para sus rivales ideológicos. Después de la caída del muro de Berlín el Partido Comunista no podía pasar de ser una reliquia ideológica. Una ex militante de 60 años cultivando orquídeas lo era aún más. Pero si los asesinatos no son por motivos personales, entonces ¿por qué?Las respuestas no son claras. Muchos de los analistas consultados por SEMANA creen que se puede tratar de una reacción de la ultraderecha para vengar los últimos fracasos militares. En otras palabras, indignación por la pérdida de terreno del establecimiento frente a la guerrilla. El raciocinio frente a esta teoría es que la impotencia y la frustración de no poder golpear a los subversivos lleva a sus enemigos a desahogarse en objetivos fáciles y simbólicos. Para la mayoría de la gente puede que estos líderes asesinados no tengan reconocimiento público, pero la teoría de los extremistas es que a la guerrilla sí le llega el mensaje: "Seguimos en pie de lucha". "El mensaje es muy claro y no está dirigido al conjunto de la población sino a un sector específico que hoy más que nunca siente que está siendo intimidado", dijo a SEMANA Alejo Vargas, vicerrector de la Universidad Nacional y uno de los violentólogos más reconocidos del país. Después de los reveses militares de Puerres, Las Delicias, Patascoy y El Caguán reina un sentimiento de humillación en los sectores de ultraderecha. Al fin y al cabo en la actualidad hay 61 soldados retenidos por parte de la guerrilla por cuenta de esas acciones. Si a eso se agregan que organismos de inteligencia de Estados Unidos afirman que el Ejército podría perder la guerra en cinco años esta situación de humillación pasa a ser de pánico. Algunos analistas creen que sectores cercanos o aislados de la derecha pudieron haber reaccionado de manera violenta frente a esta frustración. En medio de la sensación de caos que dejan estos tipos de crímenes se llega a interpretaciones simplistas. Durante el sepelio de Eduardo Umaña un coro de simpatizantes indignados gritaron la consigna "militares asesinos" como protesta por la convicción de que los homicidios eran una venganza por los hechos del Caguán. El misterio radica en quién o quiénes llevaron a cabo esa venganza. El Ejército está en crisis pero la figura del crimen político ordenado por la cúpula militar no deja de ser una ficción. El aniquilamiento del enemigo ideológico no es una política institucional de las Fuerzas Armadas de Colombia. Otra cosa es que grupos aislados del estamento castrense _activos o en retiro_, por iniciativa propia, resulten involucrados en actos de violación de derechos humanos. En algunas oportunidades antiguos miembros de las Fuerzas Armadas se han visto relacionados con sectores reaccionarios violentos. Estos antecedentes son los que hacen que los militantes de izquierda siempre griten consignas como las que se oyeron en las exequias de Eduardo Umaña. Sin embargo, intentar no se hayan probado, todas estas teorías no pasan de ser simples especulaciones. Muchas veces en el pasado en Colombia este tipo de delitos terminaban en la impunidad. En la actualidad, no obstante, existe un poco más de optimismo al respecto. El fiscal Alfonso Gómez Méndez es un hombre de profundas convicciones en materia de derechos humanos. Siempre ha considerado que tiene un compromiso con esa causa, la cual ha sido una constante en su carrera. El funcionario manifiesta que confía en que pronto tendrá claridad sobre estos hechos (ver entrevista). Aun si el Fiscal no puede terminar esta investigación con resultados positivos, el país tendrá que cambiar su actitud sobre los derechos humanos.Prioridad internacionalHasta ahora los temas relacionados con el respeto a los derechos humanos era una obsesión de la izquierda, pero no del resto de la sociedad. Eso está cambiando. En la actualidad la guerra sucia no es un asunto de derecha o de izquierda. Es un problema de Estado de derecho que compromete la estabilidad del país. No sólo eso, el problema ha desbordado las fronteras nacionales. La situación ha llegado a tal extremo que los altos funcionarios estadounidenses cuando hablan de Colombia pocas veces omiten el tema. Este ha sido el caso de las recientes declaraciones del actual embajador Kurtis Kamman y de su antecesor Myles Frechette, quienes últimamente se han referido a este asunto con la misma intensidad con que lo hacen respecto del narcotráfico. Hasta la propia jefe del Departamento de Estado norteamericano, Madeleine Albright, mostró su preocupación por el caso colombiano el pasado 17 de febrero, cuando anunció que Estados Unidos certificaba a Colombia por seguridad nacional. Ese día dijo claramente que los derechos humanos debían convertirse en una verdadera prioridad para las instituciones del país.Pero Europa tampoco se ha quedado atrás. La presión de varios gobiernos de ese continente sobre Colombia data de hace varios años. Así sucedió con el escándalo que rodeó la gestión del embajador colombiano ante la Comunidad Económica Europea, Carlos Arturo Marulanda, quien debió ser removido del cargo por el gobierno ante las continuas presiones de organizaciones de derechos humanos que lo acusaban de patrocinar la existencia de grupos de justicia privada en una finca de su propiedad en el departamento del Cesar. Los derechos humanos han pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda de la comunidad internacional. Hoy en día el tema es tan importante como el propio tráfico de drogas. Y la aceptación por parte del actual gobierno de una veeduría internacional de las Naciones Unidas para monitorear el país en esa materia es, sin duda, un paso en esa dirección. Todos estos lamentables episodios, relacionados con la guerra sucia, han terminado por colocar a Colombia en el humillante papel de vecino indeseable. Muchos la consideran una nación paria donde no se respetan los más mínimos derechos. El tema se ha convertido en una prioridad internacional a la que tendrá que acomodarse el próximo presidente, sea quien sea el ganador.

Entrevista: alfonso gomez mendez"El país sufre de esquizofrenia"El fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, habló con SEMANA sobre las causas y los responsables de la guerra sucia.
Semana: ¿Qué hay detrás de la guerra sucia? ¿Quién está disparando?
Alfonso Gómez Mendez: Definitivamente de ambos lados de la polarización hay sectores interesados en que no se llegue a un proceso de paz. No es un fenómeno nuevo. Es significativo que buena parte de la guerra sucia comenzara cuando el presidente Belisario Betancur abrió la puerta de los diálogos con la guerrilla. Lamentablemente el doctor Otto Morales, cuando renunció a la Comisión de Paz, no le hizo el favor completo al país, pues no dijo quiénes eran "los enemigos agazapados de la paz". Si entonces hubiera soltado nombres, dada su importante posición, las cosas habrían sido diferentes. Con Virgilio Barco siguió el proceso, la UP llegó al Congreso, pero entonces vino la campaña de exterminio contra esa organización política.
Semana: Muchos explicaron ese exterminio como el resultado de la controvertida estrategia de 'la combinación de las formas de lucha'. Las Farc sacrificaron a su brazo político.
A.G.M.: El hecho de que no hubiera habido una clara delimitación entre la acción legal y la ilegal, en alguna medida 'justificó' el proceso de exterminio de la UP.
Semana: ¿Volvió la guerra sucia?
A.G.M.: La guerra así planteada nunca ha desaparecido de Colombia desde comienzos de la década de los 80. Lo que está pasando es una intensificación de esa guerra. Muchos _y no estoy hablando solamente de sectores en el interior del Estado_ frente a los atropellos y atrocidades de la guerrilla han llegado a justificar la acción de los grupos al margen de la ley con el argumento de la eficiencia. Así, el remedio ha sido peor que la enfermedad.
Semana: Es conocida su posición de defensa de los derechos humanos y una de sus políticas cuando fue Procurador. Eso le significó que lo tildaran hasta de comunista...
A.G.M.: Cuando uno habla de derechos humanos se cree que es un idiota útil de la guerrilla y a esto ha contribuido la gran prensa con el resultado de hacer intocable lo que no lo es, de alimentar la llamada 'solidaridad de cuerpo'. Y cuando hay una guerrilla que no respeta el Derecho Internacional Humanitario es muy difícil hacer entender a un teniente o a un capitán, cuando capturan a un guerrillero, que hay que tratarlo como a una hermanita de la caridad. Lo que tienen que entender unos y otros es que en la guerra sucia pierde toda la sociedad.
Semana: ¿Como parte del Estado se siente solo en esta lucha?
A.G.M.: Antes que la barbarie prefiero luchar por el funcionamiento del Estado de Derecho. El Estado puede perder todas las batallas, pero no puede abandonar la lucha por su legitimidad. Lo cierto es que el Estado no ha actuado en la dirección correcta. Me sentí solo en el 89, cuando era Procurador, y empiezo a sentir esa soledad ahora como Fiscal.
Semana: ¿Dentro del Estado quién está comprometido o quién no lo está?
A.G.M.: No quiero entrar a personalizar ni a señalar. No quiero entrar en juicios recriminatorios. Lo que quiero es hacer un llamado general a la defensa del Estado de Derecho y de la legitimidad.
Semana: ¿Entonces no hay una política de Estado en materia de derechos humanos?
A.G.M.: Eso es lo más grave. La comunidad internacional no nos cree. Tenemos un doble discurso: de respeto a los derechos humanos hacia afuera _no hay que olvidar que la Constitución tiene 82 artículos sobre derechos_, pero sin una acción suficientemente comprometida hacia adentro. Esa es una muestra más de la esquizofrenia que vive el país. Vivimos en dos mundos, el mundo de la Constitución y el mundo real.
Semana: ¿Dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía en casos de asesinatos de defensores de los derechos humanos hay indicios de que los militares estén comprometidos?
A.G.M.: En algunos casos sí, pero no se puede decir que hayan correspondido a una política institucional. Hay investigaciones de la Fiscalía que comprometen en algunos casos a miembros de las Fuerzas Armadas de forma aislada. Recuerden La Rochela y Segovia. En éste ya se produjo un llamamiento a juicio.
Semana: ¿Hay algún avance o pista concreta sobre la autoría de los últimos asesinatos, los de María Arango, José María Valle y Eduardo Umaña Mendoza?
A.G.M.: Se están trabajando varias hipótesis. En los tres casos hay coincidencias: fueron asesinados en sus casas o en sus sitios de trabajo, no en los trayectos; se utilizaron engaños, y los asesinos, según los retratos hablados, son muy jóvenes. Creo que muy pronto habrá resultados.
Semana: ¿Cómo afecta la deteriorada situación de derechos humanos la relación de Colombia con la comunidad internacional?
A.G.M.: Es más fácil una intervención externa por esta situación que por el narcotráfico. El tema más importante de la agenda internacional del próximo presidente será, sin duda, el de los derechos humanos.