Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/02/15 13:44

"Quien no reconozca sus crímenes pagará 20 años de cárcel": Santos a las FARC

El presidente de la República hizo la advertencia al señalar que no habrá una paz con impunidad tras en el proceso que adelanta el Gobierno con la guerrilla.  

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia Foto: AP

El presidente Juan Manuel Santos hizo este lunes una nueva defensa del acuerdo en materia de justicia transicional firmado entre el Gobierno y las FARC el pasado 23 de septiembre.

Durante la celebración de los 130 años de la Universidad Externado de Colombia, Santos elogió al rector del claustro, el exmagistrado Juan Carlos Henao, a quien calificó, junto al también exmagistrado Manuel José Cepeda, como el arquitecto del sistema de justicia transicional que se aplicará para investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.

“Los externadistas pueden sentirse muy orgullosos de su rector porque ha sido protagonista de un hecho histórico y –en particular– de la elaboración de un esquema que muchos expertos coinciden en llamar único, que puede ser modelo para otros procesos en el mundo”, dijo Santos.

Según el presidente, el sistema de justicia transicional es una garantía para alcanzar “una paz sin impunidad”, entre otras, porque a diferencia de muchos procesos de paz en el pasado, y de la finalización de otros conflictos en el mundo, estos han concluido con la concesión de amnistías e indultos generales. Pero aclaró que en el caso colombiano, “hay crímenes tan graves, que ni la ley ni nuestra conciencia nos permiten amnistiar”.

Por eso, Santos recordó que los graves crímenes de guerra, el genocidio y en general las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario serán juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción.

El mandatario aclaró que los miembros de las FARC que reconozcan su participaron en los crímenes más graves y representativos estarán sujetos a sanciones impuestas por el Tribunal de Paz, con una restricción efectiva de la libertad de entre cinco y ocho años, complementada con la obligación de realizar obras y trabajos en beneficio de las víctimas.

Ese tratamiento especial, reiteró Santos, sólo es posible si cumplen varias condiciones, las cuales enumeró: para recibir esta sanción, la persona debe reconocer de manera pública su responsabilidad en tales crímenes, ofrecer verdad detallada sobre los delitos cometidos y participar en las medidas de reparación y no repetición, incluido el compromiso de no volver a delinquir.

“Si no reconoce toda la verdad y la responsabilidad en todos los delitos en que participó, la sanción puede llegar a ser hasta de 20 años de prisión. ¡Así de claro!”, señaló Santos.

Pero el mandatario hizo una advertencia a los miembros de esta guerrilla. Quien vuelva a delinquir, el propio Tribunal para La Paz podrá revisar la sentencia, y como la Jurisdicción Especial para la Paz conoce únicamente de delitos cometidos antes de la firma del acuerdo final, cualquier delito posterior va a la justicia ordinaria y se sujeta a las normas ordinarias. Además, según el delito, podrá ser extraditado.

La advertencia del mandatario se produce a pocas semanas de que se firme el acuerdo definitivo entre el Gobierno y las FARC, y vuelve a poner sobre la mesa el debate de la extradición.

Varios son los jefes guerrilleros solicitados en extradición por Estados Unidos, a quienes se les sindica de narcotráfico y hasta del secuestro de los tres contratistas norteamericanos que fueron rescatados por el Ejército en el 2007, durante la operación Jaque.

La extradición de miembros de las FARC pareció quedar sepultada el año pasado, precisamente cuando se completaron los 75 puntos del acuerdo en materia de justicia transicional.

En ese documento quedó consignado de forma explícita: “No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de la Jurisdicción Especial de Paz cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del Acuerdo Final”.

En otras palabras, las FARC tendrán la garantía de que tras la firma del acuerdo de paz, no podrán ser enviados a ningún país cuya justicia los solicite en condición de extradición por aquellos delitos cometidos con ocasión del conflicto interno colombiano.

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