En un mes Fiscalía resolverá investigación contra Petro

Apoyándose en las pruebas que practicó la Procuraduría en el proceso disciplinario contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la Fiscalía espera en un mes poder tomar una decisión en las investigaciones que se le adelantan al mandatario por la instrumentación del nuevo esquema de aseo de la ciudad.

El anuncio de Montealegre se dio luego que se reunió con Petro este jueves en el búnker de la Fiscalía, para escuchar de voz del mandatario capitalino, en una charla informal, los pormenores de cómo se instrumentó el sistema que provocó una crisis en la recolección de residuos en la capital.

“Fue un diálogo informal entre Fiscalía y el señor alcalde de Bogotá, me explicó muy detalladamente cuáles fueron las circunstancias que llevaron a cambiar el modelo de basuras y de aseo en Bogotá. Insistió en que la decisión que se adoptó no fue un modelo de estatización de servicios públicos en Bogotá, que se trata de un modelo mixto donde interviene una empresa pública con la posibilidad de que también intervengan operadores privados”, dijo el fiscal.

Petro le explicó que uno de los motivos para el cambio de modelo fue una decisión de tutela de la Corte Constitucional, donde se determinó que debían existir dos modelos de operación de basuras en Bogotá.

“Fue muy enfático en señalar el señor alcalde que él consideraba que no existía ninguna violación al principio de que tiene que existir una capacidad técnica de la persona que va prestar el servicios de aseo, porque en este caso la empresa de Acueducto de Bogotá, tenía todas las condiciones técnicas para hacerlo”, explicó Montealegre.

Según lo dicho por el fiscal, Petro justificó la situación que vivió la ciudad los días posteriores al 18 de diciembre del 2012, luego de la puesta en marcha del nuevo sistema de recolección, en que fueron hechos sobrevinientes  que dificultaron la implementación del modelo, pero que a la fecha los resultados son satisfactorios y las tarifas para los usuarios se han reducido.

Montealegre también se refirió a que el acalde de Bogotá le explicó que el modelo que tiene Bogotá también se ha instrumentado en ciudades como Medellín, en donde la gran mayoría de la operación en el esquema de aseo corre por cuenta de una empresa estatal y con buenos resultados.

“El alcalde no formuló ninguna denuncia contra el procurador general de la Nación, el objeto de la visita fue explicarme directamente cuáles fueron las circunstancias del cambio de modelo, los resultados actuales, el desarrollo y la evolución para refutar la decisión de la Procuraduría General”, aseguró.

Entre los resultados de la reunión entre el fiscal y el alcalde capitalino está que se analizarán las declaraciones entregadas por Emilio Tapia y Otty Patiño, en donde se habla de un supuesto complot detrás del tema que llevó a la destitución de Petro.

“El alcalde me manifestó su preocupación por recientes declaraciones que hicieron dos ciudadanos, Otty Patiño y Emilio Tapia, frente a una presunta maquinación que estaría detrás de la producción del fallo de la Procuraduría General de la Nación; como fiscal voy a valorar las declaraciones que han aparecido en los medios periodísticos para determinar si tienen alguna relevancia penal y si ameritan una investigación”, dijo Montealegre.

El fiscal explicó que dentro del proceso penal que se adelanta contra Petro se ha ordenado una inspección a la Procuraduría, porque es necesario allegar al ente investigador, las pruebas practicadas por el Ministerio Público en el proceso disciplinario contra el alcalde. Dijo que a esa evidencia se le sumará las argumentaciones que presentó el alcalde al órgano de control en su defensa.

El primer proceso será analizado por el propio vicefical general Jorge Fernando Perdomo. Este es el derivado del presunto impacto ambiental que ocasionó el cambio de esquema de basuras implementado. La segunda indagación es por los contratos suscritos para la recolección de residuos en la capital del país.

Dentro de las investigaciones que se adelantan en su contra, Petro ya rindió una declaración formal durante un interrogatorio ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.