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| 12/11/2013 12:00:00 AM

La figura política de Petro se fortalece tras su destitución

Desde los Estados Unidos hasta las FARC, pasando por la guardia indígena, levantan su voz en favor del alcalde de Bogotá.

Hasta ahora, era una constante que las encuestas le dieran la espalda al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Sin embargo, acaba de salir una en la que los resultados lo favorecen. La W Radio reveló un sondeo hecho por Datexco en el que se muestra que el 60 por ciento de los bogotanos está en desacuerdo con el fallo que destituyó e inhabilitó al mandatario por 15 años.

Es decir, la mayoría está del lado del alcalde y en contra del Procurador Alejandro Ordoñez. La encuesta también refleja que la imagen favorable de Petro saltó del 30,4 % al 50,6 %., siendo la más alta desde que comenzó en el cargo en enero del 2011.

Así las cosas, el alcalde vive una paradoja. Está ad portas de salir del segundo cargo público más importante de elección popular en el país, pero vive un momento dulce por la solidaridad que le ha llegado de los más variados sectores. En los balcones del Palacio Liévano ha sido flanqueado por el cabeza de lista al senado por Alianza Verde, Antonio Navarro, la candidata a la presidencia de la Unión Patriótica, Aida Avella; y el líder del movimiento agrario, César Pachón. Siempre dirigiéndose a miles de ciudadanos que se agolpan en la Plaza de Bolívar para escucharlo y a quienes convocó para este viernes a la “más grande movilización de la historia”.

Por si fuera poco, Kevin Whitaker, nominado por el presidente Barack Obama como nuevo embajador de Estados Unidos para Colombia también se puso de su lado. El funcionario dijo en las últimas horas que la destitución de Petro, “podría erosionar” el proceso de paz si sectores del país concluyen que no se está respetando el pluralismo político.

“Conozco el caso... Y aquí hay una pregunta fundamental sobre pluralismo político. Colombia está en medio de un proceso muy importante para encontrar cómo manejar el conflicto interno y no es por accidente que el segundo punto de las negociaciones fue el pluralismo político. Cómo integrar en el proceso democrático a individuos desarmados de la izquierda”, dijo Whitaker, según un reportaje publicado por el diario EL TIEMPO.

Además de esa voz que llega de Washington se han escuchado otras de enorme peso. Así, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. El representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, de la ONU pidió una cita al procurador para hablar de la jurisprudencia existente a nivel internacional sobre funcionarios elegidos democráticamente.

“En este caso podemos hablar de los derechos del alcalde o sus derechos de participar en política, pero lo más importante es que tenemos que hablar de los derechos de los ciudadanos de Bogotá que votaron por él”. Según Howland, “cualquier intervención de un funcionario que no esté elegido tiene que ser equilibrada”.

También, los alcaldes de la Red de Ciudades Suramericanas (Redcisur) manifestaron su apoyo y solidaridad a Petro y valoraron que la sanción es “peligrosa” para la democracia. “Consideramos muy grave este hecho ya que asesta un duro golpe a la gobernabilidad de nuestra hermana ciudad de Bogotá y significa una peligrosa señal para nuestras democracias”, manifiestan los firmantes de la carta.

La misiva está firmada por los alcaldes o intendentes de Lima, Susana Villarán de la Puente; Río de Janeiro, Eduardo Paes; La Paz, Luis Revilla; Santiago de Chile, Carolina Tohá Morales; Montevideo, Ana Olivera; Asunción, Arnaldo Samaniego; Quito, Augusto Barrera, y Buenos Aires, Mauricio Macri. “Cuestionamos de igual forma que una acción de una autoridad administrativa destituya a un gobernante elegido por voto popular de manera legítima”.

Asimismo, una veintena de eurodiputados le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le advierten su “profunda preocupación” por la decisión de la Procuraduría. En la comunicación destacan que Petro fue “elegido por una mayoría de votos” y que “tiene un mandato popular en la ciudad más importante de Colombia”.

Los miembros de la Eurocámara firmantes subrayaron que, en el marco de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “no es posible que un funcionario destituya a un gobernante elegido popularmente”.

En el ámbito nacional, también se han escuchado otras voces. La más sonora quizás es la de las FARC que hasta hace poco tenía a Petro como un objetivo militar y al que ahora sale a defender con vehemencia. La guerrilla llamó a los colombianos a “salir a la calle” para “alzarse contra la dictatorial destitución del alcalde de Bogotá”.

Las FARC recuerdan que “por encima de los desencuentros ideológicos y políticos que podamos tener con el señor Petro, no podemos permanecer impasibles ante tan desmedida muestra de soberbia oligárquica”. La guerrilla también señala que “la intolerancia y la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición política, son las causas de la larga confrontación armada que se libra” en el país.

Las FARC dicen que la decisión del Procurador, al que califican de fanático, pone en riesgo el proceso de paz que esta guerrilla negocia con el Gobierno Nacional en La Habana.

Simultáneamente a esta serie de declaraciones, ha habido otras acciones concretas. De una parte, el desplazamiento de unos 300 integrantes de la Guardia Indígena desde el norte del departamento del Cauca hacia Bogotá para defender al alcalde.

Así lo afirmó Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa, quien explicó que el grupo saldría en “chivas” para llegar este jueves a la capital.

Y de otra, la decisión de la Fiscalía de realizar una inspección a la Procuraduría para verificar el procedimiento por el que este organismo administrativo destituyó e inhabilitó al alcalde. El fiscal Eduardo Montealegre pidió a su vicefiscal, Jorge Perdomo, “trabajar intensamente en el caso, ordenar nuevas pruebas y verificar la decisión del procurador general”.

El caso generó una gran controversia en la que entró el Gobierno. En efecto, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, respaldó a la Fiscalía: “El fiscal es la autoridad competente constitucionalmente para investigar al procurador”, declaró. Así las cosas, la figura política de Petro se crece cada vez por la decisión del Procurador.                                                              
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