Revocatoria de Petro: también en manos de Ordóñez

Aunque los bogotanos hayan sido convocados para salir a las urnas en dos meses a decidir si respaldan o no la continuidad de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, la revocatoria a su mandato, convocada por la Registraduría, sólo se podría realizar dependiendo de los ritmos del proceso disciplinario contra el alcalde en la Procuraduría.

Y no precisamente porque la Constitución, que, como ha quedado en evidencia, le haya otorgado poderes casi supremos al procurador para que también decida si los ciudadanos deben o no salir a ejercer su derecho en las urnas. Sino precisamente porque de una firma de Alejandro Ordóñez dependerá que los ciudadanos terminen definiendo la continuidad de la administración de Petro en la capital.

Todo porque Ordóñez, quien el pasado 9 de diciembre decidió destituir a Petro e inhabilitarlo por 15 años, es el funcionario encargado de mantener en firme esta sanción administrativa. El procurador será el mismo funcionario que resuelva los recursos que la ley le otorgó al destituido alcalde. Y si Ordóñez ratifica la destitución, la revocatoria quedaría sin piso jurídico y el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, no tendrá otro camino que suspenderla.

Ahora, muchos bogotanos aún no saben qué pasará el próximo año con la administración de la capital. Aunque ya está en el ambiente que ineludiblemente en el 2014 habrá elecciones para decidir la suerte política de la ciudad, no tienen claro si cuando vayan a las urnas irán a elegir al reemplazo de Gustavo Petro o, por el contrario, deban  primero pronunciarse si prefieren mantenerlo en el cargo.

Para resolver este dilema hay que dejar claro que el proceso de revocatoria y el de destitución son independientes el uno del otro, tal como lo aclara Benjamín Ortiz, secretario del Consejo Nacional Electoral.

La revocatoria es un mecanismo de participación ciudadana que será convocado mediante firmas de ciudadanos que correspondan a no menos del 40 % de los votos por los cuales resultó elegido el mandatario. Mientras que la destitución es un proceso administrativo adelantado por la Procuraduría, que, en el caso de Petro, fue iniciado ante las quejas por la aplicación del nuevo modelo de recolección de basuras en la ciudad.

Según Ortiz, al ser dos procesos distintos e independientes, ambos deben seguir su trámite.

Aunque admite esta tesis, Guillermo Reyes, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, considera que en el caso de la Alcaldía de Bogotá el proceso de revocatoria depende exclusivamente de la decisión que adopte Ordóñez respecto al alcalde Petro. “Si el procurador mantiene en firme la destitución, no puede haber revocatoria, pues sencillamente en ese momento no habría alcalde al cual revocar”.

Reyes asegura que así el registrador haya convocado a las urnas para la revocatoria, esta quedará muerta en el momento en que Ordóñez, como se hace previsible, deje en firme la destitución.

Ordóñez tendría esa facultad a partir del próximo 31 de diciembre, pues hasta esa fecha tendrá plazo el alcalde Gustavo Petro de interponer el recurso de reposición al fallo disciplinario que ordenó su destitución.

Un término que el propio Petro ha ampliado debido a que no se dejó notificar en los tres días posteriores a su sanción, por lo que el organismo de control se vio obligado a hacerlo por edicto, el cual deberá salir máximo hasta el próximo 27 de diciembre.

Reyes explica que a partir del momento en que se interponga el recurso de reposición, el procurador podrá ratificar su sanción en cualquier momento, y se prevé que Ordóñez no se extendería más de un mes en dejar en firme una decisión que él mismo argumentó.

El dilema es para la Registraduría, que para ese momento ha debido empezar el desarrollo logístico para atender la revocatoria. Un proceso que le significará al Estado no menos de 56 mil millones de pesos.

Tras el tsunami político que generó la destitución de Petro, quien salió a la plaza pública con la bandera de defender los votos de su electorado y la intención de liderar un movimiento de indignados, el escenario de la revocatoria es el que más seduciría al alcalde. A la luz de las nuevas encuestas su imagen favorable se ha incrementado y la opinión pública en más del 50 % ha cerrado filas a su favor, no para respaldar su administración, sino para rechazar una sanción disciplinaria que en muchos sectores se ha advertido como excesiva. Con esta condición de ‘víctima’, Petro le apostaría a derrotar el intento de revocatoria.

Para que la revocatoria tenga éxito deberán participar más de 1,2 millones de ciudadanos, y obtener en las urnas más de la mitad de los votos, un resultado que se advierte cada vez más difícil para derrocar a un alcalde que se mantiene en la plaza pública congregando cada vez a muchos sectores a su favor.

La revocatoria, que en teoría sería para decidir sobre la permanencia o no de Petro, también podía ser utilizada electoralmente como un referendo en contra de la decisión del procurador Ordóñez, quien cada vez más parece tener más y más detractores por cuenta de sus pronunciamientos en contra de las libertades personales, caso del aborto o del matrimonio igualitario.

Por esa razón la revocatoria ahora sí parece seducir al alcalde, quien según lo ha recordado Miguel Gómez, el congresista de la U que promovió esta iniciativa, fue el propio Petro quien  con más de 180 recursos entre tutelas y apelaciones para declarar la nulidad de las firmas, impidió que los ciudadanos fueran convocados para decidir democráticamente sobre su permanencia en el cargo.

Políticamente se advierte que el procurador Ordóñez no permitirá que la revocatoria se convierta casi que en un pronunciamiento ciudadano contra sus decisiones. Y por eso el alto funcionario agilizaría dejar en firme  la destitución contra el alcalde antes de que se realice una revocatoria. 

Por eso la estrategia de Petro será intentar dilatar el pronunciamiento de Ordóñez para que primero sean convocados los ciudadanos para decidir su continuidad en la Alcaldía.

Pero todo dependerá de la poderosa mano del procurador, que aunque no tiene facultades de restringir el libre derecho de los ciudadanos de pronunciarse en las urnas, de una firma suya dependerá que haya revocatoria o no.

Por eso, ante la sanción disciplinaria, la decisión del registrador nacional de darle vía libre a la revocatoria tendría poco alcance y se reduciría a un cumplimiento formal de una herramienta de participación ciudadana. Probablemente Sánchez firmó la resolución a sabiendas que la revocatoria sería un escenario poco viable tras la destitución que Ordóñez le impuso a Petro.