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| 10/31/2013 12:00:00 AM

Se acaba el tiempo para Gustavo Petro

El próximo 6 de noviembre vence el plazo para que el alcalde de Bogotá presente sus alegatos finales.

¿Qué va a pasar con el alcalde Gustavo Petro? Esa es la pregunta que la mayoría de bogotanos se hacen ante lo que algunos consideran la inminente destitución por parte de la Procuraduría. Lo cierto es que ya hay fecha para que se conozcan los alegatos del alcalde.

Esta semana Petro salió a defender su propuesta de gobierno y a decir que existe una persecución por parte de la Procuraduría y que una eventual destitución constituiría, “un golpe contra un gobierno diferente, solo porque es diferente”. Incluso aseguró que se podría presentar un hecho similar al ocurrido en las elecciones  del 19 de abril del 1970.  

Con la frase “Petro se queda carajo” este miércoles un número pequeño de simpatizantes del alcalde salieron para protestar por la carrera Séptima. Ellos manifestaron que la investigación de la Procuraduría es una persecución contra el actual mandatario.

¿En qué está ahora el proceso en la Procuraduría? El expediente está en las manos del alcalde Petro quien y tiene hasta el 6 de noviembre para hacer su intervención en el proceso de manera escrita. Allí le tendrá que decir a la Procuraduría cuáles fueron sus actuaciones que originaron lo que se conoce la ‘crisis de la basura’, en diciembre del 2012.

En los centenares de folios reposan las diez pruebas y los nombres de los testigos solicitados por el alcalde de Bogotá. Además las tres pruebas solicitadas por la Procuraduría, informes ambientales, acciones preventivas y las pruebas documentales.

En las últimas dos semanas el mandatario capitalino ha enviado tres cartas a  lMinisterio Público y solicitó copias del expediente y otros elementos.

Después de esa fecha la sala disciplinaria podrá decidir cuál será el futuro del alcalde y si es responsable disciplinariamente por las acciones que provocaron un caos en las basuras en Bogotá.
La decisión sobre si el alcalde es suspendido o no se demoraría mucho, debido a que el alcalde no tendría camino jurídico alguno que esperar su fallo en primera instancia.

Según el código disciplinario las faltas gravísimas a título de dolo que le fueron endilgadas al alcalde dan como sanción de 10 a 20 años de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
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