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| 1/15/2014 12:00:00 AM

“Se está masacrando al juez”: Petro

El alcalde Gustavo Petro volvió a la Plaza de Bolívar, esta vez para respaldar al magistrado Armenta.

En la primera declaración luego de que se conoció la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que frenó su destitución y su inhabilidad por 15 años, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que en los medios de comunicación se está “masacrando al juez” que tomó dicha determinación.

Se trata del magistrado José María Armenta, quien quedó en el centro de la polémica luego de que se conoció que su esposa, Cecilia Calderón, ocupa un alto cargo en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB).

Ante jóvenes seguidores del alcalde congregados en la Plaza de Bolívar de la capital, Petro criticó que se pusiera en tela de juicio la decisión y que se hablara de una presunta inhabilidad del magistrado.

“Que si la esposa trabajada en el Distrito… Yo me pregunto… ¿cuántos familiares de magistrados trabajan en el Gobierno Nacional?”, reclamó el alcalde en la ante cientos de seguidores.   

Luego Petro cuestionó: “Lo que sí quedó desnudado el día hoy es que a cualquier juez de la República que intente defender derechos del pueblo, los derechos del voto popular… lo van a destruir”.   

Tutela


Un día después de que el procurador Alejandro Ordóñez dejó en firme la destitución contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el Tribunal Superior de Cundinamarca le sumó un nuevo ingrediente que aumenta la incertidumbre sobre la suerte del propio alcalde y la de la administración de la capital.

El Tribunal admitió una de las tantas acciones de tutela que se presentaron para revertir la decisión administrativa de la Procuraduría en contra del burgomaestre, en este caso la que interpuso José Gotardo León alegando que la decisión disciplinaria vulnera el derecho de elegir y ser elegido del alcalde Petro y de los ciudadanos que votaron por él.

La sentencia no tiene consecuencias diferentes a la “suspensión provisional” de la destitución, hasta tanto el propio Tribunal se pronuncie de fondo, situación que se deberá resolver en un plazo de 10 días a partir de la notificación de la sentencia.

Aunque la tutela corresponde al fallo del procurador del pasado 9 de diciembre, también afecta la decisión de segunda instancia que ratificó dicha decisión. En consecuencia, la destitución ordenada por una autoridad administrativa quedó suspendida por un tribunal judicial.
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