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| 11/13/2014 10:00:00 PM

Petro tuvo interés en comprar la ‘máquina tapahuecos’

Ante la Procuraduría, el alcalde dijo desconocer los términos del contrato.

En la recta final entró el proceso disciplinario contra funcionarios de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV) por las posibles irregularidades cometidas en la celebración de un contrato para adquirir la máquina que taparía cerca de 220.000 huecos que están en las calles de la ciudad.

Este jueves María Gilma Gómez, exdirectora general de la UMV; María Constanza Aguja, en su condición de secretaria general de la entidad; y Olga Patricia Mendoza, jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica, solicitaron su absolución argumentando que no tuvieron responsabilidad en el multimillonario contrato de más de 11.000 millones de pesos que fue otorgado sin licitación, y mucho menos por las demoras en la ejecución del mismo.

Una de las pruebas en el proceso fue un cuestionario enviado al alcalde Gustavo Petro sobre el tema. Semana.com conoció en primicia las respuestas del mandatario local enviadas por escrito al procurador delegado, Óscar Rodríguez, donde asegura que tuvo interés en conocer el costo de la máquina para comprarla.

En el documento de nueve páginas, Petro asegura que conoció de la tecnología en abril del año 2013, cuando se realizó un evento público de innovación para el transporte público en Bogotá con asistencia del embajador del Reino Unido en Colombia donde conoció la maquina 'tapahuecos' que utilizaba el método Velocity U.K.

"Se requirió el costo de la máquina para comprarla, y como respuesta manifestaron que no se vendía porque era un invento patentado", manifestó el burgomaestre.

El alcalde relata que existió una reunión en mayo de 2013 con los integrantes del sector de movilidad de la capital en donde “informé a los funcionarios de la UMV, para que estudiaran la viabilidad del contrato, la pertinencia de la tecnología y su aplicación a Bogotá y en razón de eso se tomara una decisión autónoma”.

Petro fue enfático en señalar que “nunca conoció ni fue informado del contrato celebrado con la multinacional Green Patcher S. A. S, puesto que la UMV tiene plena autonomía para adelantar su procesos de contratación. No obstante se me informó que se había celebrado el contrato con la multinacional respetando las normas de contratación estatal”, indicó.

“Desde siempre he sido respetuoso de la legalidad, he impartido instrucciones en todos los temas de contratación, desde ser estrictos en el acatamiento de las normas que regulan los diversos temas hasta la asesoría de profesionales expertos, por lo que en este tema no hubo excepción", dijo el Alcalde de Bogotá respecto de su política en materia contractual.

El alcalde no sale en respaldo de sus funcionarios en este caso. Por el contrario asegura que “la autonomía presupuestal de la UMV está en cabeza de María Gilma Gómez y sus asesores jurídicos” por lo cual deja entrever que como entidad descentralizada los contratos que suscriban son de exclusiva responsabilidad de ellos.

Semana.com consultó con fuentes de la Procuraduría el impacto de esta declaración del alcalde Gustavo Petro en el proceso.

Estas manifestaron que evalúan la posibilidad de abrir una indagación preliminar contra el funcionario, ya que admite que tuvo conocimiento de lo realizado en la contratación e, incluso, solicitó conocer el costo para comprar las máquinas, sin el conocimiento ni la experiencia para utilizar dicha tecnología en Bogotá.
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