La pelea de los sanandresanos por sus derechos vulnerados

Después de más de dos años de la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que le entregó a Nicaragua los derechos sobre unos 75.000 kilómetros cuadrados de aguas en el mar Caribe, los habitantes del archipiélago de San Andrés siguen sintiéndose afectados.

Mientras la región insular arrastraba graves asuntos sociales de tiempo atrás, el fallo de la CIJ implicó perder el acceso a ricos bancos de pesca ubicados en el área cedida al país centroamericano, lo que deprimió los ingresos de sus habitantes y, de paso, magnificó las demás problemáticas.

De ahí que, pese a todas las acciones de contingencia del gobierno nacional, algunos de los raizales hayan interpuesto una acción popular en la que buscan que el Estado le preste atención a esta región de una vez por todas.

Dicha acción judicial, presentada ante el Tribunal Administrativo de San Andrés, fue rechazada en primera instancia al considerar los magistrados que no cumplió con los requisitos de forma para poder darle trámite.

Este miércoles, el Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas, de la Sección Primera, ordenó tramitar la acción popular que, específicamente, alega la vulneración de los derechos de los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por cuenta del fallo de la CIJ.

La togada argumentó que si bien la demanda presentaba una deficiencia en el cumplimiento de las cargas procesales y probatorias para que proceda su admisión, “el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que se puede obviar ese requisito cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos”.

Los isleños, por su parte, consideran que les fueron vulnerados sus derechos colectivos “al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la defensa del patrimonio público y la protección de áreas de especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en zonas fronterizas”.

Añaden los raizales que con el fallo del tribunal internacional, San Andrés sufrió efectos irreversibles, los cuales se están reflejando gravemente en la comunidad.

Desde luego, reiteraron la dura situación de los pescadores de la isla, afectados por la repentina pérdida de acceso a una zona del Caribe y sus bancos de pesca, por lo cual varios se quedaron sin alternativas de trabajo.

Además, recordaron que en el año 2000, la Unesco declaró el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Reserva Mundial de la Biósfera Seaflower, en tanto es la reserva marina más grande del mundo y debe ser preservada.

La decisión señaló que “el daño contingente al que hizo alusión el actor se refirió básicamente a exponer que el mismo ya se causó con el desempleo de los ‘aborígenes’; la baja economía del turismo; la indefensión de zonas ecológicas a un probable sometimiento de explotación y extracción de crudo en alta mar; el uso del ‘mar perdido’ para el tránsito interoceánico de países asiáticos y la vulnerabilidad de las Fuerzas Militares para proteger la zona”.

Sin embargo, esta batalla apenas comienza. Luego de admitida la demanda, habrá que ver si prospera o no, mientras las dificultades continúan en el territorio insular.