Habla la exfuncionaria de Fajardo que lo enredó en la Procuraduría

“La única responsable soy yo”, dice Beatriz White, la exsecretaria de Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia, dueña, a través de su esposo, de un título minero que tiene al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, rindiendo cuentas en la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público notificó a Fajardo de un pliego de cargos en su contra por haber firmado la protocolización de un trámite a nombre de Manuel Antonio Mesa, esposo de White, para la explotación de una mina de grava en el municipio de Santa Rosa de Osos.

El argumento de defensa de Fajardo va en dos direcciones. Una, que el proceso para la operación de la mina ya había sido aprobado en administraciones pasadas y que él lo único que hizo fue firmar un derecho ya adquirido. Dos, que cuando recibió el documento para estampar su rúbrica, ninguno de sus funcionarios le advirtió que se trataba de un título a nombre del esposo de su secretaria de Participación. Así se lo dijo a la Procuraduría.

Antes de que el gobernador firmara, el título había pasado por siete personas, entre abogados expertos y funcionarios. La pregunta es: ¿Por qué ninguno de ellos informó que se trataba de un trámite cuyo beneficiario era el esposo de la secretaria de Desarrollo? Pero aún más, ¿por qué White no lo dijo? Según una carta que Semana.com reproduce a continuación, la exfuncionaria insiste en que el título minero no viola ninguna inhabilidad y reconoce que no alertó a su jefe sobre lo que estaba firmando.

Lo que viene ahora es un proceso en la Procuraduría que, de hallar responsable al gobernador, pondría en peligro su futuro político, asunto que no ha dejado de generar suspicacias, pues para nadie es un secreto que el procurador Alejandro Ordóñez también podría estar en la futura baraja de presidenciables. O al menos eso opinan columnistas como el escritor Héctor Abad Faciolince, quien desde su cuenta de Twitter dijo: “El procurador quiere joder a @sergio_fajardo por un ‘delito’ que no califica siquiera como imprudencia. Así descabeza a un competidor”.

Esta es pues la carta de Beatriz White, en la que da su versión de los hechos:

Este es un relato, aprobado jurídicamente, que no lesiona a nadie ni va en contra de la dignidad y el buen nombre de ninguna persona, que solo pretende informar a quien desee conocer el tema.

Nuestra historia personal y familiar habla por nosotros, para quien quiera creer, para quien no, nada podemos hacer. En este mundo estamos y cuando uno ha sido figura pública, sabe y acepta que estas cosas pueden pasar y que hace parte de las responsabilidades que hay que asumir.

La finca donde está ubicada la cantera, es hato lechero ubicado en el Municipio de Santa Rosa de Osos, en la que además hay cerdos y reforestación con especies nativas para la protección de cuencas.

En el año 1999 se descubrió que en un pedazo de la finca podía sacar piedra para afirmar la carretera interna y los caminos de las vacas, este material sirvió también a la vereda para arreglar la carretera en convites que se hacían con los campesinos de la zona.

Viendo el potencial de la cantera, que es pequeña pero muy útil en esa zona, se dio inicio a el  trámite ante la Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia para formalizar el uso de ese material y así poderla explotar comercialmente. Estos trámites vienen desde 1999, en ello, debió pasar por papeleos, derechos de petición, licencias ambientales, planes de obras, etc. que duraron más de 9 años, hasta que en 2004 se aprueba el componente ambiental y  posteriormente los programas de obras que son los pasos que debe darse para obtener una concesión de estas características. Es en el Gobierno de Luis Alfredo Ramos que se aprueba y concede este derecho, específicamente en el 2do semestre 2011, pocos meses antes de terminar su mandato.

Cabe anotar que lamentablemente el entonces Gobernador Ramos incumple una exigencia, la cual era que en un plazo no mayor a 30 días debía formalizar mediante un contrato de concesión minera, el derecho ya adquirido y aprobado por su Gobierno. Como esto no se hizo, el trámite se quedó detenido allí.

En el 2012, la Secretaria de Minas inició proceso de descongestión, recogiendo los tramites más viejos y aquellos que estaban aprobados, entre los cuales estaba este, que cumple con las dos condiciones, era uno de los más antiguos y tenía la aprobación completa.

Con la claridad que era un trámite ya aprobado, una licencia ya concedida, un proceso de más de 9 años llevado con toda la legalidad del caso, la Secretaria de Minas envía al Gobernador Fajardo para su firma la formalización de un trámite aprobado y concedido por el Gobernador Ramos, el cual era necesario evacuar en razón a su legalidad y trayectoria.

Como todos los contratos, este fue publicado en su momento en la página web, fue de público conocimiento y cumplió con todos los trámites de ley que se exigen en una actuación de estas características porque como bien dice el Gobernador Fajardo, ojala todo lo que hacemos se revise, ojala haya muchos ojos vigilando las actuaciones, que se nos miren, que nos midan, nuestros actos son abiertos y como tales, susceptibles de ser evaluados y medidos por los ciudadanos y los entes de control.

Esta es toda la historia, por este hecho han denunciado ante la Procuraduría al Señor Gobernador y a la Secretaria de Minas, denuncia por demás injusta dado que el Gobernador firmó el trámite sin siquiera saber que el adjudicatario era mi esposo tal como reconoce la Procuraduría y la Secretaría lo tramitó en un proceso de descongestión.

Confiamos plenamente en la Procuraduría, entidad de reconocida seriedad y objetividad que estamos seguros obrará en consecuencia con el expediente que tiene toda la claridad aquí descrita. Su deber, como ente de control es investigar y el nuestro, aportar las pruebas y el material que le permita tomar una decisión objetiva en derecho.

En  consecuencia con todo lo anterior, la única persona responsable de este proceso soy yo, que estoy convencida absolutamente que el mismo no comporta  inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, debido precisamente a que era un trámite ya aprobado, una adjudicación concedida por el anterior gobierno, con más de 9 años de antigüedad y con el cumplimiento de todos los requisitos legales y ambientales.

Realizar un trámite de oficio en aras a la legalización sobre algo que ya había sido otorgado por el gobierno anterior ha traído consecuencias dolorosas para mí y para mi familia y sobre todo, ha afectado al Gobernador y a la Secretaria de Minas, injustamente.  Por ello, he actuado con humildad, entereza y respeto, retirándome del servicio público y esperando que el resultado de la investigación permita aclarar esta situación.

Confío en Dios y en la justicia. Nosotros como familia tenemos nuestra integridad intacta, nuestra dignidad al frente y la conciencia tranquila porque hemos actuado con responsabilidad y hemos obrado en consecuencia con los principios éticos y morales con los que fuimos formados.