Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1987/08/17 00:00

HABLAN LAS FARC

SEMANA entrevista en La Uribe a Jacobo Arenas sobre el futuro de la paz después de la masacre del Caquetá.

HABLAN LAS FARC

Después de ocho jornadas en mula, la periodista María Luisa Mejía, enviada por SEMANA, es la primera en llegar a La Uribe desde la masacre del Caquetá, a entrevistar a los dirigentes de las FARC, Jacobo Arenas y Alfonso Cano, sobre la emboscada y las declaraciones de Tirofijo de que no habría desarme ni desmovilización por ahora. Este último no se encontraba en La Uribe en el momento de la entrevista.

SEMANA: Vamos a hablar de la masacre del 16 de junio. Hay quienes dicen que los frentes XIV y XV, que son los más poderosos de las FARC en hombres y en armas, se le salieron al Secretariado de las manos. Que venlan con ganas de echar plomo desde hacía mucho tiempo y que ustedes, por no perderlos, los autorizaron para hacerle la emboscada al Ejército.
JACOBO ARENAS: Nosotros nos enteramos de los acontecimientos igual que la opinión, por los medios de comunicación. Ni los autorizamos ni supimos de ellos hasta que se produjeron. Lo que ocurre es que desde el 2 de junio había comenzado contra los frentes XIV y XV un operativo militar del Ejército: aquí tenemos una comunicación donde se dice -en esa misma fecha del 2 de junio- que de continuar las cosas como están van a producirse de un momento a otro combates entre la guerrilla y el Ejército. Y en realidad el día 16 se produjo el combate. O la emboscada, como quieran: aquí la gente no sabe muy bien el manejo de ciertos conceptos de la guerra irregular, que es siempre asi: no es sino emboscadas, golpes de mano, asaltos, y los combates abiertos se dan muy raras veces. No es como la guerra regular, donde los ejércitos forman en los campos de batalla, como en las guerras napoleónicas. Lo que pasa es que los mandos militares manipularon muy bien la cosa para hacer aparecer esto como una monstruosidad nunca ocurrida aquí en Colombia: pero la guerra irregular siempre es así.

S.: Usted dice que le habían comunicado al consejero presidencial para la paz que se estaba llevando a cabo ese operativo militar...
J.A.: Sí, claro. Tenemos aquí la información, legajada para probarlo. Como en los últimos tiempos se ha intensificado mucho la relación entre el consejero presidencial y nosotros estamos informándolo siempre de todo lo que ocurre en el país. Porque eso no ha sucedido una sola vez en este proceso de tregua, sino muchas: ha habido enfrentamientos, ha habido peleas. Hace año y medio, por ejemplo, nosotros sufrimos un golpe muy fuerte con una compañía del V Frente a la que el Ejército le tendió una emboscada donde murieron 22 compañeros. Sin embargo nosotros no hicimos el escándalo que hizo el gobierno ahora, ni dijimos que por eso rompíamos la tregua: porque nos parece que acontecimientos de ese género se presentan en toda tregua, aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo. Porque las treguas se hacen entre grupos armados, entre ejércitos, para buscar un acuerdo posterior que conduzca a la paz, pero la tregua no es la paz, sino sólo el cese de los operativos militares. Sin embargo el Ejército colombiano no ha cesado sus operativos desde que se firmaron los acuerdos de La Uribe, y por eso hay problemas. Ahora, si lo del Caquetá asumió ese carácter de propaganda que le dieron es por una razón fundamental y determinante: porque ahí el Ejército no tuvo capacidad de respuesta frente a la guerrilla. Eso es todo. Si hubiera habido 100 guerrilleros muertos y 27 soldados muertos la situación sería completamente distinta, porque se vería que hay capacidad de respuesta del Ejército. Pero tal como fue, tuvo que ser para el Ejército un fuerte golpe de orden moral, y es a eso que va dirigida la propaganda, la movilización de los medios de comunicación en solidaridad con el Ejército. Porque cuando no se nota en la guerra la capacidad de respuesta eso quiere decir que un ejército se está convirtiendo en una cosa completamente distinta de para lo que son los ejércitos: en una cosa con capacidad para matar gente desarmada, para amarrar personas, para detenerlas en las carreteras, para coger individuos, llámense revolucionarios o no, para desaparecerlos, para torturarlos, para matarlos por centenares. Pero no para hacer frente a una guerrilla a la que de pronto le dio por cobrar sus propios muertos. Esa es toda la historia.

S.: Usted dice que no hay capacidad de respuesta. Pero ¿cuál va a haber cuando al pasar por una carretera estalla una mina y de una vez mueren 28 personas? Si de verdad el Ejército está hostigando a las FARC en el Caquetá ¿por qué no se responde en un combate frente a frente?
J.A.: Es que la respuesta no la dan los muertos. La dan los vivos. Entonces, en ese ejemplo ¿a quién se le ocurre -hablando militarmente- meter ochenta y cinco soldados en dos camiones en donde se está desarrollando un operativo militar contra unas guerrillas? Estamos hablando de la guerra irregular, la que hace la guerrilla de la misma manera que la hace el propio Ejército, y por eso es que una buena parte del Ejército colombiano está convertida en una forma de organización guerrillera. Asi se plantea el problema por parte de nosotros, y también de ellos: por eso está uno aqui lleno de textos militares de contraguerrilla: es exactamente eso.

S.: Usted habla de un operativo militar. Pero era un batallón de ingenieros, en una brigada cívico-militar.
J.A.: No es cierto, no es cierto. Esos batallones tienen tareas específicas de contraguerrilla. Aquí nos llegó un comunicado de los compañeros del XIV y del XV donde nos dan la lista de las "herramientas" que les tomaron en combate a los militares: las palas, los picos, y las barras que dicen que llevaban tienen marca Galil y G-3.

S.: Cuando a ustedes se les pregunta por qué realizaron la masacre del Caquetá le responden al Presidente diciendo que ella es "consecuencia de una serie de vacíos en el tratamiento que se le ha venido dando al problema de la guerra y de la paz". ¿A usted le parece que después de la muerte de tantos soldados esa es una explicación suficiente?
J.A.: Sí, o no. Porque lo que decimos nosotros es que lo del Caquetá no ha debido acontecer. ¿Cómo? Antes del cambio de gobierno habia una amplia comisión de paz y verificación; después les dio porque eso no servia. Hace unos meses los gremios del Caquetá, el clero, la banca, se reunieron en una cumbre económica y social para proponerle al gobierno que ellos iban a restablecer esa comisión en su región. El doctor Carlos Ossa se opuso inmediatamente, dijo que esos problemas los trata institucionalmente el gobierno, y no los particulares, y no les permitió restablecerla. Esas comisiones no servían para resolver el problema de los muertos, sino para evitar que se produjeran las confrontaciones: nosotros podemos señalar más de cien casos bajo el gobierno del doctor Betancur, y esos son los "vacios" de que habla nuestra carta. Pero en vez de utilizar ese mecanismo que se ocupa de evitar la confrontación, este gobierno resuelve crear otro otra comisión, la llamada de rehabilitación, que es un embeleco que no sirve para nada. Se está convirtiendo en una bandera política para las próximas elecciones, nada más.

S.: Volviendo a su explicación sobre el "operativo militar" del Ejército. ¿Dónde está el límite entre los operativos militares y la presencia a que tiene derecho constitucionalmente el Ejército en cualquier región del país? ¿Incluso aquí, en La Uribe?
J.A.: El Ejército colombiano, de acuerdo con la Constitución, puede estar en cualquier lugar del país donde le plazca estar. Lo que la Constitución no dice es que puede estar ahí para perseguir, para matar gente, para desaparecerla y torturarla, ni para sembrar el terror en las masas campesinas. Eso no lo dice la Constitución. Y es apenas lógico suponer que cuando el Ejército no está cumpliendo su misión constitucional encuentre respuesta a todas las cosas malas que está haciendo.

S.: El costo social para el país ¿no habría sido menor si ustedes hacen esas denuncias con antelación en vez de llegar y dinamitar a estos muchachos cuando iban por una carretera?
J.A.: Pero es que nosotros no solamente hemos denunciado los operativos del Caquetá. Aqui por el teléfono rojo hablamos todos los días planteándole al doctor Ossa y al Presidente no sólo los operativos sino las amenazas, los arretenamientos, los asesinatos, la persecución, los desaparecidos... Y los mandos militares mandan una sola respuesta: que no. Pero no somos sólo nosotros los que hacemos las denuncias. En el Caquetá, por ejemplo, los propios gremios están casi más preocupados que nosotros mismos. Por eso hicieron su reunión y su propuesta al gobierno para restablecer las comisiones de verificación. Y el gobierno dijo que no.

S.: Alfonso Cano, hablemos ahora de las consecuencias de la masacre del Caquetá sobre el futuro de la tregua. El presidente Barco dice que "por insensata decisión de los agresores", o sea de ustedes, se rompe el cese al fuego en el Caquetá. Ustedes dicen que los agresores son los militares y que no se están respetando los acuerdos firmados en La Uribe. Pero según esos acuerdos, el cese al fuego se cumplirá únicamente "respecto de aquellos grupos y personas que lo acaten y respeten, y no infrinjan la ley penal". ¿No es ese el caso de los frentes XIV y XV?
ALFONSO CANO: Partamos de un comienzo: los acuerdos de cese al fuego y tregua se firmaron entre el gobierno y una fuerza beligerante que tiene unas armas y una organización y que se llama FARC. Desde el principio preveiamos, gobierno y FARC, que la tregua iba a tener tropiezos. Es lógico, en cualquier tregua, en cualquier sociedad, en cualquier país. El acuerdo del cese al fuego se cumplió: con problemas, con agresiones, pero concluimos que estaban dadas las bases para pasar al periodo de tregua, y lo hicimos. Y en el tiempo transcurrido, que va para tres años, ha habido muchas complicaciones: ataques muertos, desaparecidos, torturados. A nosotros se nos ha sindicado de que también hemos violado parte de esos acuerdos; nosotros hemos dicho que es el Ejército quien los viola sistemáticamente y hemos presentado pruebas. Y sin embargo continuábamos avanzando. Pero en este periodo del doctor Barco ha faltado un mecanismo: una instancia de verificación de que se estaba cumpliendo lo firmado. No hay a quién acudir. Y entonces, cuando obviamente los problemas se seguian presentando y no había una instancia para que se resolvieran, se dio lo que se dio. Si hay dos fuerzas enfrentadas en una misma área y una va buscando a la otra, pues hay colisión. Por eso lo que planteamos nosotros, y lo seguimos planteando, es que tiene que existir una instancia de verificación que le permita al proceso seguir adelante. Porque nosotros queremos seguir adelante. Si nosotros, con el mismo criterio con que el señor Presidente ha decretado rota la tregua en el Caquetá hubiéramos obrado en años anteriores, hacía mucho tiempo que hubiéramos dicho "aqui no hay dialogo", porque son muchos los muertos nuestros: en emboscadas también, asesinados, desarmados. Hubiéramos podido decir: "El Ejército incumplió los pactos aquí, allá, allá: entonces, cambio y fuera. Aquí no hay más diálogo que el de los fusiles". Pero pensamos que ni la política ni el país se pueden manejar de esa manera irreflexiva. Pensamos que a pesar de los problemas -aún hoy, después de lo acontecido en el Caquetá y de lo sucedido en estos días- hay que seguir conversando, buscándole la salida política a este problema y no la salida militar.

S.: El Presidente también mantiene su voluntad de diálogo, y la manifestó en la carta que les dirigió a ustedes; pero señala que en adelante "cualquier acción al respecto requiere que se produzca el proceso de movilización y el consiguiente desarme". ¿Ustedes están dispuestos a hablar sobre este tema y a ponerle fechas?
A.C.: Nosotros no vetamos ningún tema ni ponemos condiciones para dialogar. En cuanto a fechas, en los acuerdos de La Uribe hay fechas. Ahí se habla de un período de cese al fuego que dura dos meses, y un período de tregua que dura un año, a partir del cual podemos buscar una paz democrática. Pero reunidos con los delegados del gobierno, ellos y nosotros concluimos que no había las condiciones para dar por terminado el periodo de tregua, que por eso fue prorrogado. Porque no es solamente el problema de que nosotros mantengamos las armas, sino el del proceso de cambio del medio ambiente político, social y económico del país. Y después de tres años nos preguntamos: ¿Y las reformas? ¿se han hecho? Nosotros no somos mayoría en el parlamento, no estamos en el gobierno. Las reformas y los cambios tienen que producirlos quienes tienen la posibilidad legal de hacerlo. Y no hay reformas. Los grupos paramilitares que nos acosaban y acosaban al movimiento democrático no han disminuido, han aumentado. Los problemas sociales del pueblo colombiano se han acrecentado, lo dicen los mismos representantes de los gremios. O sea: las condiciones que sus tentaron los acuerdos no se han modificado. Nosotros si estamos en disposición de ponerles plazos, fechas, lo que se quiera a las cosas; pero sobre la base de que no se puede aplicar la ley del embudo: lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros. Así no se puede. Hay un compromiso que obliga a las dos partes: de eso se trataban los acuerdos.

S.: Los acuerdos de La Uribe dicen simplemente: "La comisión de paz certifica la voluntad del gobierno de impulsar" las reformas.
A.C.: ¿Cómo así, cómo así...? Hay un compromiso. Un primer periodo en que nos comprometemos a parar el fuego, el Ejército y nosotros. Después de que se constate el cese al fuego, nos sentamos a conversar sobre cómo será el proceso de la paz en Colombia: cuáles reformas, cuáles cambios. O sea: que se modifiquen las causas que han originado la guerrilla y la lucha armada en este país. Y en eso no se ha avanzado. Hay que mirar los textos firmados. Porque cuando hablamos de reformas, entonces sí no existen en los acuerdos: están como sobre-entendidas, como que si como que no...; pero cuando hablamos de desmovilización y desarme, eso sí está en el texto. No. El texto es completo. La filosofía que sustenta estos acuerdos aborda el problema por donde hay que abordarlo: hay condiciones económicas, políticas y sociales que han generado la aparición de un tipo de lucha de clases violentas en Colombia. Lo que necesitamos para que desaparezca esa manifestación del problema es acabar con el problema mismo. Para eso exactamente son las reformas. Y en la medida en que haya cambiado el medio ambiente político, económico, etc., la guerrilla habrá perdido su razón de ser. A no ser que crean que la guerrilla se va a acabar aquí a punta de que maten a los compañeros con organizaciones paramilitares. Pero eso no es lo que dicen los acuerdos de La Uribe. Disponen responsabilidades nuestras y responsabilidades del gobierno. Pero no dicen en ninguna parte que los guerrilleros se tengan que dejar matar. Ese es todo el problema. Nuestra disposición sigue siendo la de conversar con el gobierno, y si hay que fijar fechas se fijan: pero cumpliendo de parte y parte. No somos sólo nosotros los que tenemos que dar, no es sólo el pueblo el que tiene que ceder: el gobierno y los que detentan el poder económico y político en este país también tienen que ceder, y los militaristas tiene que parar en su política de aniquilamiento del movimiento de masas en Colombia. Tiene que haber una concesió de todos lados.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.