Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/11/02 19:23

Se destapan los tres aspirantes a la Corte Constitucional

Semana.com dialogó con candidatos a reemplazar al exmagistrado Mauricio González en el alto tribunal.

Se destapan los tres aspirantes a la Corte Constitucional

Esta semana será crucial para los candidatos a reemplazar a Mauricio González Cuervo en la Corte Constitucional. La plenaria del Senado empezará el debate para decidir quién de los integrantes de la terna enviada por el presidente Juan Manuel Santos se queda con el codiciado cargo. Semana.com conversó con los tres candidatos y conoció sus impresiones sobre la justicia transicional y el escándalo de corrupción que golpea al alto tribunal, entre otros asuntos.
 
Magdalena Correa

Actualmente es directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado. Además es abogada de esa misma institución y doctora en derecho constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. En diálogo con Semana.com expresó que si bien lo penal y los demás componentes de un proceso de justicia transicional merecen el mismo nivel de atención, no se puede dejar por fuera el factor social, que es lo que hace sostenible la paz.

Semana.com: Para la Justicia y para la sociedad colombiana se avecina el compromiso de la reconciliación.  ¿Es deseable que en aras de la paz se sacrifiquen ciertos parámetros de justicia?

Magdalena Correa:
La construcción de la paz es un imperativo constitucional. Es bonito decirlo, pero hacerlo es muy difícil. Debe haber ponderación, debe haber límites dispuestos por las obligaciones constitucionales y las internacionales. Como ciudadana, como conocedora de lo que se dice en el mundo, hay que meterle desarrollo económico. Ayuda humanitaria, pero principalmente trabajo -ojalá estable- y opciones de inclusión y crecimiento inclusivo. A la justicia transicional hay que meterle más desarrollo y oportunidades.

Semana.com: ¿Qué le faltó al modelo de justicia transicional que se puso en práctica con los paramilitares?
 
M. C.: Uno como ciudadano espera que se recojan las experiencias internas y las de afuera, no para copiar, pero sí para aprender de los errores. Ha habido estudios interesantes sobre Justicia y Paz y creo que se tiene que estar consultando por quienes están armando ahora la justicia transicional para este nuevo proceso. Dentro de esa revisión uno encuentra que hay falencias, pero no se puede negar que también hay aciertos.
 
Semana.com: Pasemos a otro tema. El escándalo del supuesto soborno al magistrado Pretelt tiene a la Corte mal parada ante la opinión.  ¿No teme que los coletazos de esa controversia terminen menguando su perfil profesional si usted llega al alto tribunal?
 
M. C.: Al contrario, es una oportunidad maravillosa. Me honra, como a cualquier constitucionalista y a cualquier ciudadano que quiera este país y que crea en la administración justicia poder llegar a la Corte.

Semana.com: ¿Cree en la inocencia del magistrado?

M. C.: Sería muy grosero convertirse en juez en esta circunstancia. Creo que es importante que, ante una situación que generó unos hechos, las autoridades adopten las medidas, desarrollen las investigaciones y tomen las decisiones pertinentes para esclarecer la verdad.

Semana.com: ¿Cree que alguno o algunos magistrados son responsables de la mala fama de la Corte?

M. C.: No sé. Lo que sí creo es que, de haber ocurrido, es totalmente repudiable, por mancillar una institución tan valiosa para Colombia. La Corte es un referente en el mundo. Y sí, la crítica ha sido excesiva. El debate se tiene que enriquecer y hasta ciertas posiciones radicales sirven, pero también hicieron falta voces sobre el trabajo utilísimo de la Corte.

Semana.com: Para mucha gente, llegar a las altas cortes se ha reducido a un ejercicio de hacer buenas relaciones en los cocteles, debido al origen político de los nombramientos. ¿Cree en el sistema de escogencia?


M. C.: Si debe participar el Senado para esa legitimación, ¿por qué uno va querer que jueguen unas reglas distintas de las que rigen el funcionamiento político? Eso tiene un sentido. Uno tiene que saber jugar con esas reglas.

Semana.com: ¿Por qué el mérito no debe ser el único criterio?


M. C.:
En un escenario ideal, quizás esa sería la respuesta. Pero si sólo fueran los méritos, ¿cuál sería la participación del Congreso? Podría haber una mezcla entre un procedimiento de méritos y uno claro en el escenario político.
 
Semana.com: Hablando de los mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para acceder a la justicia, ¿qué piensa de la tutela? ¿Está de acuerdo con que se debe limitarla? ¿Hasta qué punto?
 
M. C.: A un constitucionalista esa pregunta lo lleva a decir que la tutela ha sido un mecanismo que ha acercado el derecho y el Estado a la gente. Pensaríamos que hay que protegerla.

Semana.com: Pese a las críticas, muchos ven en la Corte Constitucional la única ruta de salvación ante la inoperancia del Congreso y de los gobiernos ¿Hasta dónde debe intervenir por la falta de gestión de los demás poderes?


M. C.: En el Estado democrático constitucional la figura trascendental es el legislador porque es él quien decanta mandatos constitucionales y crea las bases de las políticas públicas. Pero sólo cuando se evidencia que la función institucional, especialmente la del legislador, no sea posible descubrir el cumplimiento de la Constitución, el juez debe tomar decisiones muy cuidadosas y rigurosas.
 
Semana.com: Muchas decisiones de la Corte han sembrado resistencia en sectores conservadores. El procurador ha sido uno de los más reticentes ¿Qué opina de que una autoridad tan visible se oponga a cada decisión  del tribunal con la que no comulga?

M. C.: Forma parte de las deliberaciones, de la pluralidad democrática que alimenta un Estado. La Constitución le ha otorgado al funcionario amplias funciones y el juez constitucional las ha ampliado. Y si el juez constitucional ha llamado la atención sobre el cumplimiento o no de las funciones constitucionales de la Procuraduría, está llamado a acatarlas.

Semana.com: ¿Es justo que funcionarios como el procurador y el fiscal se refieran abiertamente a todos los temas de interés nacional cuando a los demás les está vedada tan amplia participación?

 
M. C.: Bajo el derecho constitucional clásico gritaría: ¡No! El fiscal y todas las autoridades deben ser estrictos y no pronunciarse. Pero, de pronto, estamos en un momento en el que hay que evolucionar para que las instituciones favorezcan un debate institucional.
 
Catalina Botero
 

Catalina Botero es la otra candidata mujer que trata de llegar a la Corte Constitucional en reemplazo de Mauricio González. Esta abogada especialista en derecho constitucional de la Universidad de Los Andes compartió con este portal sus conocimientos en torno a los estándares internacionales que deben hacer parte de acuerdos de justicia transicional.

La exrelatora de libertad de expresión de la CIDH, quien cuenta con un posgrado en derecho constitucional y ciencia política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, defiende el papel de la tutela en el acceso de los ciudadanos a la adminsitración de justicia.
 
Semana.com: Para la Justicia y para la sociedad colombiana se avecina el compromiso de la reconciliación. ¿Es deseable que en aras de la paz se sacrifiquen ciertos parámetros de justicia?
 
Catalina Botero: Para la conquista de la paz es indispensable que se respeten los estándares internacionales de justicia transicional. La justicia transicional indica que es indispensable que las víctimas tengan derechos a la verdad, a la justicia a la reparación y a medidas institucionales de no repetición.

Semana.com: ¿Qué elementos debe tener un acuerdo de justicia después de un largo conflicto que exige reparar víctimas y reconstruir la verdad histórica de lo vivido en él?


C. B.: En estos procesos de transición se pasa de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos o de una dictadura a un Estado de derecho en el cual se respetan los derechos humanos y las instituciones. Para que ese tránsito pueda tener lugar hay que reconocer a las víctimas, generar confianza en las instituciones y establecer medidas institucionales para fortalecer el Estado de derecho.
 
Semana.com: El escándalo del supuesto soborno a Pretelt tiene a la Corte mal parada ante la opinión. ¿No teme que los coletazos de esa controversia terminen menguando su perfil profesional?


C. B.: Creo que la institucionalidad sí está pasando por una crisis de confiabilidad, por razones que tendrán que resolver otros órganos. Pero creo que la propia institución ha adoptado mecanismos para hacer frente, por ejemplo, la trasparencia en los procesos de selección de tutela que vino con la reforma a su reglamento, de un enorme valor.

Semana.com ¿Cree que en la inocencia del magistrado?


C. B.: Cuando yo fui relatora de libertad de expresión y algún funcionario o candidato a serlo imputaba una conducta indebida a otra persona, siempre era mi reflexión que esas imputaciones las tenía que hacer el órgano competente y no nadie desde afuera.

Semana.com: ¿Cree que alguno o algunos magistrados son responsables de la mala fama de la Corte?


C. B.: La Corte tiene gente realmente extraordinaria. Hay gente que está sentada haciendo justicia constitucional, haciendo respetar la Constitución con enorme probidad.

Semana.com: Para mucha gente, llegar a las altas cortes se ha reducido a un ejercicio de hacer buenas relaciones públicas, debido al origen político de los nombramientos. ¿Cree en el sistema de escogencia?


C. B.: Es la mejor modalidad de escogencia. El modelo institucional, por ejemplo, permite que quienes retiran del ordenamiento jurídico una ley, una hecha por el propio Congreso, sean personas en cuya elección interviene el legislador. Como los jueces expulsan leyes del ordenamiento, tienen que tener legitimidad democrática.

Semana.com: ¿Por qué el mérito no debe ser el único elemento?


C. B.: Este modelo es absolutamente adecuado y en este modelo es importante que se tenga en cuenta también el mérito.

Semana.com: Hablando de los mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para acceder a la justicia, ¿qué piensa de la tutela? ¿Está de acuerdo con limitarla?

C. B.: Es probablemente uno de los instrumentos jurídicos más importantes que existe no sólo en Colombia, sino en muchos de los países de la región. La tutela ha hecho que la gente hable el lenguaje de los derechos, que las personas se sientan titulares de ellos y no tengan que salir a regatearlos o a comprarlos o a pedir favores. Es el instrumento que la gente se sienta ciudadana.
 
Semana.com: Pese a las críticas, muchos ven en la Corte Constitucional la única ruta de salvación ante la inoperancia del Congreso y de los gobiernos. ¿Cree que esta Corte se ha entrometido en lo que le compete al Legislativo y el Ejecutivo?


C. B.: En general, ha cumplido su función como guardiana de la Constitución. Hay sentencias que yo no comparto, lo dije en mi ejercicio como magistrada titular al salvar el voto en algunas. Pero ninguna de esas determinaciones compromete la integridad de la institución.

Semana.com: Pero ha habido casos en  los que la Corte no se limita a exhortar al Legislativo o al Ejecutivo para que establezcan medidas que permitan superar un déficit en cualquier materia. También ha establecido el escenario jurídico nuevo que se tendría si se desatienden sus recomendaciones.

C. B.: Es una función de los jueces asegurar el cumplimiento de sus fallos, dentro del ejercicio de sus competencias y sin usurpar las competencias de otros órganos, como el Ejecutivo o el Legislativo.
 
Semana.com: ¿Es justo que funcionarios como el procurador y el fiscal se refieran abiertamente a todos los temas de interés nacional cuando a los demás les está vedada tan amplia participación?

C. B.: Como cualquier otro funcionario, se mueven en el ejercicio de sus competencias. Lo que hay que revisar es si se mueven o no dentro de tales facultades. Si no lo hacen, llamarles la atención. El hecho es que eso no significa que deban referirse únicamente a los casos concretos que tienen.

Alejandro Linares

El abogado Alejandro Linares es el único candidato hombre por el cual el presidente Santos se la jugó. Frente al obligado tema supuesto episodio de corrupción que le atribuyen al magistrado Jorge Pretelt, dijo que lo importante no es lo que se opine, sino lo que la Comisión de Investigación de la Cámara sea capaz de probarle al togado.

Este profesional del derecho y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes destaca lo que lo hace diferente y alejado de esos supuestos tráficos de influencias que han sido debatidos en distintos medios de comunicación.

Semana.com: El escándalo del supuesto soborno a Pretelt tiene a la Corte mal parada ante la opinión. ¿No teme que los coletazos de esa controversia terminen menguando su perfil profesional?

Alejandro Linares: Llego con un perfil diferente, independiente y fresco, que me permite estar al margen de las discusiones que se puedan estar dando en relación con una institución cuyos resultados valora el pueblo colombiano, como artífice de la materialización del Estado Social de Derecho.

Semana.com: ¿Cree que en la inocencia del magistrado?


A. L.: Creo en la presunción de inocencia. Además, lo importante no es lo que yo crea, sino lo que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pueda probar en contra del magistrado Pretelt.

Semana.com: ¿Cree que alguno o algunos magistrados son responsables de la mala fama que se le ha creado a la Corte?

A. L.:
Todas las ramas del poder público deben estar abiertas al escrutinio de los ciudadanos. Los jueces no deben escapar al examen que el pueblo pueda y deba realizar en defensa de su Constitución y de su materialización. Todos los magistrados deben estar dispuestos a rendir cuentas sobre su gestión, a actuar con transparencia.

Semana.com: Para mucha gente, llegar a las altas cortes se ha reducido a un ejercicio de hacer buenas relaciones sociales, debido al origen político de los nombramientos. ¿Cree en el sistema de escogencia?

A. L.: Creo que es un tema del constituyente y no de un aspirante a magistrado. Siempre me he inscrito por sistemas de convocatoria pública, donde la hoja de vida y el escrutinio que realiza cada una de las instituciones llamadas a conformar la terna ha sido juicioso y estricto. Dada la importancia de sus decisiones, los magistrados de la Corte Constitucional deben ser legitimados, en su origen, por el proceso político.

Semana.com: ¿Por qué el mérito no debe ser el único elemento?

A. L.: El mérito debe ser el primer elemento. Sin embargo, es necesario que el proceso cuente con la participación del órgano político para garantizar una “legitimidad de origen” en la elección de los magistrados de la Corte Constitucional.

Semana.com: Hablando de los mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para acceder a la justicia, ¿qué piensa de la tutela? ¿Está de acuerdo con limitarla?

A. L.: La tutela es una gran conquista de los ciudadanos colombianos. Es uno de los instrumentos más efectivos que ideó el Constituyente de 1991 para garantizar la efectividad de los derechos de los ciudadanos.  

Semana.com: Pese a las críticas, muchos ven en la Corte Constitucional la única ruta de salvación ante la inoperancia del Congreso y de los gobiernos. ¿Cree que esta Corte se ha entrometido en lo que le compete al Legislativo y el Ejecutivo?

A. L.: Creo que la Corte debe actuar con sujeción al principio de colaboración armónica entre poderes. La Corte no debe perder de vista que colaborar no puede implicar imponerse, pues en un Estado constitucional ningún poder puede entenderse absoluto, y en esa medida, si bien la Corte Constitucional no dispone de una órgano que la controle, debe tener presente que claramente tiene límites.

Semana.com: Muchas decisiones de la Corte han sembrado resistencia en sectores conservadores. El procurador ha sido uno de los más reticentes ¿Qué opina de que una autoridad tan visible se oponga a cada decisión del tribunal constitucional con la que no comulga?


A. L.: Los debates académicos y sociales sobre las decisiones de las cortes ayudan a construir una cultura constitucional y son vitales en una democracia. El procurador, como cualquier funcionario, tiene unas funciones constitucionales dentro de las cuales debe ejercer su cargo. Por ejemplo, debe intervenir, de manera obligatoria, en los procesos de constitucionalidad.

Semana.com: ¿Es justo que funcionarios como el procurador y el fiscal se refieran abiertamente a todos los temas de interés nacional cuando a los demás les está vedada tan amplia participación?

A. L.: La libertad de expresión es un derecho fundamental, dentro de los límites de la Constitución y la ley.

Semana.com: Para la Justicia y para la sociedad colombiana se avecina el compromiso de la reconciliación. ¿Es deseable que en aras de la paz se sacrifiquen ciertos parámetros de justicia?

A. L.: Este es un tema que llegará a la Corte y que tendré que estudiar de manera obligada en caso de ser elegido magistrado, por lo que no puedo pronunciarme en concreto. Considero eso sí, que la Corte Constitucional, como garante de un pacto de convivencia democrática, debe lograr entender la noción de justicia restaurativa y revisar el balance entre derecho internacional y el derecho interno, utilizando el llamado “margen nacional de apreciación” para sancionar crímenes internacionales; en últimas, deberá revisar qué tanta justicia, qué tanta verdad y cuáles son las condiciones para la participación política en el postconflicto..

Semana.com: ¿Qué le faltó al modelo de justicia transicional que se puso en práctica con los paramilitares?


A. L.: La intervención de la Corte Constitucional fue clave para demandar que se materializaran los principios internacionales de la justicia transicional. En los temas de aplicación, creo que se debe hacer un balance a la jurisdicción de justicia y paz que claramente no le compete a la Corte Constitucional.

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