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| 11/8/2004 12:00:00 AM

Hablando claro

Las autoridades lanzaron una ofensiva para contrarrestar la comercialización ilegal de servicios de telefonía celular.

La semana pasada los transeúntes del centro y algunas zonas del sur de Bogotá notaron algo diferente en el panorama de las congestionadas calles. La mayoría de los vendedores ambulantes de llamadas por celular habían desaparecido. Las decenas de hombres y mujeres que cargan un teléfono en la mano y un cartel en el pecho ofreciendo llamadas a celulares ya no estaban. La explicación de la misteriosa desaparición de estos vendedores, que desde hace varios años se habían convertido en parte del paisaje urbano al invadir los andenes, no fue otra que el resultado de un operativo policial efectuado varios días antes en diferentes sectores de la capital.

Entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde del pasado sábado 30 de octubre, 50 uniformados de la Policía se dieron a la tarea de 'cazar' no sólo a los vendedores callejeros de minutos celulares, sino que allanaron cerca de 1.200 locales en el centro y sur de la ciudad, en donde se ofrecían clandestinamente servicios de telefonía celular. Según uno de los oficiales que participó en el operativo, este fue producto del reciente aumento de denuncias de robos de teléfonos celulares. "Mediante maniobras técnicas, éstos son reactivados para ser utilizados en la comercialización de minutos, a menos precio del establecido, y en la ejecución de conductas ilícitas como la extorsión y cobros de secuestros", explicó.

Las únicas empresas autorizadas para ofrecer servicios de telefonía celular son las tres que están legalmente autorizadas por la ley y el Ministerio de Comunicaciones: Comcel, Bellsouth y Ola. Estos operadores pueden, a través de sucursales o concesiones, ofrecer ese tipo de servicio, pero siempre guiándose por las tarifas autorizadas por el Ministerio de Comunicaciones. De allí se desprende otra razón que motivó el operativo policial.

En diferentes partes de la ciudad empezaron a aparecer empresas clandestinas que, operando de cualquier local comercial, e incluso desde garajes de viviendas, ofrecen servicios de llamadas a celulares. Según las autoridades, debido a esas empresas de garaje, las ventas de los operadores legales han sufrido reducciones hasta del 70 por ciento. "Mientras un minuto legal puede costar alrededor de 700 u 800 pesos, los ilegales venden el minuto hasta en 200 pesos. Además, obviamente, no pagan ningún tipo de impuesto", dijo el oficial.

El negocio ilegal sin duda es muy rentable. El método más común que emplean tanto los vendedores callejeros como las empresas de garaje consiste en utilizar los llamados teléfonos 'brujos'. Son aparatos robados a los que se les borra el número de serie. Mediante un software se les instala una línea de consumo ilimitado de minutos robada de aquellas que aún no han sido asignadas al público por los operadores de telefonía legales. "Generalmente las empresas autorizadas se demoran entre tres y cuatro meses en darse cuenta de que una de sus líneas está siendo utilizada. Cuando eso pasa, la desactivan", explica el oficial. El gran inconveniente es que mientras eso ocurre, quienes la están usufructuando ilegalmente ya han conseguido grandes dividendos. Un teléfono 'brujo' cuesta en el mercado entre 700.000 y 800.000 pesos. Cada uno de esos teléfonos deja, en promedio, hasta cuatro millones de pesos mensuales en ganancias. Cuando las empresas se dan cuenta y cancelan las líneas que son utilizadas ilegalmente, los comercializadores piratas simplemente repiten la operación y sacan una nueva línea telefónica.

En los operativos que desarrolló la Policía en la última semana de octubre se retuvieron más de 600 teléfonos desde donde se comercializaban ilegalmente llamadas. Además fueron sellados 1.200 locales piratas. Lo absurdo es que la legislación colombiana no contempla ningún tipo de acción penal para las personas que se dedican a ese tipo de actividades. La máxima sanción por la comercialización ilegal de comunicaciones establecida en la ley consiste en el decomiso del equipo y la suspensión del servicio.

Aunque sin duda el operativo policial es un buen precedente, ya que es el primero de este tipo que se realiza en el país, es claro que la situación difícilmente mejorará mientras no se apliquen medidas legales más contundentes. Hasta que esto no ocurra es poco probable que el robo de celulares o las llamadas extorsivas desde aparatos piratas disminuyan. Y de ahí la importancia de que la gente denuncie inmediatamente el robo de su aparato porque, de no hacerlo, puede terminar, sin saberlo, involucrado en un delito grave.
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