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| 9/7/2013 4:00:00 AM

“Hablar solo de cárcel es simplista y provocador”

Louise Arbour, una de las figuras de derechos humanos más respetadas del mundo, ve en el proceso de paz de La Habana un caso que puede ser pionero.

La canadiense Louise Arbour fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y fiscal de los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Desde 2009 preside el International Crisis Group (ICG), un prestigioso centro de análisis de conflictos. ICG presentó hace unos días el informe Justicia Transicional y los Diálogos de Paz en Colombia con una propuesta concreta sobre el modelo de Justicia Transicional en el país (ver semana.com). Arbour estuvo en Bogotá y habló con esta revista. 

SEMANA: ¿Cómo ve el proceso entre el gobierno y las Farc?

LOUISE ARBOUR: Es muy novedoso. En esta era del derecho internacional humanitario, no sé de ningún esfuerzo de esta magnitud que se haya intentado y mucho menos logrado.

SEMANA: ¿Por qué es tan único?

L.A.: En parte porque el derecho internacional, incluyendo el adoptado por Colombia, ha cerrado muchas puertas. Si las Farc piensan que pueden conseguir un acuerdo similar al de hace 20 años, están soñando. Por otra parte, los que abogan contra la impunidad están en modo de pelea. Ellos también deben ser llamados a dar un paso atrás. Alguien tiene que decirles: ‘Están en la cama con los verdaderos spoilers (saboteadores). Van a matar algo porque presionan demasiado duro’.

SEMANA: ¿Hay un precio para conseguir la paz?

L.A.: La legislación internacional no ha evolu-cionado hacia la resolución de estas tensiones entre paz y justicia. No es sorprendente que por estos días no se oigan muchos llamados para lograr una acusación contra Assad (el presidente de Siria) ante la Corte Penal Internacional. La gente se da cuenta de que o no se haría nada, lo que haría parecer a la Corte más impotente; o produciría un resultado contrario a lo esperado: inclinar a Assad aún menos a la negociación y el compromiso.

El otro elemento es que hay un peligro en ver el derecho internacional como algo ex-terno cuando mucho está incorporado en la legislación colombiana. Por eso cuando algunos comienzan a resistir la aplicación de la le-gislación internacional es importante decir: ‘Un momento; eso es legislación nacional’. 

SEMANA: ¿Puede ese balance entre paz y justicia no gustar a la Corte Penal Internacional? ¿Ve riesgo de intervención externa?

L.A.: Estas conversaciones de paz pueden ter-minar siendo el laboratorio definitivo para lograr que ese balance funcione. Si todos los involucrados –las partes en La Habana, el Congreso, la Corte Constitucional– trabajan juntos y logran formularlo, mi impresión es que los actores externos se echarán para atrás.Si se tiene un acuerdo exitoso en La Habana, si el Congreso aprueba la legislación, si la Corte declara esta legislación constitucional, ¿quién se va a levantar desde La Haya, Ginebra o Nueva York para decir que eso no es sufi-cientemente bueno?

SEMANA: ¿Qué opina de las cartas de la fiscal de la Corte Penal Internacional a la Corte Constitucional?

L.A.: Hay dos cartas. La primera es sobre si los parámetros que usa la oficina de la fiscal de la CPI pueden ser obligatorios (ella dice que no) o ser algún tipo de precedente. Si se acepta, como hizo la Corte Constitucional –correctamente desde mi punto de vista–, que debe haber un principio de selección, y se pregunta qué metodología debería usar, incluso sin saber nada de la CPI, probable-mente escogería esa: procesar los máximos responsables de los crímenes más serios. 

La segunda (carta) ha causado más polémica: la cuestión de si esas llamadas sentencias alternativas podrían llevar a que no hubiera cárcel en algunos casos; si eso infringiría los compromisos de Colombia bajo el Estatuto de Roma y, si entiendo el razonamiento de la fiscal, eso blindaría al acusado de responsabilidad. Esa es la opinión de la fiscal.

SEMANA: No necesariamente la opinión de la CPI…

L.A.: Ese es mi punto. Estamos en casos completamente hipotéticos. Si hubiera un acuerdo en La Habana, que llevara a la aprobación en el Congreso de un esquema de transición que siga las líneas del que proponemos, con diferentes categorías: amnistía para delitos políticos, proceso penal para los crímenes más serios, sentencias alternativas, un proceso de certificación (de que los desmovilizados colaboran)… Asuma que tiene todo esto y que se implementa de manera rigurosa. Para mí sería sorprendente pensar por un minuto que los jueces de la CPI dijeran: Colombia no actuó de buena fe.

SEMANA: ¿Qué modelo de Justicia Transicional propone el ICG?

L.A.: La clave es tener un paquete que ofrezca suficiente certeza legal a las Farc para que sientan que tienen algo en lo que pueden confiar. Debe tener detalles, pero no tanto, pues no todas las partes están allá: las víc-timas, los sindicatos, el Congreso, la Corte. Otro punto es sobre la impunidad, que parece ser donde todo el mundo se atasca y hay extremos muy polarizados. 

Lo importante es ver esto como parte de un paquete más grande: mientras más rico sea el resto del paquete, más acomodación se puede tener en esto. Si se va a construir una comisión de la verdad competente, independiente, con un mandato amplio y fuerte, mucho de lo que se pretende conseguir mediante procedimientos penales se obtendría a través de la comisión.

SEMANA: ¿Debe haber cárcel? 

L.A.: Deberíamos dejar de hablar de cárcel. Es muy simplista y provocador. La privación de la libertad es un asunto serio. No hay que apegarse a un modelo de encarcelación propio del siglo XIX; hay muchas formas. Por ejemplo, admisión de culpa, disculpas, proveer información que de otra manera el Estado jamás adquiriría. Las Farc pueden haber hecho cosas terribles pero se debe mirar toda su historia. Se tiene que construir un sistema flexible dentro de un marco que reconozca que debe haber algunas sanciones penales para los delitos más graves. El acuerdo no debería quedar preso en un debate sobre si debe haber cárcel o no.

SEMANA: Algún tipo de castigo tendrá que haber...

L.A.: Si las Farc quieren un acuerdo ejecutable, deberán entender que el Congreso, la Corte Constitucional, la Corte Interamericana deben estar a bordo. Es importante que las Farc acepten el rechazo a la impunidad total, pero al mismo tiempo que no habrá un requeri-miento absoluto de encarcelamiento tradi-cional en prisiones de máxima seguridad, sino alguna forma de reconocimiento por sus contribuciones a la paz, la verdad, etc… Es eso o verlos salirse del proceso.

SEMANA: ¿Entre las posiciones radicales contra las Farc y las que favorecen la ‘generosidad’ con ellas para lograr un acuerdo se puede hallar un sustrato común?

L.A.: Es muy difícil. Pero creo que lo que hay que hacer es, en cierto punto, tener una con-versación pública que no sea capturada por ninguno de los dos extremos. Y creo que la manera de hacerlo es evitar un debate basado solo en el modelo punitivo.

Decir que la ley debe proveer investigación y procesamiento para todos los casos es completamente irreal. Mire los tribunales para Yugoslavia y Ruanda. Tuvieron grandes recursos. El de Ruanda, que solo investigó los crímenes cometidos en un año –800.000 asesinatos, pero un año, no 50– fue fundado en 1994. ¿Sabe cuántos casos han completado en Ruanda en 20 años? 40. Y Yugoslavia, en 20 años, apenas cerca de un centenar.

Debemos empujar a los extremos, a los ‘ángeles’ de ambos lados que creen que tienen la razón y construir un consenso que entienda que se trata de un periodo de acuerdos y compromisos. Hay que dejar de ser rehenes de la conversación de los extremos y hablar con aquellos que de buena fe buscan algo que funcione. Lo que intentamos decir en este informe es: entendemos los requerimientos absolutos de los principios legales, pero la pregunta es: ¿qué creemos que puede funcionar que mezcle los principios y el pragmatismo? Eso es sobre lo que se debe hablar. 

SEMANA: ¿Qué piensa de las discusiones en la Mesa sobre comisión de la verdad o Marco Jurídico?

L.A.: Las partes en La Habana tienen que ser muy conscientes de que no son las ‘dueñas’ de los temas y de que no todas las partes intere-sadas están allá. Podrían hacer un acuerdo rápido, y podrían estar muy tentadas a hacerlo, pero necesitamos decirles fuerte y claro que el papel que firmen no funcionará si no incluye disposiciones de Justicia Transicional.

SEMANA: ¿Por qué es importante Colombia?

L.A.: Este es un clásico caso de resolución de conflictos. Todo esto es parte crítica de eso, una parte pobremente entendida y desarrollada y aun más pobremente aplicada. Es claro que la lucha será lograr su adecuada concreción e implementación. Pero si se logra, será un punto de partida. Por eso es tan importante mostrar imaginación y flexibilidad. Si los requerimientos del derecho internacional se convierten en el spoiler (saboteador) de este acuerdo, eso no hablaría muy bien de la contribución de la Justicia a la paz. 

SEMANA: Lo difícil no es solo lograr el acuerdo, sino aplicarlo…

L.A.: La aplicación será difícil aun si el acuerdo es proclamado como un gran éxito. Estamos hablando de una o dos décadas de drenaje de fondos públicos, de muchas dificultades, de amargura en ambas partes, en la sociedad. Por eso todo el mundo debe tener cierto es-píritu de compromiso, entendiendo que es imposible lograr todo lo que se quiere. Ambas partes y también los que están fuera. Deben abandonar sus soluciones ideales. 
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