¿Habrá Fiscal antes del relevo presidencial?

La renuncia de Camilo Ospina Bernal a la terna de postulados por el Gobierno para asumir la Fiscalía General de la Nación, probablemente no desenrede el complejo proceso de elección que se ha extendido por nueve meses en la Corte Suprema de Justicia.

Algunos podrían pensar que sin Ospina Bernal en la terna la decisión de la Corte sería inminente, más aún cuando su reemplazo, el ex magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, es el primer experto penalista entre los seis candidatos que han recibido dicha postulación por parte del Gobierno.

Pero el panorama sigue enmarcado por los vientos de la incertidumbre y no es nada seguro que haya Fiscal en propiedad, por lo menos, antes del cambio de gobierno.

El presidente (e.) de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, anunció que primero se organizará una audiencia pública con el nuevo postulado y posteriormente se determinarán las condiciones para que el tribunal proceda a la votación. Esto quiere decir que la próxima vez que la elección de Fiscal se incluya en el orden del día, probablemente tarde semanas e incluso meses.

Impedimentos frente al nuevo postulado

Pero este jueves también se conoció una eventual circunstancia que podría bloquear aún más la elección del nuevo Fiscal. Algunos de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia -extraoficialmente se habla de entre ocho y diez de ellos- estarían obligados a declararse impedidos para participar de la elección.

La razón: en el proceso de elección de estos magistrados participó el entonces presidente de la corporación, y actual aspirante al cargo de Fiscal General, Jorge Aníbal Gómez.

Según la ley estatutaria, que reglamenta los procesos internos de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados no pueden participar de una elección en la que se encuentre alguno de los miembros que en su día los escogieron.

El propio presidente de la Corte Suprema, magistrado Jaime Arrubla, señaló que entre ocho y diez pueden ser los actuales magistrados que fueron elegidos por una sala plena de la que hacía parte Jorge Aníbal Gómez.

El ex magistrado José Gregorio Hernández explicó además que la norma implícita en el artículo 126 de la Constitución, también contemplaría este impedimento. Y consideró que para “mayor transparencia en el proceso de elección, aquel magistrado que haya sido elegido por alguien que puede ser elegido con su voto, debe manifestar ese impedimento”.

Ese posible conflicto de intereses tendría que ser discutido en la sala plena de la Corte, circunstancia que dilataría aún más el proceso de elección. Según José Gregorio Hernández, los impedimentos deben ser manifestados por los magistrados para que sea la Corte Suprema quien los estudie y los evalúe uno por uno.

Este nuevo elemento podría desvirtuar la idea de quienes creían que con la dimisión de Camilo Ospina Bernal, podría haber humo blanco en la elección del nuevo Fiscal.

La insinuación del Gobierno

Este jueves, el presidente Álvaro Uribe, en declaraciones a la emisora Radio Calima de la ciudad de Cali, reiteró que el Gobierno “ha cumplido con su deber constitucional” de presentarle una terna de candidatos a la Corte Suprema de Justicia e insinuó que este tribunal, en consecuencia, debía cumplir con su deber de nombrar al nuevo Fiscal.

“No sólo el Presidente tiene que cumplir la Constitución. La tienen que cumplir todas las instituciones del Estado. Este es un Estado de Derecho donde todos los integrantes de todas las instituciones están obligados a cumplir la Constitución y la Ley”, dijo Uribe en las mencionadas declaraciones radiales.

El ex magistrado José Gregorio Hernández, contrario a esta insinuación, aseguró que la Corte Suprema, en el actual proceso de elección del Fiscal General, ha tenido un comportamiento “ceñido a la Constitución y a la Ley”, porque han ejercido su deber de votar, sino que ninguno de los aspirantes ha conseguido los 16 votos suficientes que suponen la mayoría calificada para ser favorecidos con la elección. “No ha sido actitud negligente de la Corte, ninguno de los aspirantes ha obtenido los votos suficientes”.

Han sido nueve las sesiones en las que se ha discutido la elección de Fiscal. Y aunque, como lo advierte el ex ministro y actual senador del Polo, Parmenio Cuéllar, experto en temas constitucionales, “puede haber la sensación de que la Corte no quiere elegir fiscal de la terna propuesta por el Gobierno”, el tema de fondo obedece al reglamento interno de la Corte que obliga a que las dos terceras partes voten a favor de un candidato.

Según Cuéllar los procesos electorales al interior de la Corte son muy complejos, y no han tenido que ver supuestas cargas políticas en que la Corporación aún no haya elegido fiscal. El senador recordó que, aunque medie una confrontación entre el Ejecutivo y la Corte, “a la que el propio Gobierno ha dado lugar”, la propia Corte aún no ha podido escoger a su presidente en propiedad, y a un magistrado de la sala laboral, porque, en estos casos, tampoco se ha podido concretar la mayoría calificada.

¿Elección política?

La circunstancia de que Camilo Ospina Bernal, quien fue ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe y ex embajador de Colombia ante la OEA, fuera señalado por sectores políticos y de opinión como “la ficha” del Presidente para dejar en la Fiscalía, hace evidente que el tema político también ha mediado en la actual elección del fiscal.

Como lo advierte el abogado Hernando Llano Ángel, en un artículo publicado en el portal Razón Pública, el nombre de Ospina Bernal podría ser improcedente, pues fue él quien, en el ministerio de Defensa, firmó la Directiva 029 que estableció el pago de recompensas a particulares por las informaciones que permitieran la captura o baja de miembros de la guerrilla.

“Dicha circular tiene una relación directa con los mal llamados falsos positivos”, dice el abogado, y muchas de esas investigaciones se adelantarían en una eventual administración del ex ministro de Defensa. “¿Podría el doctor Ospina ordenar la investigación por ejecuciones sumarias de jóvenes civiles inermes que, indirectamente, fueron víctimas de la Directiva 029 firmada por él como Ministro de Defensa? ¿Cómo puede entender la comunidad internacional que el responsable de la Directiva sea el encargado de investigar sus posibles consecuencias penales?”, cuestionó en su momento Llano Ángel.

Por eso muchos admitieron que con la renuncia del ex embajador de Colombia en la OEA, el proceso de elección de Fiscal se despejaría.

El abogado Ramiro Bejarano considera que las tensiones en esta elección van a persistir, y asegura que si la actual terna -ahora compuesta por María Victoria Cabello Blanco, Alberto Velilla y Jorge Aníbal Gómez-, se mantiene hasta el 7 de agosto, “el próximo Presidente de la República tendría que enviar una nueva terna”.

Bejarano considera que lo más benéfico para esta situación es un pronunciamiento inmediato de la Corte, “si es viable la actual terna o si no lo es”.

El senador Parmenio Cuéllar, quien además ha sido ponente en varias discusiones de reformas a la justicia, dijo que esta circunstancia debería propiciar un debate sobre la reforma de la elección de los funcionarios de los organismos de control. Sobre el cargo de Fiscal, dijo que se debería institucionalizar el periodo de este funcionario para que sea coincidente con el periodo presidencial.

Los próximos días serán decisivos y determinarán si antes del relevo del Presidente de la República, habrá Fiscal en propiedad.