Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 1990/07/16 00:00

¿Habrá futuro para el 444?

El Estatuto Cambiario es como la Constitución, todo el mundo quiere reformarlos pero nadie sabe cómo.

¿Habrá futuro para el 444?

Los hechos relacionados con el caso Santo Domingo ilustran, entre muchas otras cosas, las contradicciones a las que ha llegado el país con el Estatuto Cambiario.
Este Estatuto es quizás la normatividad más violada en Colombia. De acuerdo con un artículo reciente de Newsweek, en el país "es deporte nacional engañar al gobierno en materia cambiaria". Cada vez que un avión colombiano despega hacia los Estados Unidos lleva consigo a 250 violadores del 444. Es por eso que el caso del Grupo Santo Domingo no hubiera llamado tanto la atención, si se hubiera limitado a la sanción y al pago de la multa.
Es tal el nivel de familiaridad al que se ha llegado con la infracción, que muchos piensan que es el momento de revisar las cosas. Muy pocas personas, sin embargo, están de acuerdo con la eliminación total del control de cambios. Para la mayoría de los analistas, una liberación abrupta en este campo podría conducir al país a una crisis cambiaria. Hay quienes consideran, incluso, que tal situación se podría presentar en un plazo no mayor de 30 días.
Con la liberación desaparecería, además, uno de los instrumentos más importantes de la política económica en las últimas décadas: la devaluación controlada del peso frente al dólar. En esto coinciden no sólo los expertos, sino representantes de empresas multinacionales, para quienes el Decreto 444 es una garantía de estabilidad.
El Estatuto cambiario fue expedido en 1967, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, con el fin de manejar una situación de penuria cambiaria. Los ingresos de cambio exterior del país eran persistentemente menores a los egresos y las obligaciones del Banco de la República superaban su disponibilidad de reservas internacionales (lo que quiere decir que el país tenía en ese momento lo que el presidente llamó "reservas negativas").
Con el tiempo, el decreto demostró ser efectivo. No sólo impidió que Colombia sufriera una crisis cambiaria, sino que sirvió para manejar situaciones de abundancia. Muchos analistas le atribuyen al Estatuto Cambiario el hecho de que Colombia haya mantenido una gran estabilidad económica en momentos en que la mayoría de sus vecinos se veían abocados a terribles situaciones inflacionarias. Y también el que le haya evitado al país caer en un excesivo endeudamiento externo. Venezuela y Argentina, que no tenían ningún tipo de restricciones cambiarias, se vieron obligadas a adoptarlas debido a la crisis por la que atravesaron en la segunda mitad de la década del 80 (y de la que aún no se logran recuperar).
Pero de la misma manera que "no hay mal que dure cien años", no hay medida, por buena que sea, que se pueda prolongar indefinidamente en el tiempo. Y menos cuando, como pasa con el Estatuto Cambiario, las bondades de la norma están asociadas con su carácter altamente restrictivo.
La ineficiacia del Estatuto en esa materia se muestra también en la cuantiosa fuga de capitales que se ha producido en los últimos años. Estudios de la Reserva Federal de los Estados Unidos calculan en cerca de 5.000 millones de dólares los depósitos de colombianos en bancos norteamericanos. Y un trabajo realizado por el ex gerente del Banco de la República, Rafael Gama Quijano, estimó en 18.000 millones de dólares el total de recursos que poseen los colombianos en el exterior (sin incluír los dineros del narcotráfico).
El Decreto 444 buscó también controlar el flujo de divisas causado por el comercio internacional, señalando precios mínimos, plazos y garantías de reintegro para las exportaciones, y sometiendo las importaciones a registro obligatorio y a licencias previas. Tales medidas, empero, complicaron tanto la tramitación de las operaciones desde el punto de vista burocrático, que no tardaron en aparecer todo tipo de esguinces para burlar la norma. Florecieron los exportadores ficticios y la subfacturación en las importaciones.
En materia de inversión extranjera el Estatuto no fue tan restrictivo y, por el contrario, dejó un margen de acción relativamente amplio a las autoridades. Pero estas se encargaron - compelidas en parte por los compromisos de integración a nivel subregional- de complicar los trámites y someterlos a un interminable proceso de autorizaciones.
Los anteriores han sido los aspectos más controvertidos a lo largo de la existencia del Estatuto Cambiario. Unos por ineficientes y otros por colocar demasiadas trabas al desarrollo del país. El Decreto 444, sin embargo, se había convertido en una especie de tabú y eran muy aisladas las voces que se atrevían a ponerlo abiertamente en cuestión. Pero ahora, con la adopción por parte del Gobierno de una política de apertura económica, se ha ido formando un gran consenso en torno de la necesidad de modificar algunos de sus puntos. El tema fue lanzado al ruedo por el director del Incomex, Arturo Sarabia Better.
Más tarde, el propio presidente electo, César Gaviria Trujillo, manifestó su intención de modificar el Estatuto Cambiario en el curso de su Gobierno. SEMANA estableció, incluso, que ya hay una comisión encargada de analizar los cambios más importantes que se le deberían introducir al régimen cambiario. Y aunque apenas está comenzando el análisis, ya hay cierto consenso en que lo más importante es evitar que todo el mundo siga viviendo en la ilegalidad, creando, si es necesario, un mercado libre legal, en el que los particulares puedan adquirir las divisas para gastos personales.
Otro de los aspectos que preocupa a los asesores del nuevo presidente, es la camisa de fuerza que las normas actuales constituyen para el comercio internacional. Es necesario, según ellos, reducir al máximo los trámites y licencias en las operaciones de importación y exportación. Y lo mismo se debe hacer en materia de inversión extranjera. En este caso, según los estudios preliminares, el problema no es la ley sino la cantidad de atribuciones que se les han concedido a organismos como el Conpes y Planeación Nacional.
Tales preocupaciones coinciden con las propuestas de analistas independientes como Juan Camilo Restrepo, quien afirmó recientemente que "es indispensable ir despojando al control de cambios del espíritu policivo que aún lo rodea, que no es esencial al sistema, pero que constituye su factor más negativo". Según Restrepo es necesario simplificar al máximo la adquisición de divisas a través del sistema bancario para gastos de viaje, pagos de servicios, gastos educativos y médicos.
Restrepo avanzó en dos puntos más. El uno es la conveniencia de ampliar la llamada "posición propia en divisas" del sistema bancario, para que las entidades financieras puedan contribuír de manera más efectiva en el financiamiento del comercio exterior. El otro es la necesidad de adecuar el sistema cambiario para facilitar la repatriación de capitales.
Dichos puntos están incluídos también en un trabajo que un grupo de abogados de la Universidad de los Andes viene realizando por encargo de un gremio del sector financiero. La propuesta generalizada es la de liberar la posesión de divisas. En otras palabras, legalizar el mercado negro del dólar, sin desmontar en su totalidad el régimen de cambios. Este último seguiría cobijando los flujos de capitales y todas las operaciones de comercio exterior.
Al contrario de lo que piensan otros expertos, los miembros de esta comisión consideran que la fuga de capitales no ha sido responsabilidad del control de cambios, pero piensan que lo ideal sería buscar estímulos para traer el dinero que ha salido del país. Dichos estímulos deberían ir mucho más allá de las ya probadas amnistías tributarias, que han demostrado ser totalmente ineficientes.
En este punto hay quienes tienen el temor de que una apertura indiscriminada en materia cambiaria podría convertirse en un mecanismo para el ingreso de divisas ilegales. En plata blanca, la apertura cambiaria oficializaría, para ellos, el lavado de dólares.
Con las modificaciones propuestas, en cambio, se simplificaría mucho la gestión de la Superintendencia de Control de Cambios, policía cambiario. Tanto que hay quienes piensan que la entidad podría desmontarse y trasladar su papel a la Oficina de Cambios del Banco de la República. Otros, sin embargo, no están de acuerdo con tal propuesta, porque de llevarse a cabo, la Oficina de Cambios pasaría a ser juez y parte en los procesos cambiarios. Quienes sostienen esta tesis aseguran que la Supercambios debe seguir funcionando, y hacer más efectivo su control, dado que su trabajo se circunscribiría a un número mucho más limitado de operaciones y de sujetos.-

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