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| 4/28/2003 12:00:00 AM

¿Habrá futuro?

Los nuevos líderes presidenciables se reunieron para plantear cuál es su proyecto de país. Conclusión: hay que recuperar los sueños y la autoridad.

Hace 10 años, al evaluar los resultados de su gobierno, el entonces presidente de la República César Gaviria reconoció que, "si volviera a ser mandatario tendría las mismas prioridades, pero el énfasis sería distinto: no tanto sobre las grandes reformas, como en la calidad de las políticas públicas". Esa lección aprendida de la práctica gubernamental no parece haber sido el punto de referencia de los ponentes del foro organizado por SEMANA, Gold Service y Price Waterhouse Coopers: 'Rediseño del Estado, un debate necesario, un compromiso colectivo', realizado en Bogotá.

En medio de invocaciones y propósitos por las grandes reformas los señalados como los nuevos líderes del país: Enrique Peñalosa, Juan Manuel Santos, Lucho Garzón, Antanas Mockus y Rodrigo Rivera emprendieron un esfuerzo honrado y desigual para exponer sus ideas sobre la tarea de rediseñar el Estado.

Desde el primer momento se hicieron evidentes dos visiones opuestas. En una orilla, Peñalosa y Mockus desarrollaron sus argumentos, considerando que la ruptura de las reglas de juego era el problema fundamental del país y por tanto el Estado debía ser reorganizado para rescatar su papel como generador de orden. Y en la otra, Santos y Garzón (y en alguna medida Rodrigo Rivera) advirtieron que el problema estaba en la pérdida de un proyecto de sociedad -un sueño, lo llamó Santos- y que por tanto el Estado debía ser rediseñado buscando recuperar su papel como propulsor de este proyecto colectivo de sociedad.

Esa diferencia implicaba una divergencia de fondo en la concepción del Estado y en la naturaleza del régimen político colombiano. Para Peñalosa y Mockus la idea de un Estado con autoridad se constituye en el eje vital para la llegada a esa sociedad más ordenada y obediente, en la cual las preferencias de los ciudadanos pueden ser canalizadas a través de mecanismos de organización distintos a los partidos políticos.

Para estos expositores el problema no está en la representación política de los ciudadanos sino en la eficiencia de las organizaciones para hacer llegar sus reclamos a sus gobernantes. Las reformas parecen consolidar un 'régimen presidencial de mayorías' que confiera viabilidad a la tarea de gobierno como un proceso gerencial (para Peñalosa) o como un proceso pedagógico (para Mockus)

Pero para Santos y Garzón la idea de un Estado pluralista no sólo se evidencia cuando se le asigna al Estado la tarea fundamental de defender las libertades ciudadanas, sino cuando se plantee el objetivo de llegar a una sociedad más deliberante e igualitaria. Para ellos, los partidos políticos tienen el papel central de constituirse en los mecanismos de organización política a través de los cuales se canalizan y tramitan los intereses y los reclamos de los ciudadanos a sus gobernantes. El problema no está en la eficiencia sino en la representación de los ciudadanos. De allí que las reformas busquen consolidar un 'régimen presidencial pluralista' en el que la deliberación pública asegura un mínimo de consensos y diferencias a través del cual se hace viable el proyecto de futuro para la sociedad y el Estado colombiano.

En ese contexto, los argumentos de los expositores fueron muy ricos en cifras, conceptos y teorías que, con más o menos diferencias, daban consistencia a sus presentaciones. Sin embargo no puede dejar de considerarse que también, en medio de una gran confusión entre objetivos (empresariales, sectoriales, macroeconómicos y culturales), las ponencias no le entraron a fondo a la realidad de los problemas y alcances del rediseño del Estado en Colombia. En un par de casos la condición de precandidatos pareció obligar a los expositores a esbozar lo que sería una propuesta de gobierno.

A pesar de coincidir en los propósitos y los diagnósticos, en los últimos 15 años en Colombia se ha expedido una Constitución Política y se han hecho seis reformas a ésta, tres reformas del Estado y más de 1.700 reformas sectoriales y territoriales de algún impacto, que todavía no logran superar los problemas que identificó el Banco Mundial en su informe al gobierno Barco en septiembre de 1986.

Si alguien leyera hoy el informe se encontraría con que la capacidad del gobierno para formular políticas sigue orientada hacia la solución de problemas y no dedica tiempo a la planeación del futuro o a evaluar el desempeño pasado; los problemas de capacidad de gobierno siguen siendo mayores cuando se trata de traducir las políticas nacionales, en acciones institucionales en los territorios; los cambios frecuentes en los altos niveles de los ministerios, la desconexión entre presupuesto y planeación, y la existencia de rígidos sistemas de control, siguen siendo factores que distorsionan la gestión pública; y el proceso de toma de decisiones, hasta llegar al Conpes, sigue concentrado en proyectos de inversión, en lugar de políticas y estrategias que deberían orientar el proceso de planificación y la asignación de los recursos presupuestales. Estos asuntos fueron absolutamente olvidados.

Por más buena voluntad que haya, por más nobles propósitos que se persigan, conviene que los futuros líderes del país consulten las experiencias del pasado. Quizá Gaviria tenga razón cuando sugiere claridad en las prioridades, pero con un énfasis distinto: "No tanto sobre las grandes reformas, como en la calidad de las políticas públicas".
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