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| 12/11/1980 12:00:00 AM

"Habrá verdad, justicia y reparación"

El alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, explicó a SEMANA en qué consiste la principal herramienta de negociación del gobierno con los grupos armados.

La desmovilizacion de las AUC depende principalmente de que el gobierno encuentre una fórmula jurídica que los convenza para que dejen las armas. Tiene que ser una solución lo suficientemente atractiva para que se desmovilicen las autodefensas y eventualmente los guerrilleros, pero lo suficientemente sólida para que las víctimas y la comunidad internacional la acepten y para que conduzca a una verdadera reconciliación. El gobierno presentó la semana pasada al Congreso un proyecto de ley que ofrece a los que hayan cometido crímenes atroces como masacres, secuestro y genocidio, no ser encarcelados a cambio de ser juzgados y de que reparen el daño causado a las víctimas. SEMANA entrevistó a Luis Carlos Restrepo al respecto.

SEMANA: ¿Cómo garantiza este proyecto que satisfará las necesidades de verdad, justicia y reparación?

Luis Carlos Restrepo: Satisface la necesidad de verdad porque hay investigación y esclarecimiento de los crímenes cometidos. De justicia, porque hay un fallo judicial y una condena. Y de reparación, porque se modifica la noción de castigo para dar paso a una sanción social y a una pena alternativa a la prisión. El beneficiario tiene que adelantar una reparación individual y colectiva a las víctimas y comprometerse a contribuir a la paz nacional.

SEMANA: Este beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena cobija sólo a los condenados. ¿Qué pasa con los que no tienen condena?

L.C.R.: Los sindicados sólo pueden ser beneficiarios de esta ley si confiesan sus delitos y se acogen a la sentencia anticipada. Por eso siempre habrá verdad y justicia.

SEMANA: La ley dice que estos beneficios no se harán extensivos a bandas delincuenciales. ¿Qué pasará con los miembros de las bandas que trabajan con bloques paramilitares como el Nutibara?

L.C.R.: La ley es taxativa en que sólo cobija a los grupos armados al margen de la ley tal como lo define el artículo 1 del protocolo 2 de Ginebra. Es decir, de aquellos grupos que participan en hostilidades.

SEMANA: ¿Quién decide qué tipo de reparación debe hacer el beneficiario de esta ley a las víctimas?

L.C.R.: El juez decide cuál es la pena que sustituye la prisión y también el mecanismo de reparación.

SEMANA: La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas es una de las siete penas alternativas a la prisión contempladas en el proyecto. ¿Esto significa que ninguna persona que se acoja a esta ley podrá participar en política en los próximos 10 años o es sólo una de las penas posibles?

L.C.R.: Es una de las penas alternativas a la prisión. El juez podrá escoger esa o cualquiera de las otras pero no puede imponer varias penas porque eso está prohibido por la Constitución.

SEMANA: La ley no menciona como parte del castigo la extinción de dominio sobre los bienes. ¿Qué va a pasar con las propiedades de los que se acojan a la ley?

L.C.R.: Dentro de los mecanismos de reparación de las víctimas está el entregar bienes al Estado y a las instituciones que se dediquen al trabajo social por la recuperación de las víctimas. Como la reparación a las víctimas no es una sanción pueden concurrir varios mecanismos.

SEMANA: Pero también podrían no hacerlo y terminar por la vía de la negociación legalizando sus bienes.

L.C.R.: Los bienes que sean producto de actividades ilícitas seguirán siendo expropiados por el Estado. Esta ley no riñe con la expropiación por vía administrativa.

SEMANA: El proyecto de ley establece que es el Presidente de la República quien solicita la suspensión de la pena. ¿Esto podría incluir no conceder la extradición de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso?

L.C.R.: Este proyecto no tiene nada que ver con la extradición, que es competencia de autoridades extranjeras.

SEMANA: ¿De acogerse a este proyecto los guerrilleros y los paramilitares beneficiados evitarían ser juzgados en el futuro por crímenes de lesa humanidad?

L.C.R.: Esta ley opera sobre crímenes ya juzgados pero no blinda a los beneficiarios frente a investigaciones futuras sobre crímenes no confesados. Es una invitación a que confiesen sus delitos.

SEMANA: El proyecto no menciona la creación de un tribunal especial para juzgar a los miembros de estos grupos. ¿Esto quiere decir que su juicio estará a cargo de jueces penales comunes y corrientes?

L.C.R.: La ley establece que la competencia está radicada en los jueces especializados que ya existen.

SEMANA: Pero si entran a hacer cola en los juzgados serán evacuados en años.

L.C.R.: No, porque esto es para los casos en los que ya hay condena o en los cuales el beneficiario se acoge a sentencia anticipada o en los que confiesa los crímenes, lo cual implica un proceso rápido. En todo caso el proyecto busca enviar un mensaje pedagógico de que hay que creer en la justicia y fortalecerla.

SEMANA: Dentro de este esquema de solución más jurídica que política, entonces ¿la desmovilización de las tropas que estén concentradas no se hará en bloque sino de manera individual?

L.C.R.: Las zona de concentración no está condicionada a la solución jurídica sino a que el Estado asuma el completo monopolio de la seguridad de esas zonas.

SEMANA: Pero una vez concentrados la reinserción a la vida civil sí se hará de manera desgranada a medida que los jueces vayan fallando cada caso.

L.C.R.: Los miembros de autodefensa que no estén condenados por crímenes atroces van a obtener un indulto o una amnistía rápidamente. Esto es para los que cometieron crímenes atroces, que no son la mayoría. De 10 desmovilizados de la guerrilla, tres nunca han visto morir a nadie. Muchos miembros de las autodefensas también han sido sólo patrulleros. En los casos en los cuales se cometieron crímenes atroces la solución es individual porque para el esclarecimiento de la verdad se deben establecer las responsabilidades individuales.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con las personas que financiaron a los paramilitares en las zonas o las autoridades que tuvieron nexos con ellos y que salgan a la luz en las confesiones de las autodefensas o de los guerrilleros que se acojan a esta ley?

L.C.R.: Parte de la política criminal del Estado es que los beneficiarios aporten información que permita la desarticulación de las organizaciones criminales. Pero es claro que esto es un proceso de paz y no es el interés del gobierno empezar una cacería de brujas, ni una persecución judicial contra todas las personas que vivieron bajo la influencia de estos grupos. En aquellos casos en los que haya denuncias serias y una condena se aplicará la ley. Pero el objetivo de este proceso es la reinserción colectiva de estos grupos a la sociedad y la reconciliación.
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