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| 2/14/2009 12:00:00 AM

¿Hacia la despenalización?

Cardoso, Gaviria y Zedillo le dijeron a Estados Unidos lo que no quiere oír: que su lucha contra las drogas fracasó y que es hora de buscar otro modelo.

No es la primera vez que a alguien se le ocurre que el consumo de la marihuana debe ser despenalizado. Pero sí es histórico que tres pesos pesados de la política en América Latina, que han tenido que luchar contra el narcotráfico desde la cima del poder, critiquen la política contra las drogas de Estados Unidos. Eso es lo que ocurrió la semana pasada cuando se conoció el documento firmado por los ex presidentes de Brasil, Fernando Cardoso; de México, Ernesto Zedillo, y de Colombia, César Gaviria, y de una docena más de intelectuales y conocedores del tema.

Todo comenzó como una iniciativa de Cardoso para construir una propuesta desde estos países, para incidir con ella en la gran cumbre sobre las drogas que realizará Naciones Unidas este año en Ginebra. Durante un año se realizaron varias reuniones y se estudió sobre todo la experiencia colombiana donde se ha aplicado juiciosamente la cartilla gringa de lucha contra las drogas. Las conclusiones resultaron demoledoras. La comisión encontró que el paradigma de prohibición del consumo impulsada por Estados Unidos hizo crisis y que América Latina tiene que buscar otros caminos, porque el narcotráfico se ha convertido en una amenaza de grandes proporciones para las instituciones y la democracia.

México vive una de las peores crisis de su historia, por cuenta de los carteles de las drogas que le han declarado la guerra al gobierno. Las matanzas entre bandas de narcotráfico alcanza la escabrosa cifra de 5.400 muertos en 2008. Los carteles asesinaron al comandante de la Policía y tienen en jaque a Chihuahua, Baja California y Sinaloa, entre otros. El sicariato se ha tomado las principales ciudades de los estados fronterizos. Los periodistas, los jueces y los policías han sido sus blancos principales. Y, como si fuera poco, esta crisis ha develado la profundidad de la corrupción de los organismos de seguridad y de justicia. Cada tanto, el gobierno ha tenido que destituir funcionarios que filtran información a los narcos o protegen su actividad. Ante el

desespero, México ha establecido una alianza con Estados Unidos, con el Plan Mérida, que se inspira en el Plan Colombia y tiene énfasis en el fortalecimiento policial y la extradición de narcotraficantes.

Brasil afronta un problema de grandes proporciones por el consumo interno de drogas. Los narcotraficantes, al mejor estilo del cartel de Medellín, controlan barrios enteros donde los jóvenes son carne de cañón para distribuir droga, y son usados como pistoleros en las vendettas entre narcos tanto en Río de Janeiro como en Sao Paulo, donde existen favelas en las que ni la Policía puede entrar.

Por no hablar de Colombia, donde a pesar de 30 años de lucha sangrienta contra las drogas, el negocio no sólo sigue boyante sino que se ha sofisticado al extremo de infiltrar la política, desde el más alto nivel, como ocurrió en el proceso 8.000, hasta en los niveles más locales, como lo ha revelado la para-política.

Similar situación vive también Centroamérica, donde las mafias han penetrado la vida institucional. Crímenes políticos ocurridos recientemente en Honduras y Guatemala se relacionan con narcotráfico. Pero también ha recibido el impacto social de las maras, fenómeno sobre todo salvadoreño donde los jóvenes se vinculan a grupos violentos, sustentados a partir del consumo y la distribución de la droga.

En muchos de estos países el narcotráfico pasó de ser un asunto criminal para convertirse en un asunto de verdadera seguridad nacional. Alrededor del negocio de las drogas ya no se habla de bandas armadas, sino de verdaderos ejércitos que pueden controlar porciones de los países, con armas de última generación y una capacidad de reclutamiento sorprendente, que corrompe a nivel masivo, y pone su dinero en circuitos económicos que distorsionan cualquier

cálculo hecho por los gobiernos.

La razón de fondo para que el narcotráfico esté logrando poner en jaque a algunos de los países más fuertes de la región es que el modelo de lucha contra las drogas promovido por Estados Unidos ha fracasado. Especialmente su enfoque prohibicionista. Según el documento de los ex presidentes, hoy existen en ese país medio millón de personas encarceladas por algún crimen relacionado con las drogas, mientras en 1980 la cifra era inferior a 50.000.

Y aunque en los pasillos en Washington todo el mundo lo dice, nadie se atreve a dar un debate abierto sobre el tema. Porque un primer problema que señalan Cardoso, Gaviria y Zedillo es que hay un tabú en el debate. Bien sea por la tradición calvinista y moralista de Estados Unidos, donde se consideran las drogas como un demonio. O por razones de corrección electoral, que impiden que quienes tienen el poder de diseñar las políticas se den la 'pela' de aparecer ante la opinión como blandos ante el tema de las drogas, donde lo que tiene popularidad es ser de la línea dura. Muy a pesar de que múltiples estudios arrojan evidencias del fracaso de la política antidrogas, nadie se atreve a proponer un cambio de fondo.

Por eso el documento de los ex presidentes está dirigido sobre todo a Estados Unidos y busca que se saque del plano ideológico el debate y se ponga en el terreno de lo científico y de la salud pública. Que se construyan políticas que consideren por ejemplo las diferencias que hay entre unas drogas y otras. No es lo mismo que alguien se fume un cachito de marihuana a que sea adicto a la heroína. De ahí que ellos propongan despenalizar el consumo de marihuana, considerada una droga blanda y que de hecho es legal en muchos lugares del mundo. Como dijo Francisco Gutiérrez en su columna de El Espectador, "entre la despenalización y el prohibicionismo actual hay un terreno muy amplio para el diseño de políticas que podrían ir moviendo el horizonte hacia actitudes más sensatas".

En realidad, la tendencia en todas partes es a despenalizar. Menos en Estados Unidos. Y quién sabe si en Colombia, donde el presidente Álvaro Uribe anunció que insistirá en una ley que penalice la dosis personal.

Si se logra desmitificar el tema de las drogas, entonces se puede hacer un sano debate público y político que busque alternativas diferentes a lo que ya fracasó. Es el caso de la lucha contra los cultivos ilícitos. La relación entre lo que se ha invertido en fumigaciones y erradicación, y los logros obtenidos, es muy desalentadora no sólo para los colombianos. En Estados Unidos, el informe del año pasado de la GAO, que fue ampliamente difundido por el hoy vicepresidente, Joe Biden, reconoce que el Plan Colombia fue exitoso para fortalecer y modernizar las Fuerzas Armadas, pero inocuo para la lucha contra las drogas.

Aunque el gobierno colombiano les respondió el viernes pasado a los ex presidentes y asegura que la lucha contra las drogas no es un fracaso en Colombia porque de no haberse implementado, las instituciones hubiesen naufragado, lo cierto es que después de millones de toneladas de fumigantes, de centenas de quemas de laboratorios y miles de incautaciones, los cultivos han crecido. El balance costo-beneficio de esta lucha deja un saldo en rojo.

Por último, persiste el problema de que finalmente en el tema de las drogas, América Latina está cada vez más sola. Estados Unidos, con todo y su errática política, tiene cada vez menos interés en el problema, pues sus preocupaciones de seguridad están en Oriente Medio y en el mundo árabe. Europa maneja el tema como un asunto de salud pública, pero sin abordar el debate sobre el efecto que tiene la demanda creciente de drogas para la democracia de los países productores.

Por eso resulta más pertinente el documento de los ex presidentes. Porque aunque el problema de las drogas es global, también requiere soluciones locales, y nadie tiene más experiencia que los propios latinoamericanos sobre este tema. Y porque algo se ha aprendido en estos años. Que hay que poner a funcionar la imaginación y no copiar el modelo norteamericano, que fracasó estruendosamente.
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