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| 10/16/1989 12:00:00 AM

¿Hacia dónde va esta guerra?

SEMANA analiza los posibles desenlaces de la peor crisis que ha vivido el país.

El 18 de septiembre se cumplió exactamente un mes del asesinato de Luis Carlos Galán. En este lapso, Colombia, que había vivido todas las modalidades de violencia existentes se enfrentó a una nueva: la combinación del terrorismo psicológico con el terrorismo material, aplicados por primera vez en su historia en forma indiscriminada contra cualquier sector de la sociedad. En medio de asesinatos, bombas y atentados reales, ha habido oleadas de rumores que van desde el envenenamiento de las aguas de Bogotá hasta el secuestro de una figura política importante para intercambiarla por el hijo de Rodríguez Gacha. Durante los últimos 30 días, todas las noches los colombianos han prendido los noticieros de T.V. y todas las mañanas han abierto los periódicos buscando el muerto o la bomba del día. En este período Pablo Peláez, ex alcalde de Medellín, y media docena de celadores y transeúntes han sido las víctimas inocentes del septiembre negro. En fin, todo el mundo está a la expectativa de cuál va a ser el próximo golpe.
Pero la locura no puede ser infinita y, después de un mes, los colombianos están pasando del pánico sobre el presente a los interrogantes sobre el futuro. ¿Qué clase de guerra estamos librando? ¿Qué quiere decir ganarla y qué quiere decir perderla? ¿Hay una justificación, hay una estrategia? En fin, en pocas palabras, ¿adónde va a parar todo esto?
Para empezar, no es una guerra de territorios con bandos claramente establecidos. No es una guerra convencional, ni siquiera es una guerra subversiva como la de El Salvador. Se parece más bien a las guerras terroristas del IRA o de la ETA, con la diferencia de que, quizás nunca antes, tan pocas personas con tantos recursos para operar habían puesto en jaque a un Estado.
LA CUESTION DEL DIALOGO
La guerra había comenzado en realidad hacía años y había venido escalando sin interrupción, hasta que el asesinato de Galán, que cerró una semana de sangre, fue considerado como una declaratoria de guerra total. Galán, el hombre de más prestigio en el país en ese momento, fue asesinado no sólo para que no llegara a la Presidencia, sino como un mensaje de terror a la sociedad colombiana para presionar el diálogo.
En vísperas de ese crimen, los narcotraficantes se encontraban en una encrucijada. A pesar de ser los hombres más ricos del mundo, sus vidas no tenían ninguna perspectiva. Las épocas de oro de los Mercedes Benz, las piscinas, las mansiones y los caballos de paso habían comenzado a acabarse desde el asesinato de Rodrigo Lara. Los jefes del cartel, lejos de sus castillos y de sus zoológicos, estaban viviendo en las junglas colombianas una vida similar a la de Tirofijo y Jacobo Arenas antes de las treguas. Pero si para los guerrilleros esas eran las reglas del juego y la vida que habían escogido, para Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los Ochoa era exactamente lo contrario de lo que habían soñado. Como se veían las cosas en el momento del asesinato de Galán, el futuro no les deparaba nada distinto de la alternativa que ellos mismos habían planteado: una tumba en Colombia o una celda en Estados Unidos. En otras palabras, a Galán lo mataron no necesariamente para hacer más fácil el tráfico de estupefacientes, sino para crear un terror colectivo que pudiera hacer negociable su integración a la sociedad. Además de la famosa carta del patriarca del clan Ochoa, el propia Rodríguez Gacha demuestra, en declaraciones publicadas la semana pasada en España, que la meta del narcotráfico en la actualidad es el diálogo: "Por lo que nosotros hemos luchado es para que nos oigan. Aquí han dialogado con todos, menos con nosotros".
Pero, ¿qué quiere decir el diálogo? Al parecer, según las declaraciones de Rodríguez Gacha, la oferta es retirarse del negocio a cambio de una amnistía y la eliminación de la extradición. Muchas personas consideran que, dada la gravedad de la situación y los niveles alcanzados por el terror, esta opción no puede ser descartada. Pero, según penalistas consultados por SEMANA, el problema de fondo es que tanto los narcotraficantes como los partidarios del diálogo no involucrados en el negocio están interpretando dos problemas completamente diferentes como si fueran harina del mismo costal: el narcotráfico y el asesinato. "En el escenario hipotético de una amnistía, se podría llegar a pensar, si acaso, en el perdón y olvido de los delitos exclusivamente de narcotráfico, pero jamás en las masacres, carro-bombas y magnicidios. Y, según los expedientes de las autoridades, los que están pidiendo el diálogo no tienen en Colombia juicios por narcotráfico, sino por homicidios", le dijo a SEMANA un ex ministro de Justicia, quien agregó: "Donde tienen juicios por narcotráfico es en Estados Unidos, pero aquí no". En otras palabras, si mañana en Colombia hubiera una amnistía total para la producción, el procesamiento y la distribución de cocaína, esta no cambiaría la situación jurídica en el país, de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los Ochoa y compañía.
La posición de los narcotraficantes es la de preguntar cómo es posible que en el caso de los grupos guerrilleros ese diálogo y esa amnistía fueron factibles, cuando en 30 años de bala han matado a miles de soldados, policías y campesinos. En otras palabras, ¿por qué Carlos Pizarro, acusado de ser el autor intelectual de la toma del Palacio de Justicia, en la cual murieron 16 magistrados, y acusado de ser el autor intelectual del secuestro de Alvaro Gómez y del asesinato de uno de sus guardaespaldas, se pasea orondo por la ciudadela de Santo Domingo, da declaraciones por televisión y con su sombrero blanco figura entre los hombres más sexys para las lectoras de la revista Carrusel, mientras que los extraditables son perseguidos sin contemplación y sin posibilidad de diálogo?
La diferencia entre los dos casos tiene aspectos jurídicos, éticos y políticos. Para comenzar, la amnistía dictada en diciembre de 1982 -la más amplia que se conoce en la historia del país- cobijaba algunos delitos políticos y conexos, pero no incluía asesinato agravado, terrorismo y homicidio fuera de combate, que son precisamente los delitos por los cuales hoy se persigue al cartel de Medellín.
La amnistía cubriría principalmente muertes en combate, pero en el mundo del narcotráfico, como no hay tropas regulares no hay combates en el sentido estricto de la palabra. Por otro lado, a los guerrilleros se les reconoce un estatus político, derivado de que, independientemente de la modalidad de su lucha, las razones que los llevan a empuñar las armas son ideológicas. A los narcotraficantes, a pesar de que se han posicionado como los representantes de la extrema derecha en el país, no se les reconoce estatus político. Quienes han estudiado la cuestión afirman que la motivación del narcotráfico es el ánimo de lucro y que el componente ideológico sólo aparece como resultante de la defensa de estos intereses. Esta interpretación puede ser arbitraría si se tiene en cuenta que hoy en día hay mucho guerrillero dedicado más a perseguir el lucro que los ideales políticos. Sin embargo, los colombianos siguen otorgándole a los alzados en armas un estatus que le niegan a los narcotraficantes.
Pero, además de esto, tal vez la principal razón por la cual el Estado no considera posible ninguna negociación con los narcotraficantes, en la actualidad, es por el respeto a los mártires que han caído en esa lucha. El recuerdo de los asesinatos de Rodrigo Lara, Guillermo Cano, Jaime Pardo, Luis Carlos Galán y de docenas de jueces, policías, periodistas y políticos, despertaría una ola de indignación nacional en caso de que el gobierno aceptara sentarse en una mesa de negociaciones con los sindicados por esas muertes. Y aumentar el número de muertos y poner bombas en los bancos no va a cambiar la situación.
Si la negociación no es posible, la pregunta que sigue es: ¿para dónde va la guerra? Aquí es necesario aclarar que hay dos guerras: una contra el terrorismo y otra contra el narcotráfico. La que está librando el gobierno en este momento es contra el terrorismo. Todos los esfuerzos del Estado están encaminados a capturar a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gacha que, según el gobierno, son los principales responsables del narcoterrorismo en el país.
Para el Presidente de la República y para los generales Maza y Gómez Padilla, los Ochoa, el cartel de Cali y el resto de los narcotraficantes de Colombia están en otra categoría. Así lo demuestra la campaña de recompensas que se ha concentrado en dos personas y olvidó completamente a los demás. La lucha contra el narcotráfico puede ser importante, pero es secundaria comparada con la urgencia que tiene la lucha contra el terrorismo, y dentro del gobierno existe consenso alrededor de que si caen Escobar y Rodríguez Gacha, el narcoterrorismo se acabará. A corto plazo, los enemigos son solamente dos personas. Los primeros indicios que arroja la investigación por el asesinato de Galán llevaron a las autoridades a concluir que fue una decisión inconsulta de uno o dos de los jefes del cartel de Medellín, que tomó por sorpresa al resto de los narcotraficantes colombianos. Como los decomisos y las extradiciones cubren a todo el mundo, el gobierno tiene la esperanza de que se hayan profundizado las divisiones internas y que quienes tomaron la decisión de asesinar a Galán se encuentren hoy aislados. Entre quienes conocen cómo funcionan los carteles se afirma que son muchos los mafiosos que creen que si Escobar y Rodríguez Gacha caen, disminuirá la presión que hoy se ejerce contra todo el gremio. Aunque el ciudadano común considera que su captura es poco probable o imposible, la verdad es que el gobierno está muy optimista y cree que esa guerra si la puede ganar.

En todo caso, lo que es seguro es que la guerra contra el narcoterrorismo tiene que ser de corta duración, sea porque capturen a los responsables, porque se les acabe la dinamita, o porque simplemente para ellos no conduce a nada, cuando se ha hecho absolutamente claro que el gobierno no va a negociar. La situación actual, en consecuencia, no puede durar más de unas pocas semanas porque, a diferencia de las guerras terroristas del IRA y la ETA, no existe una motivación colectiva que la sostenga, sino un problema personal con media docena de individuos. Los extraditables, al ver que el último intento de negociación fracasó, no tienen alternativa diferente a recoger velas, en espera de que la suspensión de hostilidades por parte de ellos reduzca la intensidad de la ofensiva gubernamental, que tampoco puede ser infinita con ese grado de intensidad.
EL PROBLEMA DE LAS FINCAS
Con o sin la captura de Escobar y Rodríguez Gacha, parte del desarrollo de esta guerra dependerá de la suerte que en la Corte Suprema corran los decretos que autorizaron la extradición y los decomisos de las propiedades de los narcotraficantes.
Muchos creen que si las medidas son tumbadas por la Corte, se habrá perdido el impulso de la guerra y los narcotraficantes se apaciguarán, habiendo ganado una batalla parcial, pues si bien no habrán obtenido llegar a la mesa de negociación habrán recuperado sus tierras y habrán evitado que los envíen a Estados Unidos. Sin embargo, según fuentes gubernamentales, eso no va a suceder. El gobierno viene estudiando diferentes alternativas frente a la eventualidad de que la Corte declare inexequibles las medidas, y algunos voceros oficiales no descartan audacias jurídicas como volver a dictar los mismos decretos, no al amparo del artículo 121, el del del estado de sitio, sino del 122, el de emergencia económica. Virgilio Barco tiene la voluntad política de interpretar la Constitución y las leyes colombianas en la forma menos ortodoxa y más pragmática, hasta límites sin precedentes, con tal de que esta ofensiva no vaya a acabar en un fracaso. "Así como hasta ahora todo el santanderismo tradicional ha servido para favorecer a los narcos, haremos todo lo posible para que, por una vez, sirva para defender a la Colombia decente", afirmó a SEMANA un funcionario muy cercano al Presidente. Como en este espíritu el gobierno está apoyado por el grueso de la ciudadanía, no es imposible pensar que la Corte dicte sus fallos a la luz de ese sentimiento. Es previsible, por tanto, que mientras dure el gobierno de Barco, habrá extradiciones y habrá decomisos.
En lo que se refiere a estos últimos, la situación de las fincas ocupadas es la siguiente: cerca de 100 mil hectáreas han sido intervenidas por las autoridades; de ellas, alrededor de 20 mil hectáreas aparecen en cabeza de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez, o de testaferros ya claramente identificados, gracias a operaciones como la de las oficinas de "El Mexicano" en el centro de Bogotá, donde se encontraron listados de computador sobre sus negocios y propiedades. Además, unas 25 mil han sido ya reclamadas por personas que, según las escrituras, son sus dueños, y a pesar del espíritu draconiano del gobierno, muchos consideran que si los documentos están en regla, no habrá otro remedio que devolver esas tierras. Sobre las 50 mil hectáreas restantes, no existe mayor claridad, pero las autoridades están dispuestas a estudiar con lupa cada uno de los casos.
LA OTRA GUERRA
Extraditar narcotraficantes o lavadores de dólares, ocupar zoológicos y fincas, o, inclusive, capturar a Escobar y a Rodríguez Gacha, no va a afectar ni el desarrollo ni las dimensiones del negocio del narcotráfico. Esto lo sabe todo el mundo. Hasta el propio gobierno, que a pesar de que ha hecho grandes esfuerzos para darles golpes en ese terreno, sabe que lo que consigue es mantenerlos a raya y no erradicar el problema. Así como la guerra contra el narcoterrorismo se considera ganable, la guerra contra el narcotráfico no.
En Estados Unidos se piensa lo mismo, a pesar del lanzamiento, con bombos y platillos, del plan antidroga del presidente George Bush. Su inversión de 7.800 millones de dólares, de los cuales 65 son para Colombia, tiene como meta fundamental reducir el consumo de cocaína en su primer año de aplicación en un 10%. De los ocho millones de consumidores habituales se pasaría a 7.2 si el plan es todo un éxito. Y los esporádicos, que están en 15 millones, pasarían a 13.5. Aunque el plan resulte, esto no quiere decir que el negocio vaya a disminuir, pues simultáneamente el mercado de Europa se viene incrementando en un 20% al año. La cifra que más indica la ineficacia de los anteriores esfuerzos es el reconocimiento que hizo la semana antepasada el secretario de Defensa de Estados Unidos, Richard Chenney, de que las intercepciones e incautaciones de cargamentos de droga no han superado el 1% del total enviado a Estados Unidos.
Por razones éticas y de principios, el Estado colombiano y el Estado norteamericano se están metiendo en guerras que consideran no ganables. Así planteadas las cosas, parece que la salida que queda es convivir con el narcotráfico pero, como decía Julio César Turbay refiriéndose a la corrupción administrativa, reduciéndolo a sus justas proporciones. Por ahora se considera que la legalización es una posibilidad remota que hay que tratar de evitar a toda costa. Un consumo reducido, altamente penalizado y de alto costo, es la estrategia a mediano plazo.
El problema con esta estrategia es que satisface los requisitos de Estados Unidos, pero no los de Colombia. Allá el problema grande es de salud pública, mientras que en Colombia es de orden público. Y mientras en Estados Unidos la preocupación es la supervivencia de unos individuos, en Colombia es la supervivencia de la Nación misma. Dicho de otro modo como en Estados Unidos el conflicto es de salud y no de destrucción de sus instituciones, es debatible la salida de la legalización, pues no se sabe bien si el resultado sería mejor o peor. En Colombia, la cosa es a otro precio. Es absolutamente seguro, dado que el problema no es de consumo sino de supervivencia institucional, que la legalización no podría empeorar la situación. Esto por la sencilla razón de que ninguna situación puede ser peor que la que está viviendo el pueblo colombiano en la actualidad. No es sino que en Estados Unidos el narcotráfico produjera el asesinato de dos candidatos presidenciales, un ministro, un procurador general, 41 jueces, y que esto fuera acompañado del resquebrajamiento del sistema jurídico, la corrupción generalizada y el terrorismo, para que el tema de la legalización fuera prioritario en el orden del día. Como eso no ha sucedido, allá se pueden dar lujos que aquí ya no.
Colombia no puede a corto plazo legalizar la producción y la distribución de cocaína, pues este es un problema universal que nunca podrá ser decidido unilateralmente. Hasta que la comunidad internacional, o por lo menos Estados Unidos, no legalice el consumo, el país que lo proponga o que lo lleve a cabo queda como un paria. Pero así como no se puede legalizar el tráfico de estupefacientes sin un previo acuerdo internacional, ha llegado el momento de que Colombia asuma un papel de liderazgo en la promocion de debates a alto nivel sobre el problema. Le corresponde, simplemente, porque es el único país del mundo destruído por este flagelo. Según la revista The Economist, no es el único sino el primero, pues uno a uno otros países irán sucumbiendo a la corrupción y violencia que rodean la prohibición. Los otros países tienen todo el derecho de esperar a que llegue este momento para iniciar el debate, pero en Colombia, como el momento ya llegó, su inmediata discusión es inevitable. El problema de la droga no puede ser ilimitado. Por ahora lleva 15 años, que son dos más de lo que duró la prohibición del alcohol en Estados Unidos hasta que se dieron cuenta de que era mejor que hubiera alcohólicos a que no hubiera país. Que haya drogadictos puede ser más grave a que haya alcohólicos, pero mucho menos a que no haya país. El gangsterismo de Estados Unidos en los años 20, que llevó a la legalización del trago en 1933, nunca alcanzó el nivel de violencia al que ha llegado el de Colombia en la actualidad. Como referencia, sólo produjo una vez una masacre de siete muertos. Sin embargo, cuando se volvió evidente que la corrupción y la violencia de Chicago comenzaban a extenderse a otras ciudades, el gobierno norteamericano decidió cortar por lo sano. En este momento, Bogotá está mejor que Medellín y Nueva York mejor que Bogotá. Pero nadie está seguro de que en el futuro la situación en el resto de Colombia y en el mundo no corra la misma suerte que en Medellín. De hecho, en Estados Unidos hay ya índices dramáticos, como el aumento del 65% en un año de los crímenes asociados a la droga en Washington.
Para que los debates sobre legalización tengan seriedad y autoridad moral ante el mundo, el esfuerzo por combatir el narcotráfico no puede disminuir. La única legitimidad que puede haber eventualmente para llegar a la decisión de eliminar la prohibición es el reconocimiento de que todos trataron y de que nada sirvió. Esto es más o menos lo que ha pasado hasta ahora, pues contrario a lo que se cree en Estados Unidos, los gobiernos colombianos no arremetieron contra los narcos a raíz de la muerte de Galán, sino mucho antes. Si un esfuerzo de esta intensidad, combinado con un esfuerzo de análoga intensidad en los países consumidores, no cambia la situación de aquí al año 2000, sería absurdo iniciar un nuevo siglo cargando a cuestas el problema que bañó de sangre el final del anterior.

Los dirigentes nacionales que están hablando en estos términos en todos los almuerzos, deberían comenzar a decir lo mismo en público. El único candidato a la Presidencia hasta la fecha que ha insinuado que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, es Ernesto Samper, quien en forma muy sutil abrió una puerta afirmando: "Las decisiones unilaterales para un problema multilateral no son efectivas. Es necesario la creación de una comisión de alto nivel, bilateral, que reexamine a fondo el fenómeno en sus distintas etapas de producción, distribución, financiación y consumo de la droga; que establezca las respectivas responsabilidades y las estrategias de control y prevención en cada una de ellas. El desarrollo de esta guerra no puede mirarse aisladamente del contexto económico, social y político de nuestros países". Lo que hay detrás de estas palabras puede sonar muy audaz e inclusive inoportunas si se tiene en cuenta el ambiente que reina en el país después del asesinato de Galán. Pero una cosa hay que tener en cuenta: si en el año 2000 el mundo llega a la conclusión de que todos los esfuerzos han sido inútiles y que la legalización es necesaria, el tema no puede ser nuevo. Tendría que haberse estudiado durante muchos años no por grupos minoritarios que hoy son considerados de la franja lunática, sino por los líderes de los países afectados. Por tanto, para que en el siglo XXI haya alguna conclusión clara en cualquier sentido, el debate debe comenzar desde hoy.-

"El Mexicano" en Interviú

La revista Interviú reprodujo la semana pasada una entrevista realizada por un periodista colombiano con Gonzalo Rodríguez Gacha, "El Mexicano". Por considerar algunos apartes de interés para sus lectores, SEMANA los reproduce.
- Aquí han dialogado con todo el mundo menos con nosotros. Ahora yo le cuento una cosa. En este país nosotros ya no tenemos nada que perder. Lo que teníamos nos lo quitaron. Pues muy sencillo: si nosotros no tenemos nada, nadie tiene derecho a tener nada. Entonces vamos a ver hasta dónde quedamos.
- Los jueces son personal que ampliamente son comunistas. Ellos siempre se prestan para condenarlo a uno, dictarle auto de detención y de nada les sirven los códigos. Pues si nos van a matar, pues digan y que nos maten de una vez.
- Nosotros tenemos unas fincas muy bonitas y muy bien organizadas. Pero no nos han quitado el negocio de la coca ni nos han quitado los dólares ...
- A nosotros no pueden arrinconarnos, pueden dar una ofensiva de un año, de dos años, pero, olvidese, nosotros en cualquier momento le hacemos la maldad.
- A nosotros nos han atropellado con los jueces. Hoy en día a un juez le ofrecen un consulado o una embajada para que lo condenen a uno.
- Lo que nos han quitado es lo que no da nada. Qué son fincas, Land Rover. El negocio de nosotros es la coca. Pero ellos no han cogido la coca.
- Bendito sea Dios, es que no hay mejor mercado que el de los gringos. Y ellos se enojan con nosotros.
- Nosotros lo que queremos es dialogar, lo que queremos es paz. Es que no queremos más. Vea, nosotros tenemos más que perder en este país que todos.
- El Ejército es el pueblo, la Policía es el pueblo. Y ellos saben que lo que nosotros les damos es platica. Mientras que el Estado les da una o dos condecoraciones, nosotros les damos plata.
- Cuando termine la ofensiva del Gobierno, veremos quiénes quedamos; porque yo no puedo decir si quedaré o no en esta ofensiva.
- Si a uno lo quieren matar, uno lucha; por eso es que estamos luchando. Léase el libro de Simón Bolívar. ¿Cómo le tocó a él? A él le tocó muy duro, todo el mundo que ha triunfado en la vida le ha tocado muy duro.
- Si esta plata la tuvieran las cinco familias ricas de este país, no la mirarían mal. Pero como la tiene un campesino, un muchacho que no tiene buena familia por ser hijo de una familia humilde, entonces es una plata mal conquistada y es una plata mala.
- Me siento muy realizado porque lo que he querido lo he alcanzado. Y he luchado por un pueblo, aunque nadie lo crea, porque alrededor mío hay mucha gente. Y la gente mía se siente orgullosa de mí y yo me siento orgulloso de mi gente. Trabajamos por una causa, luchamos por esa causa y todo el mundo nos defendemos, todo el mundo nos ayudamos y todo el mundo vamos a ver si salimos adelante. Esta es una situación muy delicada, pero la guerra está casada.
- Nosotros estamos unidos. Los únicos que no están unidos a nosotros son cuatro de Cali, son un grupo minoritario de Cali, pero el resto de caleños están con nosotros. Los dos los carteles están con nosotros.
- Si no fuera por el narcotráfico en Colombia, hubiéramos tenido una guerra civil hace unos cinco años. Usted sabe que los políticos aquí no se preocupan sino por ver qué se roban y que se llevan.
- En este momento le toca al gobierno: que proponga lo que hay que hacer. Nosotros hacemos propuestas: entregar los laboratorios y dejar de trabajar .
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