Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1996/12/30 00:00

HACIA UNA DEMOCRACIA ECONOMICA

En su libro "la hora de la clase media", recien públicado, Juan Alfredo Pinto, ex presidente de Acopi, propone las bases de un proyecto político alternativo para Colombia. SEMANA presenta apartes del capítulo que formula los fundamentos de una democracia

HACIA UNA DEMOCRACIA ECONOMICA

Si se pretende crear un esquemasocial participativo y democrático, es necesario garantizar unas condiciones económicas que lo favorezcan y lo promuevan. Sin embargo, ellas son imposibles dentro de estructuras excluyentes, marginantes en las cuales el poder de opción y de decisiónsea prerrogativa de un estrecho círculo.
En materia económica, el contexto internacional posee un papel determinante. Implica eliminar presiones externas ejercidas por Estados más fuertes, que pretendan encasillarnos y limitar nuestra capacidad de opción; constituyen parte de estas acciones todas las formas de discriminación en el comercio internacional, las prácticas lesivas a la competencia (como el dumping, el manejo monopólico en los precios y suministros de las materias primas, los equipos o la tecnología) o la utilización del crédito como herramienta de presión para el logro de sus objetivos políticos y económicos particulares. En la conformación tripolar del mundo actual, es fundamental reconstruir las relaciones de Colombia con Estados Unidos, abandonando posiciones elementales y favoreciendo lo que debe ser un nuevo panamericanismo. Sobre presupuestos éticos y con el mutuo respeto, debemos avanzar hacia la integración continental, estimulando una amistosa relación con una nación y con un pueblo que poco a poco comprenden mejor su responsabilidad con las Américas.
La misma libertad de opción, de participación y de ejercicio de la iniciativa individual en el campo económico, es preciso buscarla dentro de nuestro propio medio, para lo cual es imperativo remover todos aquellos obstáculos que impiden la generación de un espacio económico transparente y competitivo.
La concentración de la economía, la conformación de grupos económicos con capacidad de manipular los mecanismos del mercado y ponerlos al exclusivo servicio de sus intereses particulares son, evidentemente, elementos neurálgicos que atentan contra la posibilidad de participación libre y competitiva en la vida económica.
Hablar de controles a la concentración del poder económico y a los monopolios, es esencial enfatizarlo, no significa atacar la gran empresa. Esta es imprescindible en muchos sectores que, como las industrias básicas, demandan enormes inversiones en capital y tecnología, las cuales sólo son económicamente viables en establecimientos de gran escala. Pero esto no significa permanecer indiferentes cuando a través de múltiples conductas o acuerdos, pretendan eliminar a competidores independientes con el fin de consolidarse como monopolios; apoderarse excluyentemente de los mercados y determinar de modo arbitrario precios, calidad u otras condiciones económicas.
En paralelo con lo señalado en el párrafo anterior, propugnar por la desconcentración del poder económico, no significa, necesariamente, pretender un tratamiento especial o privilegiado para algún sector. Lo que debe buscarse, entonces, es un espacio para todos bajo el sol.
Aun cuando en términos teórico-formales suele aceptarse que monopolio y libre empresa son realidades contradictorias, la verdad es que el monopolio, per se, no es ni bueno ni malo. Será lo uno o lo otro, según su desempeño específicamente considerado; en la medida en que el poder del monopolio se ejerza en perjuicio de la comunidad o en detrimento ilícito de la posibilidad para otros de competir en los mercados. En todo caso, un problema fundamental, que llega a afrontar una economía monopolista u oligopolista como la nuestra es el efecto negativo que las prácticas anticompetitivas generan en la relación entre eficiencia económica y poder económico.
Principalmente dos recursos han sabido usarse en diferentes países para atenuar la concentración económica, los monopolios y las prácticas anticompetitivas ejercidas por estos: la política económica y la legislación.
Respecto de tales recursos, afirman algunos que en el curso de su historia en diversos países, han revelado más espectacularidad que eficiencia ya que, a pesar de sus intenciones y fuerza formal, no han logrado evitar modernas manifestaciones de concentración económica. Consideran que política económica y legislación anticoncentracionista son inútiles para evitar hechos que son irreversibles.

Estas opiniones confunden la conveniencia y necesidad de controlar los desvíos, los excesos, las prácticas dañinas y restrictivas de la iniciativa empresarial con la efectividad concreta de diversos recursos para destruir todas las expresiones de concentración; algunas de las cuales son inevitables, algunas veces positivas y, en todo caso, consustanciales al sistema de empresa privada.
Política y legislación antimonopolios deben ser tenidas como herramientas de fortalecimiento de la iniciativa empresarial; como instrumentos a utilizar por el Estado, que, respetando la seguridad jurídica de los individuos y las empresas, concurran a lograr propósitos de bienestar general y a potenciar todas las fuerzas económicas del país, admitiendo como legítima la competencia agresiva pero eficiente.
Por otro lado, la democratización de la economía pasa por un profundo examen de la organización y funcionamiento del sector financiero. El vigente no facilita la movilización del ahorro y tiende a promover la actividad empresarial siempre al interior de círculos económicos muy cerrados. La conformación de grupos financieros no ha significado, en nuestro país, la consolidación de una actividad dinámica y eficiente sino la concentración de privilegios. Los empresarios no vinculados a grupos económicos deben afrontar desfinanciación y alta dependencia del ahorro a corto plazo.
La competencia internacional es fundamental para que el sector financiero colombiano reduzca costos administrativos, incorpore tecnología avanzada y maneje márgenes comparables a los de otros países con similar nivel de desarrollo. Si queremos detener el proceso de desindustrialización y permitir el acceso de los grupos bajos e intermedios a la vivienda y a otros bienes de consumo durables, hemos de colocar competidores reales al sistema financiero tradicional y adoptar las medidas complementarias para despojarnos del poco honroso título de contar con un costo del dinero que está entre los más altos del mundo. La hipótesis según la cual la tasa de interés alta por sí misma favorece la formación de ahorro es insuficiente. Para alcanzar las tasas de ahorro que Colombia requiere, no hay mejor fórmula que la capitalización social y ésta se asegura a través de la adecuada articulación entre sector financiero y sector productivo.
La satisfacción de intereses de carácter general puede justificar, en algunos casos, que el Estado adquiera la condición de empresario, ello no justifica que termine ejerciendo privilegios que a la postre ocultan su ineficiencia. El Estado productor de bienes o proveedor de servicios debe, también, estar en capacidad de afrontar, airosamente, la competencia de los empresarios particulares. Un análisis objetivo de la relación costobeneficio, tanto económico como social, debe presidir la acción del Estado-empresario. Y cuando se llegue a la conclusión de que en determinados casos la participación estatal en la producción no cumpla con tales requerimientos, deben crearse mecanismos para que las transferencias de tales inversiones al sector privado no agudicen la actual concentración económica, sino que brinden oportunidades a nuevos sectores no monopólicos del capital. Esto es igualmente válido en aquellos casos en que la empresa se privatiza en un ciento por ciento, como en casos que permitan inversiones conjuntas (o empresas mixtas), o también en aquellos casos en que la entidad pública se desprenda de 'departamentos' productivos que funcionan a su interior (caso de las imprentas en entidades estatales, por ejemplo).
Si bien el país dispone de una legislación antimonopólica formalmente bien concebida, se requiere su ajuste a las nuevas condiciones del proceso económico, y más todavía de la decisión política que es preciso reclamar para su efectiva aplicación.
En esta dirección es indispensable efectuar una revisión de las distintas normas vigentes; examinar su eficacia frente a nuevas formas de concentración y abuso de la posición monopólica en los mercados; evaluar los procedimientos e instancias de control establecidas, reforzar su posibilidad de aplicación a las empresas del Estado, analizar la efectividad de los procedimientos e instancias de control e incorporar su aplicación a la concepción y ejercicio de la política económica general y sectorial.

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