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| 6/25/2014 12:00:00 AM

Hallazgo fiscal al contrato de semaforización de Bogotá

Así lo aseguró la Contraloría Distrital, con respecto de la Unión Temporal Módulos LEDS.

El mayo pasado, Semana.com publicó una extensa investigación sobre las posibles irregularidades en un millonario contrato entregado por la Secretaría de Movilidad a la Unión Temporal Módulos LEDS Bogotá, para cambiar los bombillos a 26.625 semáforos de la ciudad por un costo de 6.000 millones de pesos.

En la investigación publicó que el Concejo de Bogotá y los organismos de control cuestionaban que Petro hubiera intentado revivir ese contrato en el 2013, el cual había sido liquidado por incumplimiento en el 2012. Este miércoles, la Contraloría de Bogotá divulgó un informe de auditoría gubernamental, en el cual señala algunas irregularidades en las que habría incurrido el Distrito por revivir la contratación.

Uno de los señalamientos, es que el interventor del contrato –la Universidad Distrital-, a través de unas pruebas técnicas descubrió que había fallas por el apagado de algunas líneas e intermitencia de los módulos LED de color verde, lo cual hacía técnicamente y jurídicamente inviable la contratación y continuidad de la misma, según el documento.

Otra de las irregularidades que encontró, es que el contrato de transacción que celebraron con el objeto: "resolver de forma definitiva las controversias suscitadas del contrato y revocar los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista”, está sin número de identificación y no tiene un argumento válido para prorrogarlo. 

El contralor distrital, Diego Ardila, le dijo a Semana.com que el Distrito no debió hacer prorroga sino abrir un nuevo proceso licitatorio. “Además de abrir un nuevo proceso licitatorio debió hacerlo con otra tecnología, ese contrato es del 2012 y en algo sí debió cambiar la tecnología. Con esta seguimos atrasados”.

Esta 'movida' ya está bajo el escrutinio de las autoridades. En primer lugar, la Procuraduría General de la Nación instauró una acción popular contra el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, con el fin de suspender un contrato que el mandatario local intentó revivir en el 2013 y que había sido liquidado por incumplimiento en el 2012. 

Segundo, la concejala por el Partido de la U Sandra Jaramillo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el saliente secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción, en relación con el mismo proceso.

Ahora, la última palabra la tiene la Contraloría Distrital, que deberá pronunciarse sobre las acciones que tomará para frenar la contratación. El Distrito deberá responder.
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